El nuevo desafío de Artur Mas subraya la urgencia de que el Gobierno tome de una vez la iniciativa

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, enterró ayer la “consulta” independentista del 9-N (un referéndum embozado) y lanzó otro sucedáneo, un “proceso participativo”, con urnas, en edificios públicos y en igual fecha. Con este doble movimiento, encajaba una derrota, al tiempo que lanzaba un nuevo desafío. Que exige del Gobierno respuestas no únicamente legales, sino también políticas, proporcionadas y beneficiosas para los ciudadanos catalanes y para los españoles.

El desahucio de la consulta implica una derrota porque Mas empeñó su prestigio en ella, prometiéndola mil veces; porque desarbola el argumento de que bastaba la voluntad política y una ley elaborada exprofeso; y porque el desenlace traduce una notoria fractura de la unidad de los partidos soberanistas. Algo que se elevó a categoría solemne, aunque se trate de una unidad de solo una parte del espectro político catalán: esta parte es la que ahora viene a exhibir grietas profundas.

El desafío de la nueva convocatoria es múltiple. Por un lado, incomodará a muchos catalanes —nacionalistas incluidos— por su débil diseño, inquietantemente frívolo; por su escasísimo encaje en la propia legislación catalana; por su confesado carácter electoralista, al asociarse a un adelanto de los comicios autonómicos. En suma, por la precariedad, si no ausencia, de las garantías democráticas inherentes a estos procesos, y prometidas por el president.

Por otro, su aparente radicalidad y su tono heroico buscan arrastrar a Esquerra al verdadero envite: componer unas listas comunes para unas elecciones de presunto carácter plebiscitario. Hasta el momento topa con el empeño de Oriol Junqueras en que el programa incluya una declaración unilateral de independencia estilo Kosovo. Pero unas elecciones así ni son elecciones ni son referéndum: acumulan, para los electores, las desventajas de ambos.

En este ambiente desmadejado, caótico y de confusión deliberada, convendrá contextualizar algunas exageraciones y exabruptos del líder convergente. No es la menor calificar reiteradamente de “adversario” al Estado del que él es el, jurídica y políticamente, máximo representante ordinario en Cataluña.

¿Qué consigue con ello? ¿Atizar fricciones, azuzar inquinas? Nosotros creemos que deben evitarse, porque bajo tal retórica existen ciudadanos respetables, creyentes de buena fe en la opción secesionista; y a estos no hay que convertirlos en enemigos de los demás ciudadanos. Deben evitarse las fricciones, porque de todo este laberinto solo se saldrá de forma constructiva, por complicidad pactada y no por enemistad artificiosa. Razón tenía el escocés Alex Salmond cuando criticaba a su colega catalán por intentar la separación en confrontación con España, en lugar de en acuerdo, como él pretendió con Reino Unido: sea constructivo, le aconsejaba en vano.

Entre una indiferencia que avalase el desafío, multiplicándolo, y una respuesta radical, desproporcionada, el Gobierno, y las otras fuerzas políticas, empezando por el PSOE, disponen de un estrecho sendero intermedio. Por supuesto que deben defender la legalidad, pero eso se evidencia, cada día más, como un expediente insuficiente: urge la política.

Si muchos catalanes no han roto aún su contrato con el soberanismo, pese a la fragilidad de sus planteamientos y a la aparente insurgencia de sus actitudes, es porque este insiste, tozudo, en un deseo generalizado de sus ciudadanos: votar. El asunto solo se resolverá votando, y de forma responsable e inatacable, legal y pactada. El cómo, el cuándo, el objeto, el recuento y la homologación de ese voto, todo eso corresponderá al ámbito del acuerdo político. O el Gobierno de España, por más que le cueste, toma la iniciativa en este terreno, o se verá también arrastrado por las incoherencias de los visionarismos más disparatados.