EDITORIAL
Si Rajoy no cree en la reforma constitucional, debe explicar su alternativa para salir del callejón
A la cabeza de los objetivos de la sociedad española debería situarse la recuperación de la confianza en las instituciones de la democracia. Hay que dar respuestas a los sufrimientos sociales, al malestar de la gente con la corrupción y al grave problema que representa la crisis territorial. Salir de la espiral de la desconfianza exige que el jefe del Gobierno y su equipo planteen una estrategia. Hoy por hoy no hay evidencia de que la tengan. Rajoy está cada día más ausente y el Gobierno es cada día más invisible. Faltan ideas y no existen atisbos de que estas vayan a llegar, en un clima que, cuando queda todavía un año de mandato, parece ya de elecciones anticipadas. Para evitarlas, el Ejecutivo debe ofrecer de inmediato soluciones para los graves problemas que el país enfrenta.
Lo más acuciante es la agudización del conflicto en Cataluña. El independentismo ha demostrado su capacidad de actuar como una potente minoría, socialmente bien organizada y políticamente imbricada en las instituciones de su comunidad. Quien encabeza el Gobierno de España ha dejado pasar demasiado tiempo y ahora se encuentra entre la espada y la pared. La consumación del 9-N —por irregulares que fueran las votaciones— le ha llevado al intento de criminalizar a las principales autoridades de Cataluña, mientras sectores de la derecha presionan para que reafirme el nacionalismo español. Pese a todo, sigue siendo cierto que no hay más salida que el diálogo y la negociación.
Cuando, hace tres años, Rajoy obtuvo la más grande mayoría absoluta de la que ha dispuesto el PP, empezaba a quedar claro que la crisis económica se estaba transformando en crisis política. El presidente y su partido prefirieron disociar ambos problemas, apelando reiteradamente a no distraerse de lo esencial, la economía. Concentrado en esa gestión, el jefe del Ejecutivo se ha guardado de intentar reformas en el agrietado edificio institucional. El paso del tiempo confirma el error: ocho de cada diez españoles consideran mala o muy mala la situación política, según el CIS.
Por supuesto que el partido gobernante no es el único afectado por la corrupción, pero sufre gravemente de ello. Una política enérgica de correcciones tropieza con el miedo a cambiar procedimientos que vienen de antiguo y que ayudan tanto a la financiación irregular de los partidos como a enriquecimientos personales. Las reformas “de regeneración” anunciadas resultan muy cortas para hacer frente a un problema sistémico, y Rajoy tiene que plantear algo mucho más creíble y contundente en su comparecencia parlamentaria del 27 de noviembre.
En todo caso, los españoles valoran la persistencia de un paro elevado como el mayor de los problemas, sin duda unido a la precariedad en las condiciones de vida de partes nada desdeñables de la población. Rajoy pide que se respete su labor de “siembra” en el terreno de las reformas económicas, consciente de que la cosecha no está madura. Pero es frágil la posibilidad de que dé frutos tan abundantes como para hacerse perdonar otras carencias.
El presidente, que ha apelado a la necesidad de luchar contra el fatalismo, tiene margen político de maniobra porque conserva la autoridad sobre su grupo parlamentario. Pero se lo resta el hecho de actuar también como máximo responsable del Partido Popular, que se va a jugar su poder institucional en 2015. Eso le forzará a dedicarse a los arbitrajes internos, dado el presidencialismo inherente a esta fuerza política.
Aún así, su principal responsabilidad tiene que ser afrontar los problemas de España, es decir, todo lo que tiene que ver con la desvitalización de la política institucional y representativa, de la que el PP es en parte responsable. Por eso, si el presidente no cree en la reforma de la Constitución que otros sugieren, debería decir en qué cree.