- CEPS aboga por implantar los presupuestos participativos o la auditoría de la deuda
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Íñigo Errejón, en un acto en Sevilla. / PACO PUENTES
La fundación española Centro de Estudios Políticos y Sociales(CEPS), que trabajó con el Gobierno de Hugo Chávez en Venezuela y al que pertenece la cúpula de Podemos, dice haber cancelado "a inicios de 2014" su colaboración con Caracas debido, entre otras razones, a los "abusos" en "la represión de manifestaciones" de la oposición, según Fabiola Meco, vicepresidenta de la entidad.
Esa ruptura no impide a sus miembros defender lo que consideran los logros del régimen venezolano. Tras una década centrada en América Latina, la fundación ha reorientado su actividad hacia España, donde creen que la crisis ha hecho a la sociedad más receptiva a los ideales chavistas.
CEPS nació a mediados de los años 90 como asociación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. La integraban una decena de profesores y alumnos de izquierdas "con voluntad de articular un pensamiento crítico tras la caída del muro de Berlín", explica Meco, que da clases de Derecho Civil. Aún faltaban muchos años para que se incorporasen nombres conocidos de Podemos como el de su líder, Pablo Iglesias, o los de Íñigo Errejón, Luis Alegre y Alberto Montero, que hoy son miembros de la junta directiva de CEPS, según información pública en su sitio web.
CEPS llegó a tener un despacho en el Palacio de Miraflores, sede de la presidencia venezolana. En los años de Chávez esa oficina fue clave para labrarse una reputación que le abrió las puertas de otros países con Gobiernos bolivarianos. Miembros de CEPS participaron en los procesos constituyentes en Venezuela, Bolivia y Ecuador. También ha trabajado en Perú, Guatemala, El Salvador, Colombia, Chile y Paraguay.
En realidad, CEPS llegó a Venezuela antes de que Chávez ganara las elecciones presidenciales en diciembre de 1998. "Estuvimos desde el principio y creo que eso hizo que después se confiara en el grupo", afirma Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional y antiguo miembro de CEPS.
Antes de la victoria chavista, los profesores españoles participaron en jornadas sobre el proceso constituyente y trabaron relación "con personas que después llegaron a ser ministros", añade Flores. El gran salto llegó dos años después cuando "a CEPS le ofrecen incorporarse digamos al Gobierno, a Miraflores" mediante "una especie de oficina técnica de asesoramiento". Flores abandonó entonces la fundación. "Pensaba que si CEPS se incorporaba al Gobierno tendría que apoyar al Gobierno y perdería parte de su autonomía", dice, mientras la mayoría de miembros defendió que para "apoyar" el proceso "era más útil trabajar dentro".
El paso a Latinoamérica llevó a CEPS a transformarse en fundación y a crecer con especialistas de otras disciplinas hasta alcanzar 300 miembros. En la apuesta pesó la atracción que les generaba, "como activistas", "lo que estaba sucediendo allí", dice Adoración Guamán, miembro de la dirección de CEPS y profesora de Derecho del Trabajo.
El manifiesto de la fundación establece como "aspiraciones" de CEPS "la democracia y el socialismo".
La fundación recibió varios años la mayoría de sus ingresos de Venezuela. Hoy, la vicepresidenta de CEPS critica al Gobierno de Nicolás Maduro por la represión de las manifestaciones y la "falta de independencia judicial". Y censura las "erráticas políticas económicas" y el "exceso de protagonismo del Estado en la economía". Aun así, ella y Guamán e incluso Flores, cuyo distanciamiento se produjo hace más de una década, acompañan esas críticas con grandes reproches a la oposición venezolana. Y también a España, que Guamán describe como una "democracia demediada absolutamente imperfecta".
"No hay recetas exportables", dicen. Pero ven aprovechables en España elementos como la "constitucionalización fuerte de los derechos sociales" dándoles "aplicabilidad y efectividad". Los procesos constituyentes, como vía "para la reformulación de las bases de una sociedad". Y los presupuestos participativos, la auditoría de la deuda, la posibilidad de revocar cargos electos a mitad de mandato o la "ratificación popular de las reformas constitucionales".
Ideas que "no son nuevas" pero que la crisis y lo que Guamán llama la caída "del velo de la comodidad del consumismo", hacen en su opinión que ahora estén "calando en las mayorías sociales" de España.