Hay silencios que pesan más que cualquier discurso. El de Huelva, durante el funeral por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz, fue uno de ellos. Un silencio espeso, contenido, atravesado por el dolor de las familias, pero también por una pregunta que nadie formuló en voz alta y que, sin embargo, flotaba en el aire como un reproche colectivo: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
El Palacio de Deportes Carolina Marín en Huelva se convirtió el 29 de enero en un improvisado templo de duelo y dignidad. Más de 5.000 personas, 336 familiares en primera fila y los Reyes presidiendo una misa diocesana que no era el homenaje de Estado planeado, pero que terminó siéndolo todo: el rito colectivo de una nación conmocionada por la peor tragedia de la alta velocidad en su historia. Allí, en medio del incienso y las coronas, Liliana Sáez de la Torre pronunció palabras que no solo condensaron el dolor de 45 familias, sino que elevaron el listón ético de un país entero: «Somos las 45 familias que cambiarían todo el oro de este mundo por poder mover las agujas del reloj tan solo 20 segundos (…). Lucharemos para que nunca haya otro tren». Esa frase, nacida del abismo, es la gran lección del funeral de Huelva: el duelo no absuelve, sino que exige. No consuela en abstracto, sino que reclama verdad, responsabilidades y reformas. En un momento en que las instituciones parecían atrapadas en protocolos vacíos, las víctimas tomaron la palabra y nos enseñaron que la verdadera reparación nace de abajo, no de los balcones oficiales.
La tragedia no fue solo numérica. Golpeó en el corazón de la España rural y periurbana, esa que viaja en tren porque el AVE no llega a sus pueblos despoblados. Castilla-La Mancha, mi región, vio cómo el hilo invisible de las conexiones regionales se rompía, exponiendo la brecha entre el discurso de «unidad territorial» y la realidad de vías sin electrificar, como la Madrid-Cuenca-Valencia que tanto defiendo en estas páginas. Adamuz no es un accidente aislado; es el síntoma de un modelo ferroviario que prioriza velocidades récord sobre seguridad cotidiana, dejando a las regiones olvidadas en la era del hiperprogreso.
El país respondió con el ritual habitual: declaraciones institucionales, promesas de informes y minutos de silencio. Pero las familias, desde el primer día, rechazaron el guion. Pidieron que el duelo fuera en Huelva, no en Madrid; que fuera íntimo, no protocolario. Y cuando el Gobierno y la Junta fijaron el homenaje de Estado para el 31 de enero, 45 voces unísonas dijeron no.
La versión oficial es impecable en su empatía: «Queremos contar con el mayor número posible de familiares», repitieron portavoces. Pero entre líneas, y en fuentes no oficiales, asoma la verdad cruda, un rechazo frontal a compartir espacio con los responsables políticos. Algunas familias tildaron de «asesinos» a ministros y consejeros, negándose a posar para la foto de la unidad nacional mientras las cajas negras duermen en laboratorios y las responsabilidades flotan en el aire. No era logística; era política. Un portazo al teatro institucional que obligó a reescribir el libreto.
En su lugar, la diócesis de Huelva organizó una misa el 28, que creció hasta el 29 en el Carolina Marín. Sin fecha fija para el Estado, ese acto privado devino público: 5.000 onubenses, velas en la pista central, los Reyes en primera fila junto a familias que no querían reyes ni protocolos, solo verdad. Adamuz tuvo su funeral el 25; Huelva, su vigilia el 24. El mapa del duelo se fragmentó, y en esa fragmentación radica la lección: las víctimas no esperan permiso para honrar a sus muertos.
Liliana Sáez, que perdió a su madre en el tren, tomó el micrófono en la homilía. Su voz, quebrada pero firme, desarmó el consuelo eclesiástico y lo convirtió en manifiesto. «Somos las 45 familias que cambiarían todo el oro (…) por 20 segundos». Humanizó la estadística: no 45 muertos, sino 45 mundos rotos. Y luego, el giro: «Lucharemos por saber la verdad. Lucharemos para que nunca haya otro tren».
No hay regeneración de época; era razón. Desplazó el foco del luto abstracto a la exigencia concreta: memoria (qué falló), verdad (quién falló), justicia (quién paga), reparación (qué cambia). En un país donde los accidentes se archivan con informes polvorientos —recuérdese Angrois 2013—, las familias de Adamuz nos recordaron que el duelo sin accountability es complicidad.
Esa «gran lección» trasciende Huelva. Es cívica: la sociedad, organizada en torno al dolor, eleva el estándar ético por encima de las instituciones. Es política: el funeral, pensado como consuelo privado, devino acto público de rendición de cuentas. Y es moral: la fe no evade la responsabilidad; la sostiene mientras se exige investigación rigurosa.
Contrastemos. El Gobierno central prometió «todas las luces» sobre el accidente, pero la comisión investigadora duerme en el Congreso. Adif habla de «señalización impecable», mientras las familias piden las grabaciones de la torre de control. La Junta de Andalucía, con competencias en vías convencionales, activa planes de emergencia tardíos. Y la Casa Real, impecable en su presencia, no puede suplir el vacío político.
El aplazamiento del homenaje evidencia el cortocircuito: las instituciones diseñan ritos para sí mismas, no para las víctimas.
En Castilla-La Mancha, donde luchamos por reabrir Madrid-Cuenca-Valencia, esta tragedia amplifica nuestra voz. ¿Cuántos trenes regionales corren por vías sin duplicar, sin sensores modernos? Adamuz nos interpela: la alta velocidad es vanidad si las líneas convencionales matan por negligencia.
Algunos dirán que las familias «politizan» el duelo. Esto es falso, porque son las instituciones las que lo estatizan. Otros alegan «imposibilidad técnica», que tiene respuesta, y está en el hecho de que España tiene la tecnología; pero falta voluntad. Angrois tardó 12 años en informes; Adamuz no puede esperar. La lección no es venganza, sino prevención. Exigir responsabilidades no divide, sino que une en la justicia.
El comportamiento de las familias y de la ciudad durante las honras fúnebres fue un ejemplo de temple y respeto. En una era de sobreexposición, el funeral se vivió con una solemnidad que recordó la importancia de respetar el silencio y el espacio del dolor ajeno, convirtiendo la tragedia en un momento de reflexión profunda para toda la provincia.
- «El vacío que dejan no se llena con palabras, sino con el recuerdo de la unión que provocaron en su despedida.»
Es un recordatorio de que, aunque la vida sea incierta, la calidad humana de una comunidad se mide por cómo sostiene a los suyos cuando caen.
El silencio de Huelva
El funeral fue solemne, respetuoso, multitudinario. Con los Reyes en primera fila, con autoridades de todos los niveles, con símbolos cuidadosamente elegidos y palabras medidas al milímetro. No era un funeral de Estado, pero lo parecía. Y quizá por eso resultó tan elocuente. Porque cuando el protocolo se despliega con tanta precisión, conviene preguntarse qué se intenta cerrar y qué se intenta dejar fuera del foco.
Las familias pidieron serenidad, pero también verdad. No hubo gritos, no hubo reproches explícitos, no hubo consignas. Hubo lágrimas. Y hubo una dignidad que interpela más que cualquier pancarta. En un país acostumbrado a que el ruido lo devore todo, ese silencio fue una acusación.
El funeral de Huelva fue, en ese sentido, un acto de cierre simbólico que llega demasiado pronto. Porque el duelo necesita rituales, sí, pero la democracia necesita explicaciones. Y estas aún no han llegado. O no lo han hecho con la claridad, la transparencia y la humildad que exige una tragedia de esta magnitud.
Mientras se elevaban las oraciones y sonaba la música sacra, muchos pensaban en los informes técnicos, en las soldaduras, en las vías, en los presupuestos que no se ejecutan y en los que se anuncian sin respaldo real. Pensaban, también, en cuántas veces se ha advertido del deterioro del sistema ferroviario convencional, del envejecimiento de infraestructuras críticas y de la peligrosa confianza en que “nunca pasa nada”. Hasta que pasa.
El problema no es solo el accidente. El problema es el contexto. Un país que presume de alta velocidad mientras descuida la seguridad silenciosa. Un Estado que comunica éxitos y minimiza alertas. Una política que se defiende antes de escuchar. Y una ciudadanía que, a fuerza de tragedias, empieza a normalizar lo que jamás debería ser normal.
Huelva fue el escenario del duelo, pero también del contraste. La solemnidad del acto frente a la precariedad de muchas respuestas. El recogimiento institucional frente a la sensación de que, una vez apagadas las cámaras, comenzará la batalla habitual: la del relato, la de las culpas difusas, la del “no fue exactamente así”.
Por eso el funeral no debería ser el final de nada. Debería ser el principio. El principio de una investigación sin cortinas de humo, sin tiempos políticos, sin trincheras partidistas. El principio de una revisión honesta de cómo se gestiona la seguridad ferroviaria en España. Y, sobre todo, el principio de una forma distinta de asumir responsabilidades, que no se limite a resistir hasta que la actualidad cambie de tema.
Las víctimas de Adamuz no eran cifras. No eran daños colaterales del progreso. Eran personas que confiaron en un sistema público que debía protegerlas. El respeto que se les mostró en Huelva solo será completo si ese mismo respeto se traduce en verdad, en cambios y en garantías reales de que algo así no volverá a ocurrir.
El silencio de Huelva fue conmovedor. Pero no puede convertirse en silencio administrativo. No puede ser el prólogo del olvido. Porque cuando el país vuelve a la normalidad demasiado rápido, es que algo no se ha aprendido.
Y España, a juzgar por su historia reciente, ya no puede permitirse seguir aprendiendo a costa de funerales.