Hay políticos que cambian territorios. Y hay dirigentes que los dejan morir sin ruido. En Castilla-La Mancha, y con especial impacto en Cuenca, José Luis Martínez Guijarro ha encarnado durante años un modelo de poder que administra la resistencia al cambio más que la transformación real.
El título de vicepresidente rural puede sonar atractivo en un despacho de Toledo. En la práctica, para Cuenca ha significado un constante aplazamiento de decisiones estructurales frente a una tragedia demográfica que no admite paciencia: desde 2010, la provincia ha perdido más de un 5 % de su población y decenas de municipios retroceden hacia el semirretiro demográfico.
Mientras Madrid, Zaragoza y varias capitales españolas activan políticas de atracción de talento, Cuenca ha visto cerrar servicios públicos esenciales:
- Consultorios médicos con horario limitado o sin sustituciones de personal (comarcas de La Mancha y Serranía).
- Colegios con aulas cerradas por falta de alumnos y sin incentivos reales para atraer profesorado estable.
- Líneas de transporte interurbano limitadas que aislan pueblos enteros más allá de las campañas promocionales.
Ante cada uno de estos cierres, la respuesta oficial se quedó en “comprendemos la preocupación del territorio”, sin un plan de contingencia claro ni indicadores públicos de éxito. Es la política del acompañar al declive, no de revertirlo.
Bajo la batuta de Guijarro, la Junta ha anunciado repetidamente estrategias contra la despoblación y paquetes de ayudas que, sobre el terreno, han demostrado escasa eficacia:
- Programas de empleo rural que apenas han financiado iniciativas de subsistencia, no proyectos de crecimiento sostenible.
- Subvenciones al emprendimiento con plazos burocráticos tan rígidos que muchas pequeñas empresas no han podido acceder.
- Observatorios y diagnósticos sin objetivos cuantificados ni mecanismos de evaluación pública.
El coste: miles de jóvenes que siguen emigrando, economías locales que no encuentran nichos de inversión y un estancamiento productivo que no solo es demográfico, sino también económico.
Donde Cuenca necesitaba liderazgo disruptivo, recibió técnica sin tensión política. El estilo de Guijarro se ha caracterizado por:
- Centralización de decisiones en Toledo, con poca corresponsabilidad de entes locales.
- Consulta performativa: mesas, foros y diagnósticos que nunca desembocan en decisiones vinculantes.
- Dependencia subvencional: asociaciones, ayuntamientos y agentes rurales que viven de convocatorias que se anuncian tarde, con requisitos cambiantes y evaluación poco transparente.
Ese repertorio —escuchar mucho y decidir poco— ha generado un ecosistema donde los actores locales no pueden competir en estrategia, sino que deben alquilar legitimidad al aparato para poder sobrevivir.
Mientras provincias con retos similares captan fondos europeos y proyectan industrias tecnológicas, Cuenca acumula:
- Perdida de peso en decisiones autonómicas estratégicas (logística, energías, educación superior).
- Infraestructuras prometidas que llegan a cuentagotas o con retrasos recurrentes.
- Falta de incentivos fiscales capaces de atraer inversión sostenible fuera de lo turístico estacional.
La lectura política es dura: décadas de discursos suaves han consolidado una resignación institucional que ahora pesa más que la iniciativa.
Un balance incómodo: el “arquitecto” de la despoblación controlada
Durante años, José Luis Martínez Guijarro ha sido presentado como el gran estratega contra la despoblación de Castilla‑La Mancha, impulsor de la ley y de la clasificación de 156 municipios de Cuenca como zonas de “extrema despoblación” y otros 81 como de “intensa despoblación”. Sobre el papel, se trata de un diagnóstico certero, acompañado de una batería de incentivos fiscales y “acción positiva” en ayudas públicas que reserva al menos un 30% de determinadas convocatorias para estas áreas en declive.
El problema no es el diagnóstico, ni siquiera la ausencia total de herramientas, sino la lógica política que lo envuelve: se ha convertido la despoblación en un ecosistema de gestión y relato que necesita que el problema persista para justificar la permanencia del propio “vicepresidente rural”. Cuenca lleva décadas perdiendo población y capacidad económica, y aunque en los últimos años se ha registrado un saldo migratorio positivo de 5.794 personas vinculado a la Ley contra la Despoblación, la provincia sigue definida institucionalmente como un territorio en declive estructural. La impresión que se consolida es que la legislación sirve más para administrar una decadencia políticamente rentable que para revertirla de manera real y medible.
Datos de declive: una provincia que no despega
Los datos socioeconómicos recientes evidencian que Cuenca no ha encontrado todavía una senda propia de desarrollo, pese a los anuncios recurrentes de “inversiones estratégicas” y misiones comerciales. La provincia cerró el tercer trimestre de 2025 con 9.600 personas desempleadas, una tasa de paro del 9,91%, con 3.100 ocupados menos que el trimestre anterior, y una brecha laboral femenina que dispara el paro de las mujeres al 15,71%. No son cifras catastróficas si se comparan con la media regional, pero sí describen una economía frágil, incapaz de retener talento y de ofrecer horizontes estables a los jóvenes.
Al mismo tiempo, se venden como grandes logros viajes institucionales a China para “vender Cuenca” como plataforma de inversión, con discursos sobre la confianza empresarial, la apertura internacional y jornadas “Invierte en Cuenca” en Wenzhou. Mientras tanto, la estructura productiva provincial sigue descansando en sectores de bajo valor añadido y en un tejido empresarial débil que apenas se beneficia de esas giras diplomáticas. La distancia entre la retórica del escaparate exterior y la realidad cotidiana de la provincia agranda la sensación de que el liderazgo de Martínez Guijarro se ha deslizado hacia el marketing político más que hacia la transformación efectiva.
El golpe simbólico del tren: la provincia sacrificada
Hay decisiones que condensan una época política mejor que cualquier estadística; en el caso de Cuenca, el cierre del tren convencional Madrid–Cuenca–Valencia es una de ellas. La línea histórica Aranjuez‑Utiel, desmantelada tras años de abandono y rematada al calor del temporal Filomena, se ha convertido en “vía verde”, ese eufemismo amable para nombrar el entierro de una infraestructura de cohesión territorial. La plataforma ciudadana Pueblos por el Tren lleva tiempo advirtiendo del impacto negativo del cierre en industria, comercio, sanidad y educación para una provincia ya de por sí vulnerable en el mapa de la “España vaciada”.
Martínez Guijarro no puede eludir su responsabilidad política en esta operación: como vicepresidente y como referente conquense del Gobierno regional, ha aceptado que Cuenca pague el precio de una determinada política de transportes que prima corredores rentables y abandona al interior ferroviario. Es difícil hablar de “estrategia contra la despoblación” mientras se consiente, o al menos no se impide, la amputación de una arteria básica de movilidad y oportunidades. En términos simbólicos, el mensaje que recibe la ciudadanía es diáfano: lo que se pierde en Cuenca se compensa con un dossier de buenas intenciones, notas de prensa y alguna visita institucional.
Un liderazgo agotado: entre el relato y el caciquismo blando
El estilo de gobierno que representa Martínez Guijarro combina una doble cara: la del gestor que domina la letra menuda de leyes, decretos e incentivos, y la del operador político que mueve recursos y favores en un territorio envejecido y dependiente de la Administración. La clasificación de zonas de extrema o intensa despoblación se acompaña de la promesa de más puntos en concurrencia competitiva, más porcentaje de ayuda, más reserva de crédito para los municipios “periféricos”. Sobre el terreno, eso se traduce a menudo en una política de proximidad selectiva, donde es casi tan importante el proyecto como la capacidad de alinearse con la red institucional que tutela la Vicepresidencia.
No es el caciquismo brutal y descarado de otros tiempos, sino una versión tecnocrática y amable: los pueblos compiten por la atención de la Junta, los alcaldes saben quién tiene la llave del presupuesto y los proyectos más ambiciosos se negocian en despachos donde la frontera entre criterio técnico y afinidad política no siempre está clara. A ello se suma una narrativa neuropolítica que presenta al Gobierno regional como pionero y casi heroico en la lucha contra la despoblación, enfatizando el saldo migratorio positivo de 5.794 personas desde la entrada en vigor de la ley, como si ese dato aislado pudiera borrar décadas de pérdida de población y tejido económico. El resultado es un liderazgo desfavorable para Cuenca: sólido en términos de control político, débil en términos de resultados estructurales.
Por qué Cuenca necesita su retiro político
Llegados a este punto, el problema de la provincia no es sólo la despoblación, el desempleo o el cierre de infraestructuras; es la persistencia de un modelo de poder que se ha acostumbrado a gestionar el declive en lugar de combatirlo. Martínez Guijarro encarna ese modelo: una figura que concentra negociaciones, equilibrios internos de partido, representación exterior y control de la agenda rural, hasta el punto de haber convertido su cargo en sinónimo de “vicepresidencia rural” sin un contrapeso alternativo real.
Un retiro político pactado —llámese jubilación institucional, paso a un cargo honorífico o simple salida de la primera línea— sería una oportunidad para Cuenca, no un castigo personal. Permitirá abrir una fase nueva con varias exigencias mínimas:
- Un liderazgo que vincule cada relato sobre la “España interior” a compromisos verificables en transporte, industria y servicios, empezando por reabrir el debate ferroviario con rigor.
- Una gobernanza menos vertical, que reparta poder y decisión entre los municipios sin convertir la despoblación en un mercado de favores con sello autonómico.
- Una agenda económica para Cuenca que vaya más allá del turismo y los anuncios de inversión exterior, alineando formación, suelo industrial y conectividad real.
En una provincia donde cada cierre de servicio y cada familia que se marcha pesan más que cualquier eslogan, seguir atados a un liderazgo que ha demostrado sus límites es un lujo que Cuenca no puede permitirse. El relevo no garantiza el cambio, pero sin relevo no habrá ni siquiera posibilidad de empezarlo.