Sánchez, Junqueras y la ordinalidad: el lenguaje técnico como coartada política
La palabra ordinalidad ha vuelto al centro del debate político español no por un súbito interés ciudadano en la teoría fiscal comparada, sino porque Pedro Sánchez y Oriol Junqueras han decidido convertir un concepto técnico en moneda de cambio política. Como tantas otras veces, el lenguaje económico sirve aquí menos para explicar la realidad que para camuflar un acuerdo de poder.
La ordinalidad, en términos simples, es el principio según el cual una comunidad autónoma no debería empeorar su posición relativa en renta tras el proceso de redistribución fiscal. Es decir: si una región es la tercera más rica antes de aportar al sistema, no debería caer al décimo puesto después de hacerlo. El concepto no es nuevo, ni especialmente revolucionario. Se utiliza en sistemas federales complejos y aparece de forma más o menos explícita en debates sobre financiación autonómica desde hace décadas.
Lo relevante no es el concepto, sino cuándo, cómo y para quién se invoca.
El contexto real: una legislatura sostenida por ERC
Pedro Sánchez no habla hoy de ordinalidad por convicción doctrinal, ni porque haya descubierto de repente una injusticia estructural en el sistema de financiación. Habla de ordinalidad porque necesita a Junqueras. Y Junqueras, debilitado electoralmente pero aún decisivo en el Congreso, necesita una victoria política tangible que vender a su electorado tras los indultos y el desgaste del “procés”.
La ordinalidad cumple esa función:
– suena técnica,
– parece razonable,
– es difícil de explicar en titulares,
– y permite presentar un privilegio singular como una corrección neutral del sistema.
No estamos ante una reforma global del modelo de financiación autonómica —que lleva más de una década caducado—, sino ante una negociación bilateral encubierta, con Cataluña como sujeto preferente y el resto del país como figurante silencioso.
El problema no es Cataluña, es el método
Conviene subrayarlo: Cataluña tiene problemas reales de financiación, como los tienen la Comunidad Valenciana, Murcia o Castilla-La Mancha. El sistema actual es opaco, ineficiente y políticamente contaminado. Pero la solución no puede pasar por introducir principios ad hoc para una sola comunidad, negociados fuera de los órganos multilaterales y sin un debate transparente sobre sus efectos redistributivos.
Porque la ordinalidad, aplicada de forma estricta, tiene consecuencias claras:
– reduce la capacidad redistributiva del Estado,
– consolida jerarquías territoriales,
– y desplaza el coste del ajuste hacia las comunidades menos influyentes políticamente.
Dicho sin rodeos: alguien paga la ordinalidad de otro. Y casi nunca es quien tiene más capacidad de presión.
Castilla-La Mancha y la España silenciosa
Aquí es donde el debate deja de ser abstracto. Comunidades como Castilla-La Mancha, con menor renta per cápita, alta dispersión territorial y costes elevados en servicios públicos, dependen críticamente de un sistema de redistribución fuerte. Si el principio rector pasa de la igualdad de acceso a la conservación de posiciones relativas, el resultado es previsible: menos margen fiscal, más precariedad institucional y mayor sensación de abandono.
La ordinalidad puede ser defendible en sistemas federales maduros, con Estados fuertes y reglas claras. En la España actual, con un Gobierno en minoría permanente y una política presupuestaria sometida al chantaje aritmético, es una puerta abierta a la fragmentación fiscal.
Junqueras gana, Sánchez sobrevive
Para Junqueras, la ordinalidad es un relato: “hemos conseguido que Cataluña deje de ser castigada”.
Para Sánchez, es una moneda: “hemos garantizado estabilidad”.
Pero para el conjunto del país es otra cosa: un precedente peligroso. Porque convierte la financiación autonómica en un mercado persa, donde cada voto vale un principio y cada investidura reescribe las reglas del juego.
No hay una España más justa al final de este camino. Hay una España más negociada, más desigual y más incomprensible para quienes no están sentados a la mesa.
Y cuando la política deja de explicarse en términos de equidad para hacerlo en términos de supervivencia, el problema ya no es la ordinalidad. Es el modelo de poder que la utiliza.