La proyectiva del INE dicta sentencia sobre la provincia de Cuenca: un declive estructural que podría amputar el 7,5% de su población para 2040, consolidando un desierto demográfico donde 133 de sus 238 municipios ya pierden habitantes año tras año, pese al maquillaje oficial de tres años de saldo positivo provincial. En 2025, el padrón roza los 198.216 empadronados, sumando +610 respecto al ejercicio anterior, pero este repunte coyuntural –concentrado en la capital (53.600 hab.), Tarancón y núcleos dinámicos de la Manchuela– no oculta la hemorragia real: la propia Cuenca pierde cientos de residentes en picos recientes, San Clemente más de 120, Quintanar del Rey lidera la sangría entre grandes cabeceras, y pueblos como Talayuelas (-262 en 20 años) o Ledaña (-309) ejemplifican un colapso que afecta al 76,5% de localidades en riesgo grave o muy grave. Esta cartografía del vacío –islas de crecimiento periurbano rodeadas de un mar de regresión rural– no es fatalidad natural, sino fracaso político: la Estrategia Regional frente a la Despoblación (ERD 2021-2031), con sus 3.300 millones y 210 actuaciones, presume de «doblar la curva» mientras administra la pérdida sin atacarla de raíz, carente de evidencia empírica que pruebe causalidad o sostenibilidad.
Imaginemos el mapa: mientras Arcas o Horcajo de Santiago ganan por proximidad viaria y proyectos empresariales, la Serranía Alta –Albalate de las Nogueras, Cueva del Hierro, Enguídanos– y Mancha interior se vacían en «extrema despoblación», según la Junta. La capital, Patrimonio de la Humanidad, encadena pérdidas que cuestionan su rol como motor: 600 habitantes menos en un año pico, pese a rebotes puntuales. Quintanar del Rey, Las Pedroñeras, Villanueva de la Jara o Las Mesas –núcleos de 2.000-7.000 hab.– confirman que el declive no perdona tamaños: es polarización territorial, con tres Cuencas en una: la metropolitana que resiste, la comarcal que patina y la rural que agoniza. La proyectiva INE amplifica la alarma: envejecimiento acelerado, fecundidad por debajo del reemplazo y migración negativa estructural apuntan a un territorio inhabitable para 2050 si persiste la inercia. ¿Y la respuesta oficial? Propaganda de saldos agregados (+1,53% desde 2022), bonos al emprendimiento que generan titulares pero no arraigo, y una revisión intermedia de la ERD que celebra +4.000 migratorios sin desglosar qué medidas los causan.
El fallo principal radica en un asistencialismo disperso que ignora la geografía: fondos repartidos sin priorizar los 133 municipios en rojo, ni medir impactos locales en Talayuelas o Sisante. Subvenciones directas –como los 27.000 € por proyecto que han lanzado 14 negocios rurales, mayoritariamente femeninos– suenan bien en prensa, pero ¿cuántos empleos netos fijan población a 5 años? ¿Han frenado la pérdida en San Clemente o Ledaña? No lo sabemos, porque faltan evaluaciones causales: counterfactuales que comparen «con y sin política», modelos econométricos que aíslen incentivos fiscales de factores externos como precios de vivienda madrileños. La ERD presume de implementar el 52% de actuaciones en tres años, pero sin KPIs desagregados por municipio, solo agregados regionales que correlacionan crecimiento padrón con éxito, ignorando si es migración temporal o transformación real. Expertos en foros como el G30 de Cuenca claman por metodologías rigurosas, pero la Junta responde con procesos participativos opacos y 50 medidas nuevas que parecen parches sin evaluación previa.
A esta opacidad se suma la ausencia de inversiones estructurales: el cierre del tren Madrid-Cuenca-Valencia, confirmado por el Supremo, desconecta rurales clave, agravando éxodo juvenil sin alternativas viarias equiparables. Cuenca arrastra 40 años de marginación presupuestaria –uno de los presupuestos regionales más bajos pese a su PIB débil–, perpetuando clientelismo en contrataciones y subvenciones sin auditorías independientes. El empresariado local, vía CEOE-CEPYME, celebra los 200.000 simbólicos, pero alerta de paro juvenil rozando 20% en despoblados y falta de diversificación más allá del agro. Datos EPA Q2 2025 muestran 90.200 ocupados provinciales –segundo máximo histórico–, pero con brechas brutales: Tarancón al 93,3% empleo, Talayuelas al 81,3%; Paro Juvenil: 16-20% rural frente a 12% capital. ¿Cómo retener jóvenes si el 76,5% de municipios carece de banda ancha >100 Mbps o acceso sanitario <30 minutos?
Para desmontar este espejismo, urge un paquete integral de indicadores que vincule demografía con economía, exigiendo datos abiertos del INE, SEPE y Junta por los 238 municipios. Empecemos por lo básico: tasa de variación poblacional annual (% cambio, desglosada vegetativo/migratorio), índice de envejecimiento (mayores 64 / menores 15), tasa de fecundidad y % población joven 15-34. Añadamos movilidad: saldo migratorio neto por edad/origen, tasa emigración juvenil 18-35, retención a 3/5 años y densidad hab./km² para clasificar riesgos. Estos demográficos se complementan con económicos: PIB per cápita municipal, crecimiento rural (<100 hab./km²), inversión directa /1.000 hab. y ROI de los 3.300 M€ ERD (empleos / € invertido). En empleo local, clave para Cuenca: tasa actividad/empleo 16-64 (90,7% provincial), paro registrado desagregado (9,3% media, 18,8% Talayuelas), nuevos contratos indefinidos y altas autónomos con supervivencia 3 años.
No basta con agregados: segmentemos por grupos –paro juvenil <35, empleo femenino rural (38% media), relevo generacional (1 entrante por 3 jubilados)– y sectores (% no primario 65%, teletrabajo incipiente). Duración media contrato, precariedad (temporalidad >12 meses, parcial involuntario) y cualificación (FP/universitario no agro) miden calidad, no solo cantidad. Cohesión territorial exige Gini renta entre municipios, pobreza AROPE rural y acceso equitativo (transporte <30 min, cobertura digital). En Cuenca, cruzar estos revela causalidad: ¿el +0,3% población 2025 correlaciona con +2,7% PIB 2024 o es efecto precio vivienda? ¿Bonos frenan pérdida en Quintanar del Rey (tasa paro 10,8%)? Dashboards interactivos como el IIRT (índice impacto repoblación) –inspirados en Aragón (253 KPIs)– permitirían monitoreo anual, probando si la ERD revierte la proyectiva o maquilla datos.
Esta crítica no es academicismo: es urgencia. Mientras gobernantes venden «éxitos» como los 15 nuevos pobladores en pilotos, la realidad son pueblos fantasmas en Serranía, pérdida competitiva de la capital frente a Albacete y una provincia bipolar donde periurbano crece a costa de interior agonizante. Políticas actuales fallan por asistencialismo propagandístico: incentivos fiscales coyunturales sin ecosistema (conectividad, vivienda rural, educación ligada a empleo viable), clientelismo sin transparencia y autocrítica nula. Exigimos pacto multipartidista: reabrir el tren convencional como eje vertebrador, comarcalizar servicios al estilo Aragón (planes de zona funcionales con 7 cabeceras), y evaluaciones independientes con datos desagregados.
Cuenca no puede ser recordada por hoces espectaculares y pueblos vacíos. La proyectiva dicta sentencia, pero la política puede apelarla: priorizando los 133 en rojo, invirtiendo en empleo cualificado rural y midiendo outcomes reales, no inputs presupuestarios. De lo contrario, 2060 será el territorio que se vació sin que nadie lo impidiera, con generaciones condenadas a nostalgia. La ciudadanía, empresariado y medios debemos elevar esta demanda: no más fotos, evidencias. Cuenca merece viabilidad, no lástima administrada.