Uno de los grandes errores del debate político actual es reducir todo a etiquetas ideológicas. No es una cuestión de izquierdas o derechas. El problema de fondo del proyecto que hoy encabeza Pedro Sánchez es democrático. Y eso también se percibe, con claridad, desde provincias como Cuenca, donde las decisiones tomadas lejos, sin debate real ni contrapesos, tienen consecuencias muy concretas.
Bajo una fórmula que mezcla socialdemocracia agotada y populismo de izquierda —el llamado socialcomunismo— se ha ido consolidando una forma de gobierno basada en la concentración del poder, la dependencia de minorías radicales y una preocupante degradación de las reglas del juego democrático.
El Congreso de los Diputados ha dejado de ser el corazón del debate político para convertirse en una cámara de convalidación. El abuso del decreto ley, la tramitación acelerada de reformas estructurales y las negociaciones fuera del Parlamento han vaciado de contenido la función legislativa.
Esto no es un detalle técnico. Cuando el Parlamento se debilita, territorios como Cuenca pierden voz, capacidad de influencia y posibilidad real de defender sus intereses frente al centralismo político y mediático.
La prolongación interesada del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, la presión sobre el Ministerio Fiscal o el uso partidista de organismos reguladores muestran una peligrosa confusión entre Gobierno y Estado. Las instituciones dejan de ser árbitros para convertirse en herramientas.
Una democracia no se mide solo por votar cada cuatro años, sino por la independencia de sus contrapesos. Y esos contrapesos hoy están seriamente erosionados.
El bloque parlamentario que sostiene a Sánchez se apoya en fuerzas que cuestionan abiertamente la Constitución, la igualdad entre españoles y la cohesión territorial. No es una alianza ideológica estable, sino una dependencia estructural.
Cada votación clave se convierte en una negociación opaca donde el precio lo pagan el interés general y los territorios que no chantajean: concesiones territoriales, privilegios políticos y silencios calculados ante los problemas reales de la España interior.
El actual Gobierno ha normalizado una cultura política de amigos y enemigos, donde quien discrepa es señalado como reaccionario, antipatriota o moralmente inferior. Esta lógica empobrece el debate público y rompe consensos básicos.
En provincias pequeñas, donde la convivencia es un valor esencial, esta polarización resulta especialmente dañina.
La transparencia ha sido sustituida por el relato. Comparecencias sin preguntas, anuncios sin respaldo presupuestario, datos incompletos y una comunicación institucional cada vez más propagandística forman parte de un mismo patrón: controlar el marco y evitar la rendición de cuentas.
El sanchismo no está ampliando la democracia: la está estrechando. No gobierna fortaleciendo instituciones, sino debilitándolas; no integra territorios, sino que los utiliza como moneda de cambio; no fomenta el pluralismo, sino la subordinación.
La democracia no se rompe de un día para otro. Se desgasta poco a poco, cuando el poder deja de justificarse ante los ciudadanos y empieza a justificarse a sí mismo. Y eso, también desde Cuenca, conviene decirlo alto y claro.
Reformas sanchistas que erosionan los pilares de la Constitución de 1978
El Gobierno de Pedro Sánchez acumula reformas que, bajo el pretexto de «regeneración democrática», erosionan los pilares de la Constitución de 1978: la separación de poderes, la igualdad ante la ley y la participación ciudadana. La más reciente, la proposición de ley para limitar la acusación popular, registrada por el PSOE en enero de 2025, se percibe como un blindaje exprés contra investigaciones que tocan su entorno, como los casos Koldo o Begoña Gómez.
La amnistía: discriminación constitucional declarada
La Ley Orgánica 1/2024 de amnistía al proceso catalán, pactada con Junts y ERC, ha sido anulada íntegramente por el Tribunal Constitucional en la STC 137/2025 por vulnerar los artículos 14 (igualdad), 9.3 (prohibición de arbitrariedad) y 117 (separación de poderes). Esta norma permitía impunidad retroactiva para delitos graves, excluyendo a otros disidentes ideológicos y usurpando funciones judiciales, lo que juristas critican como un «acuerdo contra el Estado de derecho». El fallo confirma que la aritmética parlamentaria no puede reescribir sentencias firmes ni banalizar el terrorismo en el procés.
Reformas judiciales: deslegitimación y control partidista
Desde 2021, reformas exprés han recortado competencias del CGPJ en prórroga, violando la independencia judicial (art. 117-127 CE), mientras Sánchez acusa a jueces de «lawfare» y «prevaricación» sin pruebas institucionales. Asociaciones judiciales denuncian una «colonización» que politiza el Consejo y RTVE, rompiendo el consenso de 1978 sobre neutralidad estatal. La rebaja de la sedición en el Código Penal beneficia directamente a procesados independentistas, alterando la irretroactividad penal (art. 9.3).
La «ley Begoña»: laminación de la acusación popular
La proposición de ley orgánica del PSOE prohíbe a partidos, sindicatos y asociaciones personarse como acusación popular, limitándola a juicio oral y requiriendo «vínculo concreto» validado por jueces. Cuatro asociaciones de jueces (APM, JJpD) la tildan de inconstitucional por vaciar el art. 125 CE (acción popular en defensa de intereses generales) y art. 23 (participación ciudadana), abriendo archivos masivos en causas de corrupción. Su timing, en plena oleada de imputaciones al círculo de Sánchez, evoca intentos frustrados PSOE-PP previos y genera alarma por retroactividad, generando inseguridad jurídica.
Pactos tóxicos y polarización ética
Acuerdos con Bildu para «amnistía silenciosa» a etarras vulneran igualdad (art. 14) y solidaridad territorial (art. 138-140), canjeando votos por indultos selectivos. Esta ingeniería política, sumada a la narrativa de «oposición destructiva», rompe normas informales de alternancia y proyecta corrupción como exclusiva de la derecha. El resultado: una democracia aritmética donde el poder se perpetúa erosionando contrapesos constitucionales.
España no precisa más «soluciones políticas» que prioricen aliados sobre la Carta Magna; urge regeneración real que restaure la confianza en un Estado de derecho blindado contra abusos partidistas. El sanchismo, en fase terminal, deja un legado de déficits democráticos que el próximo Gobierno deberá revertir para recuperar el espíritu de 1978.
El peligro de la «sorpresa» permanente
Pedro Sánchez ha hecho de la sorpresa su hábitat natural. Pero gobernar un país no es lo mismo que ganar un debate televisivo. El país no necesita más giros de guion, sino una hoja de ruta previsible. La política de la improvisación y del «manual de resistencia» ha servido para mantener el poder, pero no para gestionar los problemas estructurales de España.
«La táctica ha devorado a la estrategia. Moncloa ya no busca solucionar problemas, sino sobrevivir a la siguiente semana parlamentaria.»
Si el giro que se cocina en las cenas de Navidad de los asesores de imagen consiste en más polarización y más anuncios vacíos, el regreso de vacaciones será simplemente el estreno de una temporada repetida. España no necesita un guionista creativo; necesita un gestor que no confunda el interés general con el mantenimiento de su propia narrativa.
Al final, cuando las luces de Navidad se apaguen, los problemas seguirán ahí. Y ningún giro de guion podrá ocultar que, tras el maquillaje, el Gobierno se enfrenta a su invierno más crudo.
Castilla-La Mancha: silencio, lealtad y coste territorial
En Castilla-La Mancha, este deterioro democrático adopta una forma especialmente preocupante: el silencio cómplice. Emiliano García-Page se presenta como voz crítica, pero sostiene sin fisuras un modelo que penaliza a su propio territorio. La región sigue infrafinanciada, pierde población de manera estructural y ve cómo los servicios públicos —sanidad, transporte, atención social— se debilitan en la España interior mientras el Gobierno central compra estabilidad parlamentaria a golpe de privilegios territoriales. Cuenca lo sabe bien: menos infraestructuras, menos oportunidades y más retórica vacía. Aquí no hay ruptura institucional ruidosa, sino algo más dañino: una lealtad partidista que se antepone a la defensa real del territorio. Y cuando un gobierno autonómico renuncia a exigir igualdad, financiación justa y servicios dignos para no incomodar al poder central, el déficit ya no es solo democrático: es moral.