Desde mediados de 2023, la escena parlamentaria española ha derivado en un fenómeno persistente y ya visible incluso para el espectador más distraído: una legislatura técnicamente en marcha, pero políticamente inmóvil. El termómetro más fiable no son los discursos incendiarios ni las ruedas de prensa sin preguntas, sino el rastro frío de los documentos oficiales: decretos no convalidados, propuestas de ley tumbadas en la toma en consideración, enmiendas a la totalidad que devuelven proyectos al Gobierno sin posibilidad de desarrollo, e incluso maniobras reglamentarias orientadas a ralentizar o bloquear iniciativas legislativas.
Las cifras no construyen un relato, pero lo confirman. Desde 2023 hasta hoy se ha producido una acumulación significativa de iniciativas rechazadas o invalidadas. La caída del paquete “ómnibus” —que incluía revalorización puntual de pensiones, descuentos en transporte y medidas energéticas— marcó un punto de inflexión: dejó claro que el Gobierno había perdido no solo margen de maniobra legislativa, sino también capacidad de negociación efectiva. La votación no fue un accidente, sino un síntoma.
El segundo gran hito fue el rechazo a la reforma de la Ley de Extranjería sobre el reparto de menores no acompañados. No fue una derrota técnica, sino política. El Congreso decidió ni siquiera abrir el trámite parlamentario, señal de que el Ejecutivo había perdido la llave de acceso a la sala de máquinas del sistema. Cuando una propuesta ni siquiera cruza el umbral de la toma en consideración, ya no hablamos de discrepancias —hablamos de desactivación.
La devolución del proyecto de reducción de jornada y la caída de varias convalidaciones de reales decretos posteriores subrayan el mismo diagnóstico: el Parlamento no legisla, cancela. Más aún: la iniciativa legislativa no se discute, se confina. Lo que debería ser debate se convierte en cierre automático. La política deliberativa se transforma en política negativa: ganar es impedir.
A esta parálisis material se suma una parálisis procedimental. La reforma reglamentaria del Senado impulsada en 2023 buscó —aunque luego fuera anulada por el Tribunal Constitucional— ralentizar o suspender el avance de determinadas leyes, prolongando plazos y multiplicando trabas. Fue un síntoma más de la transición del juego institucional al juego de bloqueo: no importa la norma, sino el freno.
El caso de la ILP contra la tauromaquia, rechazada pese a las firmas ciudadanas, revela otro fenómeno silencioso: la desconexión entre movilización social y procesamiento legislativo. En un país donde se reclama participación, el Parlamento respondió cerrando la puerta.
Lo preocupante no son solo las leyes específicas que nacieron muertas, sino el precedente que se consolida: una legislatura donde legislar es menos frecuente que vetar. La democracia parlamentaria no fue diseñada para sobrevivir eternamente en modo “bloqueo”. Y sin embargo, aquí estamos.
No se trata de señalar a un actor único, sino de constatar una tendencia estructural: los partidos ya no buscan gobernar el Estado, buscan gobernar el veto. La eficacia se mide en lo que se impide, no en lo que se crea. La negociación se ha degradado en geometría variable de bloqueo. La minoría útil ya no es la que suma, sino la que frena.
El relato de esta legislatura no será el de las leyes aprobadas, sino el de las leyes que no llegaron a existir. Ese es el verdadero legado que se está construyendo día a día, votación tras votación, portazo tras portazo.
Y la pregunta inevitable es la que ninguna bancada quiere responder:
¿quién gobierna cuando nadie permite gobernar?
España se adentra en un territorio desconocido: una política sin producción normativa, sostenida por una aritmética que impide y una opinión pública que asiste, cada vez con más cansancio, a un Congreso que debate para no legislar y decide para no decidir. Si la legislatura continúa así, su título ya está escrito. No será la legislatura del cambio ni del avance. Será la legislatura del freno, la que convirtió el Parlamento en un punto muerto.
El bloqueo no es una anécdota. Es un régimen.
Y ya ha empezado.