La legislatura surgida de las elecciones del 23 de julio de 2023 llega a su ecuador con un clima político extremadamente tenso. La gobernabilidad se sostiene sobre pactos negociados a pulso, sin una mayoría estable y con los socios territoriales como árbitros decisivos. El Gobierno de coalición —PSOE y Sumar— ha basado su supervivencia en acuerdos puntuales, desde la Ley de Amnistía hasta concesiones específicas a fuerzas nacionalistas y regionales. Es una legislatura de resistencia más que de dirección política.
La oposición ha optado por una estrategia de desgaste total. El PP mantiene bloqueada la renovación de órganos constitucionales, utiliza el Senado como plataforma de oposición ampliada y busca convertir cada controversia en un plebiscito sobre la legitimidad del Gobierno. Vox radicaliza ese marco con un discurso de confrontación que amplifica la tensión social. El resultado es una crispación permanente que impregna el debate público.
Mientras tanto, la ciudadanía vive una paradoja: las cifras macroeconómicas muestran crecimiento por encima de la media europea, creación de empleo y moderación de la inflación, pero la percepción social es de fatiga e inseguridad. El precio de la vivienda, la desigualdad persistente, la pobreza laboral y el deterioro del ascensor social condicionan el estado de ánimo colectivo.
La legislatura entra en su segunda mitad con tres claves determinantes: la gestión del modelo territorial, la estabilidad institucional y la capacidad del Gobierno para conectar la economía real con las condiciones de vida. Si fracasa alguna de ellas, el adelanto electoral dejará de ser hipótesis para convertirse en necesidad.