La DANA de 2024 y su devastador balance, un año después, han expuesto con dramática crudeza una herida institucional larvada durante décadas: la incapacidad de la Administración pública española para responder, con eficacia y agilidad, tanto a la emergencia inmediata como al proceso de recuperación y reconstrucción. No se trata de un error coyuntural, corregible con una mera autocrítica de turno; hablamos de un fracaso estructural que compromete vidas, recursos y la legitimidad democrática misma. Más allá del fenómeno meteorológico, lo que la DANA dejó tras de sí fue una radiografía precisa de nuestro país: desigualdades territoriales, falta de previsión administrativa y una gestión política marcada más por el relato que por la acción.
La DANA evidenció también un mal crónico: el cortoplacismo. Los gobiernos, tanto autonómicos como locales, respondieron con parches inmediatos, pero sin un plan integral de gestión del riesgo climático. Las obras hidráulicas, la ordenación del territorio y la limpieza de cauces no se pueden improvisar después de la catástrofe.
Una coordinación que no existe
Bastaron unas pocas horas de lluvias torrenciales para desnudar la realidad: la inexistencia de una coordinación real entre administraciones de distinto nivel, empezando por la Generalitat Valenciana y el Gobierno central, siguiendo por los ayuntamientos y organismos responsables de protección civil. El resultado fue un tapiz de desinformación, alertas tardías, protocolos contradictorios y una sensación de abandono generalizada entre la población, traducida en coste vital y en la crónica paralización de la respuesta pública.
España vive instalada en la política del después: reacción sin prevención, consuelo sin reforma. Las catástrofes naturales no se evitan con decretos ni con titulares, sino con políticas de gestión del territorio, mantenimiento de cauces, ordenación urbana y responsabilidad compartida entre administraciones.
Liderazgo ausente, táctica política omnipresente
Mientras las víctimas esperaban ayuda en las primeras horas críticas, la prioridad institucional parecía invertirse: más voluntad de evidenciar la inoperancia ajena que de colaborar en ofrecer la mejor respuesta posible. La cadena de errores, excusas cruzadas y falta de asunción de responsabilidades indica que la crisis de la DANA no fue sólo eléctrica y ambiental, sino eminentemente política: el liderazgo de proximidad brilló por su ausencia.
En lugar de coordinación y respuesta eficiente, ha predominado el enfrentamiento político entre administraciones central y autonómica —principalmente entre PSOE y PP—, quienes se culpan mutuamente de la «nefasta gestión». El liderazgo durante la crisis ha de ser calificado como deficiente, con la ausencia o tardanza de responsables clave durante las horas críticas y escasa comunicación efectiva.
Burocracia y normas sin aplicación práctica
El marco legal español prevé vías y competencias ―nacionales, autonómicas y municipales― para actuar en emergencias. Pero la aplicación real de estos protocolos, la actualización de los planes municipales y la dotación de recursos han sido insuficientes, especialmente en los municipios más vulnerables, donde la carencia de profesionales en protección civil y la ausencia de supervisión estatal han agravado los daños. La brecha entre teoría y práctica en materia de protección civil es palmaria, alimentando la percepción ciudadana de una administración incapaz y, a menudo, desbordada.
Frente a la parálisis administrativa, la reacción ciudadana fue rápida, solidaria y eficaz. Vecinos, agricultores, voluntarios y asociaciones civiles se organizaron antes de que llegaran los primeros técnicos. Esa respuesta espontánea demostró que la sociedad conserva una reserva de decencia, cooperación y energía cívica que la política parece haber extraviado.
Pero también brotó un cansancio nuevo: el de una ciudadanía que se siente sola ante la adversidad, que reconstruye con sus manos lo que otros gestionan desde los despachos, y que empieza a percibir la solidaridad como un sustituto forzoso de la responsabilidad pública.
La recuperación: lentitud, economía y abandono
En el balance de la recuperación, la ineficacia persiste: retrasos en la concesión de ayudas, trabas administrativas, insuficiencia de fondos y opacidad sobre el seguimiento de la reconstrucción. Sectores económicos esenciales y miles de familias siguen esperando soluciones reales mientras la administración recurre al anuncio reiterado de medidas y a la promesa de reformas futuras, sin resolver aún los déficits que causaron la tragedia.
Aunque el Gobierno central ha anunciado transferencias millonarias y se han habilitado cientos de actuaciones de reconstrucción, la percepción social mayoritaria es de penuria y lentitud, sumada a la falta de transparencia y de autocrítica. La Unión Europea ha aprobado fondos especiales, y se han aprobado nuevas medidas de refuerzo, aunque gran parte de la ayuda prometida sigue sin materializarse a nivel ciudadano.
Un modelo agotado
Lo ocurrido con la DANA no es una excepción, sino el reflejo de un patrón que se repite ante catástrofes de gran escala y cuya raíz está en un modelo territorial incapaz de articular un mando único operativo, con duplicidad de funciones, recursos insuficientes y politización de la gestión. El precio lo pagan los ciudadanos, abocados a la indefensión y la desafección política.
El cambio climático no es un aviso: es una certeza. La DANA no fue un accidente, sino un síntoma. Y, sin embargo, seguimos atrapados en la lógica del titular, sin un plan nacional coherente de prevención de desastres climáticos. No se trata solo de obras hidráulicas, sino de cultura política: de entender que el clima no espera a las elecciones.
Cada vez que olvidamos una catástrofe, sembramos la siguiente. Y la memoria institucional, en España, tiene una vida útil más corta que la de un ciclo informativo.
Una reforma, no un parche
Exigir responsabilidades y pedir dimisiones es necesario, pero insuficiente. Es hora de una reforma estructural, que dote al sistema de protección civil de recursos, coordinación real y liderazgo profesionalizado, capaz de anteponer vidas y recuperación a la pugna partidista y a la inercia burocrática. Sólo así España dejará de tropezar una y otra vez ante cada emergencia, cerrando de una vez el ciclo del fracaso repetido.
Los puntos analizados permiten concluir que la DANA ha sido tanto un desastre natural como una evidencia política: la fotografía nítida de un sistema público que necesita profunda transformación para estar a la altura de las necesidades de la ciudadanía en el siglo XXI.