NO cuadra ni a martillazos. Una mayoría sostenida de magistrados del Tribunal Constitucional opina que el Estatuto de Cataluña no cabe en la Constitución por muy ancho que sea el filtro jurídico que se le aplique. La deliberación no está atascada; lo que se ha atascado es la voluntad de la presidenta del Tribunal, doña María Emilia Casas, de constitucionalizar el texto a base de mirarlo con buenos ojos, o más exactamente con los ojos del Gobierno y los nacionalistas catalanes. Por cinco veces, y durante cuatro años, un mínimo de seis jueces sobre diez se han negado a dar el visto bueno a la ponencia favorable, y eso no es un bloqueo, sino un rechazo en toda regla. Ante tan terca evidencia se imponía desde hace tiempo el cambio de ponente, que la señora Casas se negaba a aceptar porque en su arbitraje casero prefería seguir dando largas a ver si pasaba algo; por ejemplo que el magistrado Manuel Aragón, elegido a propuesta del PSOE, reconsiderase su posición contraria a la definición nacional de Cataluña y sus símbolos identitarios. Pero Aragón no se mueve de su criterio; entiende que, en la Constitución está muy claro que no hay en España otra nación que la española. Con sus maniobras dilatorias Casas ha actuado como longa manus del poder, aunque ni aún así ha logrado sacar un dictamen benévolo en el que la conveniencia política prevalezca sobre el rigor jurídico.

Finalmente se ha abierto paso la única solución razonable y será el catedrático Guillermo Jiménez, sevillano fino y serio, hombre moderado y cabal con fama de buen componedor de acuerdos, el que redacte un nuevo borrador en busca de un consenso hasta ahora imposible. En principio se podría interpretar su designación como un revés gubernamental, porque Jiménez también comparte la tesis de la inconstitucionalidad esencial de un texto que «depara» -el término es de Maragall- como nación a Cataluña; sin embargo, el Gobierno obtiene en el relevo una importante ventaja táctica para sus intereses. Salvo que el nuevo redactor haga un trabajo exprés la ponencia se puede demorar hasta el otoño, de modo que Zapatero y Montilla tengan unas elecciones catalanas tranquilas, sin que se les cruce por medio una sentencia que, caso de resultar adversa, les complicaría severamente una campaña que ya de por sí han de abordar en cuesta arriba.

Lo que a nadie parece ya causarle reparo es el desprestigio que el Constitucional continúa acumulando con su mecánica de apaños maniobreros, más pendiente de las consecuencias políticas de sus decisiones que de resolver conforme a Derecho. Con todo y con ello, por fino que hilen los magistrados, como al final tumben el núcleo duro del dichoso Estatuto se pueden ir preparando: si no los acusan de torturadores, como a sus colegas del Supremo, no se librarán de pasar por enemigos del pueblo catalán o cualquier enormidad semejante.