Una provincia no se transforma porque sus candidatos aprendan a pronunciar la palabra transformación. Se transforma cuando una familia puede vivir de su trabajo, un joven encuentra razones para quedarse, una empresa vende más allá de su entorno inmediato y una persona mayor recibe cuidados sin verse obligada a abandonar su comunidad. Estas son las pruebas que deberían ordenar el debate electoral conquense de 2026-2027. Tras examinar en el episodio anterior la calidad de nuestra representación, corresponde entrar en el contenido de la alternativa. Cuenca necesita una economía que genere valor y un sistema social que permita compartir sus frutos. Ni el crecimiento desligado de la vida cotidiana ni la protección sostenida sobre una base productiva débil ofrecen una salida duradera. Empleo, vivienda, movilidad y cuidados forman parte de la misma política de arraigo.
El primer cambio consiste en abandonar la economía del anuncio. Presentar una inversión no equivale a ejecutarla; inaugurar una instalación no garantiza su utilización; conceder una ayuda no demuestra que la empresa beneficiaria sea más competitiva. Cada actuación debe valorarse por lo que añade a la capacidad provincial de producir y vivir. ¿Crea empleo estable? ¿Mejora salarios o productividad? ¿Facilita que proveedores locales participen? ¿Reduce costes de transporte o energía? ¿Forma a trabajadores? ¿Sostiene servicios donde antes eran inviables? Estas preguntas no sirven para despreciar una obra pequeña ni para reclamar grandes proyectos indiscriminadamente. Sirven para ordenar el gasto y evitar que la importancia política de una actuación dependa más de su fotografía que de su utilidad. Cuenca debe dejar de confundir el movimiento de expedientes con el movimiento de su economía.
La agroindustria ofrece un punto de partida reconocible, pero exige superar la resignación a vender materias primas mientras el mayor valor se incorpora fuera. La transformación alimentaria, el almacenamiento, la comercialización, la calidad, el aprovechamiento de subproductos y la cooperación entre productores pueden ampliar la actividad vinculada al campo. No todas las explotaciones ni todos los municipios necesitan la misma solución. Una estrategia seria trabajaría con empresas y cooperativas para identificar cuellos de botella: financiación, relevo generacional, disponibilidad de agua, energía, transporte, personal cualificado o acceso a mercados. La administración debe facilitar condiciones y acompañamiento técnico; no sustituir el riesgo empresarial ni prometer rentabilidad. La meta electoral ha de ser concreta: que más operaciones de la cadena productiva, más conocimientos y más empleos permanezcan en la provincia.
En los territorios forestales, la prevención de incendios, la gestión del monte y los aprovechamientos compatibles con su conservación pueden formar parte de una economía más continua. Pero sería irresponsable vender la bioeconomía como una solución automática. Antes hay que conocer recursos, costes, restricciones ambientales, demanda y capacidad empresarial. La energía renovable plantea una exigencia semejante. No basta con ocupar suelo y contabilizar potencia instalada. Deben examinarse los ingresos locales, las condiciones de los contratos, la compatibilidad con otros usos, la restauración y las posibilidades de asociar actividades productivas. Cuenca no debe aceptar que la transición energética se reduzca a transferir recursos del territorio sin fortalecer su tejido económico. Tampoco debe rechazar de antemano cualquier proyecto. Necesita capacidad técnica para negociar bien y decidir con información suficiente.
La provincia requiere, además, una política industrial proporcionada a sus distintas realidades. En unos lugares habrá que mejorar suelo empresarial, suministro eléctrico y accesos; en otros, recuperar talleres, pequeños espacios de producción y servicios compartidos. Un polígono vacío no es desarrollo, y una nave ocupada por una actividad aislada no constituye todavía un ecosistema empresarial. Importan los proveedores, la formación, el mantenimiento, la logística y la relación con los centros de conocimiento. Propongo un Consejo Provincial del Emprendimiento entendido como instrumento de coordinación y seguimiento, no como otro salón de reuniones ceremoniales. Su función sería reunir necesidades, ordenar asistencia y publicar resultados. Si no simplifica la vida de quienes emprenden y no resuelve obstáculos identificables, sobraría. La provincia necesita instituciones útiles, no nuevos nombres para reproducir la misma burocracia.
El enlace entre universidad, formación profesional y empresas debe dejar de ser una cortesía protocolaria. Cuenca dispone de capacidades que pueden contribuir a la digitalización, la salud, el patrimonio, la comunicación, el diseño y otros ámbitos de actividad. Hace falta traducirlas en prácticas formativas bien organizadas, proyectos aplicados y contratación. También conviene reconocer a quien aprende un oficio, mantiene una instalación, atiende a una persona dependiente o trabaja en una explotación. Una economía equilibrada no puede construirse sobre la jerarquía cultural que considera secundarias todas las ocupaciones que no pasan por un despacho. Los programas electorales deberían comprometer mecanismos de cooperación verificables, con participación de las administraciones educativas y del tejido empresarial. El éxito no sería el número de convenios firmados, sino cuántas trayectorias profesionales consiguen consolidarse aquí.
La movilidad constituye una infraestructura económica y social. El tren convencional Madrid-Cuenca-Valencia debe incorporarse a una evaluación seria de conectividad y cohesión, con estudios de demanda, necesidades de inversión y alternativas de explotación. Defenderlo exige reconocer que el servicio futuro necesita un diseño adecuado a las necesidades actuales. Mientras se promueve su recuperación, hay obligaciones que no admiten espera: coordinar horarios de autobuses, facilitar enlaces, estudiar transporte a demanda y reducir las dificultades para llegar al hospital, al trabajo o a los centros educativos. Un transporte anunciado pero inutilizable por su horario no garantiza un derecho efectivo. El criterio debe ser el tiempo y el coste del desplazamiento real. La alta velocidad, los servicios por carretera y una eventual recuperación del ferrocarril convencional necesitan pensarse como partes de una red, sin convertir una modalidad en excusa para abandonar otra necesidad.
La vivienda es el lugar donde se encuentran todas estas políticas. No sirve atraer trabajadores si después no pueden alquilar una casa habitable. Tampoco sirve anunciar que hay vivienda vacía sin distinguir por qué permanece fuera del mercado. Puede requerir rehabilitación, tener problemas de titularidad, carecer de condiciones mínimas o estar situada donde falta demanda y transporte. Capital y pueblos necesitan diagnósticos diferentes. Propongo inventarios voluntarios y actualizados, mediación, programas de rehabilitación y fórmulas de alquiler con garantías claras para propietarios e inquilinos. Allí donde sea viable, debe ampliarse la oferta asequible mediante suelo, promoción o recuperación de inmuebles públicos, con gestión profesional. Cada medida exige conocer competencias, costes y financiación. El objetivo consiste en aumentar hogares utilizables y accesibles, no en sumar viviendas sobre el papel.
La emancipación juvenil no se resuelve con una ayuda aislada ni con pedir sacrificio a quien encadena contratos y alquileres difíciles de sostener. Necesita empleo, alojamiento, transporte, formación y servicios que permitan proyectar una vida. La política provincial debe reconocer también que regresar es una decisión compleja. Quien salió a Madrid, Valencia u otro destino puede traer experiencia, relaciones profesionales y capacidad de inversión, pero no volverá por una campaña sentimental si aquí no encuentra condiciones. Una red de la diáspora conquense podría facilitar mentoría, contactos empresariales, proyectos culturales y retornos graduales. Para ser útil tendría que ofrecer oportunidades concretas y respetar los distintos vínculos con la provincia. No todos volverán; muchos podrán cooperar. Aprovechar esa relación amplía nuestras capacidades sin fingir que la emigración deja de ser una pérdida cuando se la rebautiza.
El envejecimiento reclama una respuesta que reúna dignidad personal y oportunidad de especialización. He defendido la consideración de un Hospital Nacional de Utilización Geriátrica Integral en el antiguo Virgen de la Luz. Mantengo esa propuesta como una alternativa que merece estudio de viabilidad, evaluación del inmueble y negociación con las administraciones sanitarias, académicas y sociales. No basta con atribuirle un nombre ambicioso: hay que determinar funciones, costes de adaptación, plantilla, financiación, encaje asistencial y demanda. Podría explorarse un modelo que combine atención especializada, rehabilitación, formación e investigación, siempre según los resultados de ese estudio. Una propuesta pública gana fuerza cuando acepta las condiciones que debe cumplir. Cuenca podría desarrollar conocimiento y servicios relacionados con el envejecimiento, pero ninguna especialización justifica comprometer recursos sin comprobar antes su sostenibilidad.
Ese posible proyecto no debe ocultar la urgencia de los cuidados cotidianos. Ayuda a domicilio, atención primaria, rehabilitación próxima, apoyo a cuidadores, respiro familiar y servicios de día resultan decisivos para permanecer en el entorno. Hace falta organizar desplazamientos, cubrir ausencias, formar personal y coordinar actuaciones sociales y sanitarias. La dispersión territorial encarece la prestación y obliga a adaptar los instrumentos; no legitima resignarse a que lleguen tarde. La cooperación municipal, con apoyo de la Diputación y de la Junta en sus competencias, puede facilitar equipos compartidos y gestión profesional. Las familias necesitan saber quién responde cuando una necesidad cambia. Los trabajadores del cuidado necesitan condiciones que permitan continuar. Si el bienestar descansa en la sobrecarga invisible de unas pocas personas, particularmente mujeres, el sistema está trasladando a los hogares lo que las instituciones no han organizado.
Turismo y cultura deben integrarse en esa economía habitable. Cuenca posee un patrimonio que puede generar actividad, pero la visita ocasional no sustituye al empleo estable ni al comercio cotidiano. Conviene ampliar estancias, distribuir recorridos y conectar oferta cultural, naturaleza, gastronomía y producción local, respetando los límites de cada lugar. También hay que valorar si el crecimiento turístico dificulta el acceso residencial o impone costes que no se compensan. La cultura, por su parte, no debe medirse solo por la asistencia a un acontecimiento. Bibliotecas, programación, educación artística, asociaciones y espacios de creación sostienen comunidad y pensamiento crítico. Una provincia atractiva para vivir necesita actividad durante todo el año. La política cultural debe apoyar esa continuidad mediante procedimientos abiertos, evaluación y respeto a la autonomía de quienes crean.
¿Cómo financiar y comprobar todo esto? Empezando por elegir. Un programa responsable distingue medidas inmediatas, inversiones de preparación lenta y propuestas condicionadas a estudios o acuerdos. Los presupuestos propios, los instrumentos regionales, las inversiones estatales y las convocatorias europeas que resulten aplicables deben vincularse a proyectos preparados, sin fingir que cualquier fondo puede pagar cualquier actuación. En los primeros meses del mandato deberían fijarse diagnósticos y prioridades; durante el primer año, ponerse en marcha las actuaciones maduras; después, publicarse resultados y corregirse lo que falle. Empleos sostenidos, viviendas incorporadas al uso, tiempos de viaje, continuidad de cuidados y ejecución presupuestaria permitirían comprobar avances. Las metas numéricas deben fijarse tras conocer la situación de partida. Una cifra inventada para impresionar en campaña no es una herramienta de gobierno.
La transformación conveniente para Cuenca tiene una condición: que las medidas se refuercen entre sí. Una vivienda rehabilitada puede alojar al profesional que mantiene un servicio; ese servicio facilita que una familia permanezca; la movilidad amplía su acceso al empleo; una empresa viable sostiene demanda y recursos. Cuando las administraciones actúan por departamentos incomunicados, rompen esos enlaces y desperdician parte de su esfuerzo. El ciclo de 2026-2027 debe permitir elegir una estrategia de conjunto, adaptada a cada comarca y sometida a evaluación. Producir, habitar y cuidar son verbos que describen una provincia con futuro. Para conjugarlos necesitamos una organización política capaz de sostener decisiones difíciles, cooperar y rendir cuentas. Esa será la materia del siguiente episodio: cómo convertir el programa en una forma distinta de ejercer el poder.