Que el Tribunal Constitucional debiera legalizar a Batasuna, lejos de todo deseo, sería la explicación más apropiada al fallo que pronunció sobre Bildu, con premeditación y nocturnidad para darle el tiempo exacto para que se pudiera presentar a las Elecciones Municipales del 22 de mayo, a la vez que no dejaban margen de maniobra a las asociaciones de víctimas –el Gobierno ni intención tenía– para recurrir a Estrasburgo.
Y sería la explicación más lógica porque el Tribunal Constitucional sólo tiene competencias para decidir si una decisión de otro tribunal es o no constitucional. Si para el Tribunal Supremo Bildu no debería presentarse a las Elecciones y el Constitucional decide que sí, en realidad el máximo órgano judicial español no está corrigiendo la decisión del Supremo sino que está advirtiendo que éste ha adoptado una decisión que va contra la Constitución. Esto quiere decir, en definitiva, que la Ley de Partidos Políticos y el Pacto por las Libertades es anticonstitucional, y por tanto debiera ser anulada, y en cambio legalizarse todas las organizaciones que pasaron a la clandestinidad por aplicación de esta ley que nunca debió ser aprobada.
Además cabría preguntarse si no debieran dimitir todos los jueces del Tribunal Supremo por aplicar leyes que van contra el espíritu de la Constitución.
Pero no ocurrirá nada de ello. No es que el Tribunal Supremo interprete mal la Constitución y que el Constitucional en un Estado de derecho corrija esas desviaciones. Es que todo esto forma parte de un juego muy planificado por quienes dominan el status quo, y no me refiero únicamente al Partido Socialista aunque sea su máximo valedor. Ocurrió con el PCTV, que primero ilegalizaron a Aukera Gustiak y luego permitieron que ese partido diera cobijo a ETA en las instituciones; pasó después con ANV, ilegalizando primero a Democracia Tres Millones.
Para aparentar independencia de los jueces y que cada uno tiene su propio criterio, primero ilegalizan el plan A, y después cuelan el plan B in extremis y por estrecho margen. Siempre ha pasado, salvo en las últimas Elecciones Vascas. Pero los ciudadanos no somos ignorantes, y sabemos que todo ello forma parte de una jugada preestablecida por quienes controlan el poder judicial en este estado que de separación de poderes cada vez entiende menos.
Los doce miembros del Tribunal Constitucional son nombrados por el Rey mediante Real Decreto, a propuesta de las Cámaras que integran las Cortes Generales (cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado), del Gobierno (dos) y del Consejo General del Poder Judicial (dos). A su vez los miembros del CGPJ son nombrados por el Congreso de los Diputados, dominado lógicamente por el partido del Gobierno, es más que evidente que la separación de poderes en España está muy deficiente.
Y si mientras los jueces deliberaban qué hacer con Bildu, destacados socialistas como Elorza, Eguiguren y hasta Patxi López esperaban un fallo a favor de que ETA continuase en las instituciones –porque no es volver, como suele decir la prensa, ETA no se ha ido, pues lleva desde 2007 hasta 2011 a través de ANV–, los ciudadanos sabíamos que los jueces «progresistas», es decir los que nombra el Partido Socialista, votarían a favor de esta lamentable decisión.
Ahora que no se contradigan, y que los jueces del TC decidan entonces si Batasuna debiera ser legal. Pero claro, se me olvidaba, los jueces puestos por los políticos tienen que disimular, parecer que estamos en un Estado de derecho con división de poderes y por tanto hay decisiones que no se toman por unanimidad aunque el resultado final, la legalización de los terroristas, fuera el resultado deseado por el Ejecutivo y por la mayoría del Legislativo.