Juan José Rubio Guerrero en Expansión (Publicado en UPyD, aquí)
España se enfrenta a un problema estructural de primera magnitud en la lucha contra un desempleo que se ha instalado con toda su crudeza en la economía española y que puede provocar un proceso de desvertebración de gravísimas consecuencias para la estabilidad social. Me refiero al desempleo juvenil. En España, el 43% de la población menor de 25 años que busca empleo no lo encuentra, lo que provoca que más del 20% de los parados, es decir, en torno a un millón, tiene menos de 25 años. Son múltiples las razones que han conducido a esta situación, entre las que destacan: a) la importante tasa de abandono escolar prematuro, ya que uno de cada tres jóvenes entre 18 y 24 años no continúa su formación más allá de la obligatoria, b) la escasa inversión en educación (4,28% del PIB) frente al 5% de media en la UE, c) la escasa adecuación de la formación profesional y universitaria a las necesidades de las empresas, debido a la falta de competencias prácticas de los estudiantes, d) el importante déficit de idiomas de los jóvenes, que afecta a su capacidad competitiva en mercados laborales globales y limita su movilidad profesional. A este panorama se une la salida al extranjero de los jóvenes más brillantes, que no encuentran en España una digna salida profesional a sus cualificaciones, de manera que los recursos presupuestarios invertidos en su formación son aprovechados por otros países que se benefician de su mayor productividad.
Un mayor esfuerzo en las políticas de incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo debería redundar en un conjunto de beneficios que contribuirían a la salida de la crisis de forma estable y socialmente equilibrada. Una incorporación de estas cohortes de jóvenes trabajadores contribuirá, entre otros beneficios sociales, a: a) mejorar la renta disponible, el ahorro y la distribución de la renta de las familias, b) reducir el gasto público destinado a mantener a jóvenes desempleados, c) la viabilidad del sistema de protección social y mejora de la recaudación pública en un momento clave del debate sobre el futuro de las pensiones, d) mejorar el clima social, reduciendo los problemas de exclusión social que se ciernen sobre el colectivo, e) incrementar la autoestima y responsabilidad de los jóvenes, aprovechando el gran potencial innovador consustancial a la juventud. En este sentido, el desarrollo del espíritu emprendedor entre los jóvenes es uno de los retos que tenemos como país. Poner al alcance de este colectivo instrumentos que favorezcan el autoempleo permitirá una mejora de su confianza, al mismo tiempo que debemos relativizar el miedo al fracaso empresarial tan arraigado en la sociedad y valorar los proyectos empresariales como una contribución al desarrollo personal, profesional y social, con independencia de su éxito inicial.
Posibles medidas
Son múltiples las propuestas que se pueden formular para luchar contra el paro juvenil, que pueden ir desde la bonificación del 100% de las cuotas a la Seguridad Social para la contratación de jóvenes sin experiencia, pasando por la exención de cotizaciones sociales durante el primer año a aquellos que opten por el autoempleo, o la articulación de mecanismos financieros específicos para que puedan desarrollar una actividad empresarial o profesional, o la simplificación de los requisitos de contratación o desempeño de una actividad por cuenta propia. Lo que resulta indudable, en todo caso, es que los retornos financieros, fiscales y, especialmente, sociales que la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo producirá a medio plazo compensará, con creces, los costes a corto plazo que una política pública activa de compromiso con este colectivo pueda suponer.
Catedrático de Hacienda Pública. UCLM
Foro Independiente de Analistas Fiscales