Es posible que los llamados Padres de la Constitución del año 1978 tuvieran otra perspectiva de lo que acabarían siendo las autonomías en España. Es también probable que toda la cuestión, al menos en un principio, estuviera enfocada a dar una cierta satisfacción a las, entonces incipientes, primeras reivindicaciones de carácter nacionalista de las regiones de Vascongadas y Catalunya, para intentar evitar que se propagasen, pensando, seguramente, que sería suficiente para limitar sus ambiciones de autogobierno. Puede que, con el establecimiento de un Estado de las autonomías, quisieran cortar, de raíz, las aspiraciones de sectores socialistas y de izquierdas en cuanto a pedir un Estado federal, donde tuvieran mayores posibilidades de sembrar sus semillas revolucionarias y establecer así los cimientos de una España partida en distintas nacionalidades que favoreciera sus planes de dividirla y convertirla, como ya intentaron a mediados de la Guerra Civil española, en un apéndice del comunismo internacional regido, en aquel entonces, por la desaparecida Unión Soviética.
Lo cierto es que, pasados más de treinta años desde la implantación del sistema autonómico en España, no creo que se pueda decir, honestamente, que los efectos de tal medida hayan resultado, en líneas generales, lo beneficiosos que en un principio se pudiera esperar ni que, la experiencia de los gobiernos autonómicos, especialmente en aquellas autonomías en las que se pensó que con la distribución de poder se constituiría un freno a sus aspiraciones a independizarse; hayan colmado las esperanzas que había puesto la ciudadanía española que, en un principio, se hubiera podido inclinar a pensar que la cercanía de las instituciones comunitarias y la independencia del gobierno de Madrid, darían fluidez y facilitarían aquellas gestiones que siempre se había pensado se retrasaban por causa de la burocracia del Estado central.
Sin pretender negar que, la descentralización, en todos los gobiernos autonómicos existentes en España haya proporcionado algunas ventajas a los habitantes de las comunidades, sin embargo, parece evidente que el coste que se ha tenido que pagar por ello, en cuanto a los problemas de índole política y administrativa, de división de mercados, de coste para su sostenimiento, de fraccionamiento del sistema educativo en todo el país, de sostenimiento de la lengua española como lengua oficial en todas ellas, de duplicidad de funciones y, lo que es peor, de la creación de un ambiente de hostilidad entre las distintas regiones de España, fomentado por los partidos separatistas que, tanto en el País Vasco como en Catalunya, sin olvidar Baleares y Galicia, han ido creciendo a medida que el gobierno central se ha ido debilitando y ha tenido que pagar el seguir gobernando haciendo cesiones de soberanía a quienes lo han chantajeado.
Hoy en día estamos pagando el que se haya suprimido el techo de gasto, que había establecido el gobierno del señor Aznar, y el hecho de que los gobiernos autonómicos, especialmente el de Catalunya y País Vasco, tengan en sus manos la gobernabilidad del Estado; de tal modo que no han parado barras en ir tomando, a brazadas, lo que de boca se les negaba; gracias a una Justicia timorata y presionada por el Ejecutivo, que no ha dudado en ceder en cuestiones relacionadas directamente con la unidad soberana y la solidaridad entro todos los españoles. Es obvio que muchas comunidades no han obrado de acuerdo con sus posibilidades y, hoy en día, se han convertido en verdaderos problemas para España, a causa de su excesivo endeudamiento y de los excesos a los que sus gobernantes se han venido entregando. No nos quejemos de que las agencias de rating se hayan fijado en nuestros bancos y en las deudas de Catalunya para rebajar su calificación y poner en duda la fiabilidad de nuestras deudas, tanto pública como privadas, porque es evidente que ni la banca española es aquella de la que presumía el señor ZP diciendo que era de las más solventes de Europa ni el Gobierno ha tomado las decisiones que debiera de haber puesto en práctica al comienzo de la crisis ni, tampoco, nuestro crédito en el exterior ha salido reforzado gracias a una diplomacia deplorable y a la actuación de un señor Rodríguez Zapatero que se ha paseado como alma en pena por los foros europeos, metiendo la pata, hasta que todos lo han calado y lo han apartado de su camino como a un sujeto intratable.
Cada día son más las voces de personajes importantes de nuestra política que demandan una modificación de la Constitución, un pacto de Estado entre los grandes partidos que permitiera entrar a fondo en lo que es la distribución territorial recogida en la Carta Magna, para proceder a su revisión a fondo, de modo que se recobraran determinados traspasos que se ha demostrado que no debieran de haberse hecho, como es el caso de la educación, la unidad de mercados, la unidad de la regulación laboral y muchas otras concesiones, como las que se hicieron relativas a las lenguas cooficiales que, en definitiva, han llevado a la postergación del castellano en beneficio del intento de potencias otras lenguas minoritarias. Resulta patético que, Catalunya, haya resultado ser una de la regiones donde los alumnos de 14 años han obtenido los resultados más mediocres en todos los niveles de rendimiento; entre los que se incluyen: competencia en lengua (11); competencia en ciencias (7); competencia en matemáticas (14) y competencia en sociales (13), en ninguno de cuyos grupos han conseguido situarse por encima del séptimo lugar. La torre de Babel en la educación constituye, quizá, uno de los fallos mayores atribuibles a que, cada comunidad, tenga su propio sistema educativo, con la agravante de que, en asignaturas como la Historia, según cual sea la ideología del gobierno comunitario, los hechos se enseñan de distinta manera.
Es incuestionable que, en cada comunidad, se han constituido reyezuelos que se han acostumbrado a hacer de su capa un sayo y que, en muchas de ellas, se haya destapado importantes casos de corrupción pública y de desvío de fondos a favor de amiguetes y familiares; que, en materias de orden público y de cumplimiento de la Constitución, existen algunas autonomías, gobernadas por nacionalistas y separatistas, en las que se consienten hechos tales como que no se cumplan las normas sobre el uso de la bandera española, no se le de la importancia a incumplir la ley de enseñanza del castellano o se pasen por alto diversas manifestaciones u ocupaciones de la vía pública por sectores que infringen las normas, desoyen las órdenes de las fuerzas del orden y se enfrentan a ellas, con la seguridad de que no les va a ocurrir nada al hacerlo.
Esperanza Aguirre, Mª Fernanda Rudí y Alberto Núñez Feijóo ya han dado el primer paso, sosteniendo que el actual modelo autonómico es insostenible, tanto desde el punto de vista del gasto como desde su faceta política, si se tiene en cuenta que los distintos estatutos que se han venido aprobando, incluso el de Andalucía (en el que el PP se avino a algunos temas que no debería haber aceptado), se han excedido en sus competencias. El diagnóstico de la señora Aguirre en su conferencia en el Campus de las FAES, respecto a lo que sería preciso hacer con respecto a las comunidades, fue el siguiente: A) Devolver competencias al Estado para el mejor funcionamiento de los servicios, B) Restaurar el cuerpo de Funcionarios Nacionales y C) Abordar reformas constitucionales para cerrar el proceso descentralizados. Es decir se trataría de “una enmienda a la totalidad del marco autonómico”. Seguramente sería difícil, pero debo confesar que estoy de acuerdo con ella.
Miguel Massanet Bosch