El asalto nacionalista a la Seguridad Social (por Miguel Valverde)

Miguel Valverde (Publicado en Expansión.com, aquí)

 

Con el paulatino avance de las competencias de las comunidades autónomas, prácticamente, al Gobierno central ya sólo le quedan dos instituciones, como la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, con las que intentar una cierta igualdad de los ciudadanos en sus condiciones de vida, cualquiera que sea la región donde viven.

En la redistribución de la renta y, dentro de ella, en el abono de las pensiones, de acuerdo con el principio de que a igual contribución igual pensión, aunque los salarios terminan marcando la diferencia.

En las últimas semanas, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y, en menor medida, Convergéncia i Unió (CiU) han resucitado sus demandas de que las comunidades autónomas puedan entrar, o participar, en el corazón de la Seguridad Social. Es decir, en la elaboración de la normativa básica, de obligado cumplimiento en toda España, y en el régimen económico, que comprende la gestión de las cotizaciones sociales y de las pensiones.

La Constitución da al Estado –el Gobierno central– la competencia exclusiva en estas dos materias. Sin embargo, los temores del Ejecutivo ante la presión del PNV son tales que la actual reforma de las pensiones, que el próximo jueves será aprobada por el Congreso de los Diputados, cita este mandato de la Carta Magna, bajo el título competencial, en la disposición final quinta.

Curiosamente, además el Ejecutivo ha pactado con el PNV y CiU en el Senado una enmienda que establece que esta disposición, junto a otras de diferentes asuntos, entrará en vigor en cuanto la ley sea publicada en el Boletín Oficial del Estado, en lugar del 1 de enero de 2013, como el conjunto de la norma.

La debilidad parlamentaria del actual Gobierno y la irresponsabilidad del Partido Popular para separar los asuntos de Estado de la anécdota política, ha creado un terreno propicio para que los nacionalistas catalanes y vascos puedan reducir el peso del Gobierno central en muchas materias y, desde luego, en la política económica y social.

Por ejemplo, a cambio de su apoyo a la reforma de la negociación colectiva, ambos partidos han arrancado el compromiso al Ejecutivo de dar preponderancia al convenio sectorial autonómico frente al de carácter nacional. Es decir que el disparate puede hacer que una empresa con centros de trabajo por todo el país, y que no tenga convenio propio, deba hacer tantos acuerdos como comunidades autónomas donde esté, con el problema que eso le supondrá para competir dentro y fuera de España.

Incluso, escrutando la citada ley de reforma de las pensiones, se puede ver que toda la regulación de la futura Agencia de la Seguridad Social, que debería ser competencia exclusiva del Gobierno central, puede tener cambios por las competencias en la materia “que correspondan a las comunidades autónomas, conforme a sus respectivos estatutos de autonomía”.

Por ejemplo, los del País Vasco y de Cataluña. Además, CiU ha pedido que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social pueda invertir en los bonos de las comunidades autónomas que, como todo el mundo sabe, son un ejemplo de rigor presupuestario.

Un sistema de protección social dividido en diecisiete pequeñas unidades rompería la solidaridad interregional que garantiza el pago de las pensiones en toda España. Como publica hoy este periódico, si no fuese por este hecho, muchas de las comunidades autónomas no podrían pagar ya sus prestaciones.

En segundo lugar, los dirigentes políticos regionales podrían emprender una carrera de gasto insoportable en una competencia tan electoralista como las pensiones. En este punto, hay que recordar que, precisamente, evitar este problema fue el motivo del acuerdo que los partidos políticos suscribieron en 1995, conocido como el Pacto de Toledo.

La debilidad del Gobierno y la gravedad de la crisis económica está haciendo que, en muchos ámbitos de la vida española, independientemente de la ideología, se este planteando una próxima legislatura con un Ejecutivo fuerte, sustentando por el PP y el PSOE. Un Gobierno que, de una vez, haga todas las reformas que necesita España y recupere competencias para devolver la racionalidad a las comunidades autónomas, pero eso es de sentido común, poco habitual en política.