En España existen problemas graves, uno de ellos es, sin duda, los efectos de la mala administración, el excesivo endeudamiento, el déficit desbocado y el aumento desmesurado del funcionariado
No es la primera vez que escribo sobre el tema de las CC.AA, ni puede que sea la última; no obstante, creo que ha llegado el momento en el que se hable claramente sobre lo que ha sido, probablemente, uno de los mayores errores, bien intencionado, por supuesto, cometido por los llamados padres de la Constitución de 1978. Aquel por el que decidieron convertir nuestra nación, en lugar de un país con sus regiones y provincias, en una nación dividida en autonomías; lo que ha tenido por consecuencia, como resultado de pasividad del Gobierno, los intereses partidistas y la falta de reacción del pueblo español; se haya dado lugar a que, algunas de ellas, gracias a nacionalistas y separatistas, se hayan convertido en un cáncer metastático disgregante, que amenaza con acabar con nuestra unidad, nuestro sentido de patria única y nuestra cohesión como un solo pueblo con un idioma común, unos valores compartidos y solidario con el resto de pueblos con los que cohabitamos, en esta piel de toro que es España. Aún admitiendo que, en aquellos peligrosos y difíciles tiempos de la transición española, existían temores de que el vacío de poder, causado por la muerte del general Franco (a la que había precedido la de su posible sucesor, el almirante Carrero Blanco), permitiera a algunos grupos, que se habían mantenido en la clandestinidad, como el PCE – de los socialistas nadie hablaba y estaban lo que ahora se ha dado por decir missing ( aunque hayan sido los que, a la postre, hayan sacado más partido desde que, la mal llamada democracia, se instalara en España) – a intentar un golpe de estado que, no obstante, en tiempos del general Franco no se hubieran atrevido a intentarlo.
Probablemente habrán sido muchas las causas que nos han llevado a la actual situación y sería muy extenso pretender analizar todas las causas que habrán influido en que, hoy en día, la situación de España sea la que es y la evidente carga que, para el conjunto del país, su cohesión, su desarrollo, su economía, su solidaridad y para su gasto público; representa el que se tenga que bregar con 17 autonomías con sus respectivos gobiernos, sus transferencias, sus particularidades étnicas, idiomáticas y culturales y, como añadido, sus dificultades económicas fruto de la debilidad del Gobierno central de imponer unas reglas de conducta y un tope de gastos del que no pudieran salirse. Es posible que, la primera intención de los legisladores se limitase a que el gobierno autonómico tuviera la ventaja de acercar más al contribuyente con la Administración lo que, al menos en teoría, podría agilizar los trámites, mejorar el conocimiento de los problemas locales, y, por supuesto, ahorrar duplicidad de funcionarios. Sin embargo, los resultados no han sido los previstos y hoy estamos viendo que si en España existen problemas graves, uno de ellos es, sin duda, los efectos de la mala administración, el excesivo endeudamiento, el déficit desbocado y el aumento desmesurado del funcionariado que, en solo tres años, parece que haya aumentado en más de 500.000 nuevos contratados.
Estos días ha tenido lugar una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado por la señora Salgado que, después de afirmar en Bruselas que todas las autonomías españolas se ajustaban al déficit marcado, del 1’3%; ha tenido que comprobar, ante la evidencia de los hechos, que estaba en la higuera y que, la realidad, echaba por tierra todas sus ilusiones al respecto. Si, sólo Castilla-La Mancha, ya se habla de un déficit que puede rondar el 4’5% y en Catalunya su endeudamiento alcanza cifras más que preocupantes, a causa de efectos de 4 años del gobierno socialista del señor Montilla; lo que viene sucediendo en el resto de autonomías no invita a pensar que su situación sea mucho mejor, salvo en el caso especial de la comunidad madrileña, y que, su estado de cuentas, sea mucho más boyante que el de las mencionadas. No se ha llegado a acuerdo alguno debido a que los representantes de las autonomías pedían árnica para poder pagar en 10 años y el Gobierno, tal y como se esperaba, se ha mantenido en sus trece. Lo único que se ha logrado es que los gobiernos autonómicos puedan solicitar créditos del ICO por el máximo 50% de su deuda, que sólo podrá dedicarse al pago de las facturas pendientes de pago de sus proveedores. Una decisión absurda porque, si se hubiera aplazado el pago de la deuda, no hubiera supuesto ni más déficit ni más endeudamiento para el Estado; no obstante, si se acude al ICO en demanda de crédito dicho organismo deberá acudir a emitir deuda para obtenerlo.
Pero ahora no se trata de pedir cuentas al gobierno, que sí se le deben reclamar, sino de si el mantener el régimen autonómico es viable y si, dentro de unos años, de seguir por el mismo camino iniciado por el gobierno del señor Zapatero, va a quedar algo de España. Es posible que las diversas autonomías se hayan convertido en pequeñas naciones, separadas por fronteras, hablando distintos idiomas y peleando entre sí para vender sus productos. Y esto en el caso, como pudiera ocurrir, de que no se hubieran convertido en clones de los regimenes totalitarios, según el modelo de Venezuela, Bolivia o Ecuador; un camino que parece ser que, los “Indignados”, ya han iniciado, con el beneplácito del señor Rubalcaba, al proponer una serie de medidas que nos recuerdan las que se pusieron en práctica en las repúblicas de detrás del telón de acero. Esto nos hace pensar el que, estos Iluminados hayan acudido al inefable señor Llamazares para que haga llegar al Parlamento sus exigencias. ¿Son o no de izquierdas?
No obstante, volviendo al tema, es posible que se tuviera que replantear si, un país, puede soportar que, cada una de sus autonomías, dicte sus propias leyes; que no exista unidad de mercado y, cada autonomía, fije sus propias reglas económicas; si cada autonomía puede, a su antojo, obligar a que se hable el idioma local y se prohíba el uso oral o escrito, en la calle, en las escuelas u organismos públicos, con entera impunidad y puenteando el artículo quizá más claro de la Constitución española (el artículo 3.1), del castellano o español; que se ponga en cuestión el hecho de que, cada comunidad, no es más que un pedazo de España y se pretenda autogobierno o utópicas independencias, sin que, el Gobierno de la nación, se inmute ante tamaño atentado a la Constitución y a España; si cada autonomía puede prescindir, cuando le venga en gana, de las leyes estatales y se niegue a cumplir las sentencias de los tribunales españoles; si alguna autonomía puede imponer sus reglas propias en cuanto a convocar consultas para pedir la independencia o, si cada autonomía, puede pedir relaciones bilaterales con el Gobierno de la nación, en perjuicio del resto a las que se les niega o si, alguna autonomía, puede gozar de un Estatuto en el que le concedan derechos y privilegios que se les niegan a las otras o si, las autonomías con más influencia en las Cortes de la nación, pueden salir beneficiadas económicamente, chantajeando al Ejecutivo.
Es obvio y así se viene demostrando y nos lo recriminan desde la UE, que nuestro sistema autonómico se ha convertido en un problema insoportable para la nación española; que su deuda acumulada ha causado que las agencias de rating hayan rebajado los ratios de confianza, no sólo en la deuda española, sino en las autonómicas; lo que estamos viendo casi a diario cuando las bolsas nos están obligando, a pesar del apaño sobre la deuda griega, a tener que pagar una prima de riesgo más alta y unos intereses que, en la última colocación que ha hecho el Gobierno de deuda pública, nos ha costado 10 millones más en cargas. Y esto está empezando. O esta es, señores, mi forma de ver este tema.
Miguel Massanet Bosch