SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ  (Publicado en El País, aquí)

Jaume Matas, implicado en doce posibles casos de corrupción cometidos durante su desempeño como presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, fue también ministro de Medio Ambiente del gobierno de España entre 2000 y 2003, en el segundo periodo de José María Aznar y en una época de grandes debates sobre el Plan Hidrológico. ¿Pudo desde ese cargo cometer los mismos delitos que se le imputan como presidente balear?

Difícilmente, aseguran los expertos, porque un ministro, como toda la administración central del Estado, debe someterse al escrutinio de la Intervención General, funcionarios que examinan, obligatoria y previamente, un gran número de decisiones ministeriales para comprobar que se ajustan a la legalidad.

Cualquiera que examine la vergonzosa lista de casos de corrupción que se investigan estos días (y, en algunos casos, se juzgan), advertirá que la inmensa mayoría de ellos se producen en el entorno de las administraciones autonómicas y de los ayuntamientos. Es poco probable que la ética se reparta en términos territoriales, así que de lo que se trata aquí es simplemente de disponer o no de sistemas de control y prevención. La corrupción no se combate con héroes, ni tan siquiera con fiscales anticorrupción, sino con una tupida red de funcionarios que se podrían llamar "de segunda fila", profesionales competentes que vigilan el cumplimiento de una cosa tan burocrática como son los procedimientos.

A la vista de los resultados, está claro que buena parte de las Sindicaturas de Cuentas creadas en las Comunidades Autónomas no tienen una base institucional, ni una protección, tan fuerte, como la Intervención General del Estado y que esa debilidad es la que impide prevenir y dificultar los casos de corrupción. El cuerpo equivalente de la Junta de Andalucía, por ejemplo, envió tres informes a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social cuestionando el procedimiento administrativo utilizado para financiar ayudas a empresas en crisis y expedientes de regulación de empleo, pero al ser informes no vinculantes y al no disponer de ninguna capacidad sancionadora, el trabajo de sus profesionales fue ignorado.

La Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana, en el informe sobre sus actividades que elaboró en 2010, señalaba que en las 207 fiscalizaciones específicas de entidades locales que había realizado en el periodo 2003-primer trimestre de 2010 (un número sorprendentemente bajo) había detectado entre un 21% y un 25% de "incidencias en la fiabilidad de la contabilidad". Aun así, de ese anuncio no se derivó ninguna corrección.

Luchar contra la corrupción significa, entre otras cosas, controlar cualquier ayuda o subvención que proceda de fondos públicos y que se destine tanto a personas físicas como a entidades o empresas. El control a posteriori, individualizado, requeriría obviamente el uso de recursos casi ilimitados, pero el control previo, ejercido por un cuerpo de profesionales independientes que apliquen normas claras, depende exclusivamente de una voluntad política y de un diseño institucional adecuado. Hasta ahora, la mayoría de los políticos españoles se ha escudado en la teoría de que los controles previos estrictos impiden salir al paso de situaciones urgentes que precisan reacciones rápidas. Un simple vistazo a los países con menos corrupción del mundo demuestra que eficacia y normas estrictas son perfectamente compatibles.

La clave de la lucha contra la corrupción esta también en las leyes de acceso a la información. En España es imposible saber cuantas sentencias por corrupción se dictan al año ni, mucho menos, cuánto dinero se rescata, dos datos, por ejemplo, que en otros países europeos, o en Estados Unidos, se obtienen con un simple clic del ordenador y que ayudan a alertar a la ciudadanía.

Quede claro que evitar más casos como la imputación de Jaume Matas, Francisco Camps o Iñaki Urdangarin, es perfectamente posible y que la corrupción no es una maldición latina inevitable. Quizás ahora que el Partido Popular reúne el poder en el gobierno central y en la mayoría de las Comunidades Autónomas, seria la ocasión para que los sufridos ciudadanos reclamemos, de una vez por todas, los simples procedimientos que permitan acabar con esta vergüenza.