(Publicado en el Blog de Álvaro Anchuelo, aquí)
Este es un problema que era necesario abordar con urgencia. Algunos cálculos elevan a 40.000 millones de euros el montante de las deudas del conjunto de las administraciones (locales, autonómicas y central) con sus proveedores. Muchas empresas se han visto obligadas a cerrar por culpa de la morosidad pública, algo que debería haber sido intolerable.
El mecanismo propuesto por el gobierno tiene importantes rasgos positivos. Debería ayudar a que las facturas saliesen de los cajones, pues los ayuntamientos querrán acceder a los créditos públicos que se ponen a su disposición y las empresas podrán solicitar que se incorporen sus facturas si no aparecen. Plantea una solución a corto plazo al bloqueo existente, en el que las administraciones estaban dejando de pagar.
Sin embargo, no está exento de inconvenientes. Por mucho que los ayuntamientos diseñen planes de ajuste en los que se comprometen a gastar dentro de sus posibilidades, y a pagar las deudas (incluyendo los nuevos créditos del Estado), no está claro cómo van a poder lograrlo. Para ello, esta medida de urgencia debería ser sólo una pieza de un programa de reformas más amplio, que incluyese la reforma de la financiación local y medidas de ahorro como la fusión de ayuntamientos, que defiende UPyD. Hace falta un modelo, un diseño final, del que las medidas a corto para salir del apuro sólo sean una parte.
Por otro lado, al eximir estos créditos del Estado a los ayuntamientos de la disposición adicional única de la Ley de Estabilidad todavía vigente, que establece la no asunción por el Estado de las obligaciones contraídas por otras administraciones, se crea un peligroso precedente que incentivará los comportamientos indeseables en el futuro. Es algo que va en contra de las prácticas habituales en los Estados federales. Deberá ir unido a mayores controles. También sería necesaria una reflexión sobre qué ha fallado para permitir que todo esto haya sucedido.