Barcelona no puede convertirse en el decorado de una campaña electoral levantada sobre el miedo. Los saqueos, la quema de contenedores y los ataques al mobiliario urbano merecen una condena inequívoca. Pero condenarlos exige también impedir que la indignación sustituya a la investigación y que las sospechas se vendan como pruebas. La distinción decisiva es esta: beneficiarse políticamente de unos disturbios no demuestra haberlos organizado.
El balance de los incidentes del sábado 24 de octubre explica la gravedad de lo ocurrido: 128 detenidos, una amplia presencia de menores, 23 comercios afectados y quince agentes heridos, según las informaciones publicadas. Detrás de esas cifras hay trabajadores, comerciantes y vecinos que no tienen por qué pagar, ni material ni emocionalmente, la factura de la violencia.abc
Los promotores: investigar antes de señalar
La pregunta sobre quién alentó los actos es indispensable. Precisamente por eso no debe contestarse con una consigna.
Las informaciones disponibles sitúan la convocatoria en redes sociales, especialmente TikTok, y en su difusión mediante grupos de WhatsApp. Aparecen referencias a la etiqueta «Blocus» y a fórmulas inspiradas en movilizaciones francesas. Los Mossos investigan el origen y los responsables de esas llamadas; las autoridades catalanas han situado la convocatoria al margen de las organizaciones habituales de protesta política o social. Eso no permite dar por acreditada una dirección partidista ni una operación exterior.
Conviene distinguir tres responsabilidades: la de quienes ejecutaron los destrozos, la de quienes pudieron incitarlos u organizarlos y la de quienes los utilizan después como argumento electoral. Pueden existir conexiones, pero corresponde demostrarlas. Confundir esos planos permite que cada partido encuentre inmediatamente al culpable que mejor encaja en su campaña.
La insinuación de Gabriel Rufián —que, si la violencia beneficia a la extrema derecha, habría que investigar su posible implicación— contiene una exigencia legítima de esclarecimiento, pero no una prueba de autoría. Tampoco las acusaciones de Feijóo contra Sánchez convierten al Gobierno en promotor de los altercados. Una democracia no puede aceptar que la atribución de responsabilidades dependa del rendimiento electoral de una sospecha.
La batalla por apropiarse del miedo
La explotación política ya está en marcha. Feijóo ha llevado los incidentes al terreno de la seguridad y la convivencia; Vox ha condensado su mensaje en una disyuntiva electoral: «O Vox o caos». Al mismo tiempo, Salvador Illa y Jaume Collboni han condenado los hechos y anunciado actuaciones para identificar y exigir responsabilidades a los implicados. Por tanto, presentar una supuesta tolerancia institucional con los saqueos como un hecho probado tampoco describe fielmente las posiciones expresadas.
Eso no exime de fiscalizar la gestión policial. Las autoridades reconocieron que la violencia desbordó sus previsiones, pese a que conocían la convocatoria y habían adoptado medidas preventivas. Preguntar qué falló, cómo se evaluó el riesgo y qué debe corregirse es control democrático, no oportunismo por definición. El oportunismo empieza cuando la exigencia de explicaciones se sustituye por una culpabilidad prefabricada.elnortedecastilla
La seguridad no debería ser patrimonio de una ideología. Defenderla significa proteger a la vez al comerciante frente al saqueo, al vecino frente a la intimidación y al manifestante pacífico frente a su identificación interesada con los violentos.
Hasta el 11N: separar la protesta del vandalismo
Desde este lunes 26 de octubre quedan dieciséis días hasta la huelga del 11 de noviembre. La movilización se está articulando alrededor de la vivienda y el trabajo digno, con actividad sindical y participación del movimiento por el derecho a la vivienda. No hay base para convertir esa convocatoria, por anticipado, en una prolongación de los disturbios. Las autoridades también han desvinculado los actos violentos de la acampada por la vivienda de plaza de Catalunya.
Ese intervalo exige responsabilidad en tres frentes:
- A las instituciones, prevención y transparencia: explicar lo conocido sin interferir en la investigación.
- A los convocantes, preservar el carácter pacífico de la protesta y rechazar cualquier intento de utilizarla como cobertura para causar daños.
- A los partidos, discutir las reivindicaciones y las responsabilidades de gestión sin criminalizar colectivamente a quienes ejercen sus derechos.
La batalla de las urnas no puede borrar la diferencia entre reclamar una vivienda y saquear una tienda. Tampoco debe permitir que una reivindicación social sirva de excusa para justificar un delito.
Barcelona necesita conocer quién convocó, quién incitó y quién destrozó. Lo demás —las autorías insinuadas, los culpables instantáneos, los eslóganes pronunciados ante un escaparate roto— pertenece a una campaña que corre el riesgo de encontrar en el incendio una comodidad: hablar del miedo para no tener que responder por sus soluciones.
Los partidos están reaccionando en dos planos: la respuesta policial a los disturbios y la disputa por imponer su interpretación electoral. El desacuerdo no se centra tanto en condenar los destrozos como en quién debe responder por ellos y qué relato debe prevalecer: fallos de prevención, pérdida de autoridad, inmigración o instrumentalización política. La seguridad se ha convertido así en un terreno central de confrontación.
Qué está defendiendo cada partido
- PSC: firmeza institucional y defensa de la actuación policial. Salvador Illa promete identificar a participantes y organizadores y responder «con la ley en la mano». Jaume Collboni respalda el dispositivo, rechaza que fuera insuficiente y anuncia que el Ayuntamiento se personará judicialmente contra los responsables. Su posición combina castigo a los autores, respaldo a los agentes y rechazo a que se confunda protesta democrática con vandalismo.
- PP: exigencia de más contundencia y responsabilización política de los gobiernos socialistas. En Barcelona, Daniel Sirera sostiene que no bastan las declaraciones del alcalde y reclama «contundencia policial», además de cuestionar la suficiencia de las medidas preventivas. En el ámbito nacional, Feijóo eleva el enfrentamiento al señalar a Pedro Sánchez por haber deteriorado la convivencia. Son dos niveles distintos: fiscalización del operativo local y atribución de responsabilidad política al Gobierno central. Esta última no demuestra una relación causal con los disturbios.e
- Junts: acusación de falta de previsión y pérdida de control. Reclama la comparecencia urgente de la consellera de Interior, Núria Parlon, para explicar qué información existía, qué medidas se adoptaron y qué falló. Míriam Nogueras pide reforzar los efectivos de los Mossos y evitar que se reproduzcan los incidentes. Su ofensiva se centra especialmente en la competencia del Govern y de Collboni para garantizar el orden público y proteger al comercio.elperiodico
- Vox y Aliança Catalana: vinculación del vandalismo con la inmigración. Ambas formaciones han presentado los incidentes en esa clave. Aquí importa separar discurso y hechos: EFE señala que atribuyeron los actos a «jóvenes extranjeros» cuando todavía se desconocía la identidad de los detenidos. Esa atribución política no debe presentarse como una conclusión de la investigación.efe
- ERC, a través de Gabriel Rufián: sospecha sobre la instrumentalización de los altercados. Rufián ha planteado la hipótesis de una «operación de Estado». Es una interpretación política que debe distinguirse de una autoría acreditada: las declaraciones recogidas no aportan por sí mismas una demostración de quién organizó los hechos.abc
Dónde está el verdadero choque
La primera disputa es sobre la prevención. Collboni sostiene que se detectó la convocatoria y se tomaron medidas; Junts y PP responden que el resultado obliga a explicar por qué esas medidas no evitaron los saqueos. Esta es una controversia comprobable mediante información sobre las alertas previas, la evaluación de riesgos y las decisiones operativas.
La segunda es sobre a quién atribuir la responsabilidad. El PSC pone el foco en autores y organizadores; Junts, en la gestión de las instituciones catalanas; el PP extiende la acusación hasta Sánchez; Vox y Aliança introducen la inmigración como explicación. No son argumentos equivalentes ni están respaldados por el mismo tipo de evidencia.
La lectura electoral es, por tanto, bastante clara: los socialistas quieren demostrar autoridad sin admitir un fracaso del dispositivo; Junts y PP cuestionan su capacidad de gobierno; Vox y Aliança llevan la discusión hacia la inmigración. Esa competencia puede favorecer la rendición de cuentas si obliga a esclarecer lo ocurrido, pero la enturbia cuando las acusaciones avanzan más deprisa que las pruebas.