¿Por qué, en Catalunya, se paga tasa y copago por los medicamentos? (por Miguel Massanet Bosch)

 

El arte de gobernar generalmente consiste en despojar de la mayor cantidad posible de dinero a una clase de ciudadanos para transferirla a otra. Voltaire (François Marie Arouet) (1694-1778).

 

En ocasiones conviene recordar a nuestros políticos que en España tenemos un Constitución, la de 1.978, que sigue vigente, aunque parezca que a algunos de nuestros gobernantes se les olvida, con harta frecuencia, consultarla antes de dar suelta a sus instintos recaudatorios; una enfermedad de las que resultan más comunes en las clases gobernantes que, a falta de ideas más preclaras, de iniciativas más inteligentes o de mentes más espabiladas, optan siempre por despojar de su dinero a los ciudadanos con el peregrino argumento, algo difícil de comprender, de que el asaetearlos a cargas, tasas e impuestos, es lo mejor que les puede ocurrir. Porque, si a estos "devora haciendas", que tan implacables se muestran desplumando a los españoles, con el agravante que, según en que lugar de la geografía española tengan la suerte o la desgracia de vivir, unos van a pagar más que los otros, por los mismo servicios de las Administraciones públicas; se les deja a su aire, van a acabar con todos nosotros. La explicación está en el régimen autonómico.

 

Claro que esto no ocurriría si se tomaran la molestia de consultar el Art. 14 de nuestra Constitución, donde hallarían claramente especificado, un precepto que, para cualquier estado moderno, se trata de un derecho fundamental para sus ciudadanos: "Los españoles son iguales ante la Ley sin que pueda prevaler discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

 

Un elemental principio de derecho dice que "donde la ley no distingue no se debe distinguir" y es evidente que, cuando en la Constitución se habla de un modo genérico de la Ley, no se refiere a un solo tipo de normas sino que se aplica a todas las leyes, de cualquier signo que fueren, incluidas las fiscales, tasas etc. que estén vigentes en nuestro país. Por esto, no nos queda más remedio que denunciar las anomalías que se vienen produciendo en Catalunya, respecto a las recientes normas que se han puesto en vigencia para que a los ciudadanos, los beneficiarios de la Seguridad Social, incluso los jubilados y enfermos crónicos, se les obligue a contribuir con una parte del precio de los medicamentos que reciben de los Servicios Catalanes de la Salud, para hacer frente a sus dolencias. Empezando por la falta de una información clara y entendible para todos, respecto a cómo se deberá aplicar la normativa estatal, basada en la contribución de un tanto por ciento del precio del medicamento de acuerdo con la situación económica del asegurado, quien pagará en función de una escala, en relación con su declaración de renta, eso sí, con unos topes mensuales que, no obstante, no serán reintegrados por las farmacias sino que se les serán devueltos por medio de un ingreso en sus respectivas cuentas corrientes ( ¿y si el sujeto no tiene cuentas corrientes, se verá obligado a acudir a los servicios de la Seguridad Social para ser reintegrado de lo que se le deba?). Una medida de tal calado y complejidad que ha creado confusión en los mismos farmacéuticos y dependientes de farmacia, ya calcularán ustedes cómo se le puede explicar a un anciano y hacerle ver que, de lo poco que cobra de pensión, todavía tiene que deducirse una parte, para pagar las medicinas, de las cuales no puede prescindir.

 

Naturalmente, la burocracia que se está creando alrededor de estas nuevas disposiciones estatales está poniendo a prueba, no sólo la capacidad de muchos beneficiarios, a los que les cuesta entender un mecanismo tan insólito y complicado, sino la picaresca de algunas autonomías, que quieren aprovecharse de la confusión para colarnos de remolón otras tasas que ya se habían anticipado a poner en funcionamiento; como es el caso del euro por medicamento, que ya se viene cobrando en las farmacias catalanas por cada receta expedida por los Servicios médicos de la Seguridad Social. Al parecer, en la comunidad catalana los beneficiarios, incluidos pensionistas y enfermos crónicos, van a tener que pagar por sus medicamentos, no sólo la parte que les corresponda según la nueva norma estatal sino que, además, seguir pagando esta mal llamada tasa ( la definición de la RAE es la siguiente:"Tributo que se exige con motivo del uso ocasional de ciertos servicios generales") ya que, en realidad, se trata de un recargo que se han sacado de la manga que grava un servicio al que tenían derecho todos los trabajadores, regulado por una ley estatal que nada tiene que ver con las autonomías, que solo han asumido las competencias delegadas por el propio Estado, para su gestión. Porque, señores, si un ciudadano que viva en Madrid sólo tiene que pagar las cantidades fijadas en la ley estatal que impone (no se sabe si de forma constitucional o no) un recorte de los derechos sanitarios de los beneficiarios de la SS; resulta que, por estar en Catalunya, tiene que pagar más por el mismo servicio ¿dónde está la igualdad ante la ley de la que nos habla el Art. 14 de la Constitución? O es que, en Catalunya, existe un privilegio especial –como ya estamos viendo en el tema de la enseñanza en castellano, prácticamente inexistente, saltándose las sentencias del TS y del TC, sin que les ocurra nada –; va a ocurrir que también van a poder machacarnos con más gravámenes, a los ciudadanos que vivimos en esta autonomía, sólo por el hecho de que nos haya tocado la suerte de residir en una comunidad separatista, que se pasa por el Arco del Triunfo las leyes estatales, cuando no les conviene aplicarlas.

 

Hay algo que no se ha tenido en cuenta y es que existen autonomías en el que el coste de vida es mucho más elevado que en otras y, en cambio, las pensiones que se cobran para muchos retirados o incapacitados, resultan insuficientes para poder llevar una vida digna, Ya sabemos que, para las más raquíticas no se aplicarán las medidas que se han venido promulgando últimamente; sin embargo, esto no obsta a que haya muchos casos de personas mayores o crónicos que precisan de muchos medicamentos, que van a tener que pagar los máximos mensuales sin que pensiones, como viene ocurriendo, hayan aumentado durante los últimos años ( el 1% del año 2011 quedó absorbido, con creces con el aumento del IRPF, de modo que se cobra menos que antes).

Vean a cambio lo que demuestra la ineficacia de los servicios de inspección de la Seguridad Social. Resulta que han aparecido más de 150.000 tarjetas de supuestos beneficiarios que ya habían fallecido y que seguían siendo usadas, fraudulentamente, por sujetos que se valían de ellas para sacar medicamentos sin que ni los médicos ni quienes tenían la obligación de vigilar que esta anomalía no ocurriera, cumplieran con su obligación. Los que vamos a salir perjudicados por las nuevas medidas de pago queremos, no, ¡exigimos!, a las autoridades, que valoren los perjuicios y los costes que han reportado las medicinas expedidas a las supuestas 8.000 personas que pudieran haberse aprovechado del fraude, para saber si, los culpables de que esta anomalía se haya producido, van a ser despedidos y si, el ahorro que de todo ello supondrá para las arcas de la Seguridad Social, va a redundar un beneficio para quienes van a salir perjudicados por las nuevas normas recaudatorias. O, señores, deberemos concluir que, en España, la Justicia está de vacaciones perennes.

Miguel Massanet Bosch