El Gobierno de Cospedal pretende despedir a cientos de interinos (por Esther Tejedor)

El goteo de despidos en la Junta de Castilla-La Mancha continúa. Después de que, según fuentes sindicales, unos 15.000 funcionarios interinos se fueran a la calle en el último año, la mayor parte en los sectores de Educación y Sanidad, el Gobierno de Dolores de Cospedal pretende despedir a buena parte de los interinos que restan en la Junta. Sindicatos y Ejecutivo regional negocian esta noche el plan de recorte que, según el portavoz del Gobierno del PP, implicaba la amortización del 43% de
los puestos interinos. Los sindicatos elevan la cifra hasta el 80%.

El 11 de julio pasado, el director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, dictó una
instrucción que prevé la amortización de 672 puestos de trabajo de funcionarios interinos, un 80% del total. Días después, el consejero de Administraciones Públicas y portavoz regional del Ejecutivo, Leandro Esteban, lo desautorizó en público. Pero, según los sindicatos, en la mesa de negociación que se reunió a finales de julio, De la Fuente comunicó que Esteban le había dado orden de seguir adelante con el ajuste.

La instrucción 5/2012 sobre medidas para la racionalización y reducción del gasto en materia de empleo público, hoy “desautorizada" por el Gobierno de Cospedal, especifica que “cada consejería y organismo autónomo deberá amortizar el 80% de los puestos de trabajo vacante que, a fecha de 16 de julio de 2012, estén ocupados por personal funcionario interino”.

Un portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha insistió hoy en que la propuesta “desde el principio” era amortizar el 43% de puestos y justificó la necesidad de despidos por el “desdoble” de plazas durante el Gobierno socialista de José María Barreda. En palabras del portavoz, la instrucción "nunca fue válida" y "ni por asomo" la cifra de afectados llegará al 80%.

Pero los sindicatos aseguraron que el ajuste seguía afectando al 80%. A la cita de hoy han acudido UGT, Comisiones Obreras y el sindicato de trabajadores de la Administración (STAS). Ha declinado la participación en la mesa el CSI-F por considerar que “se puede hacer bastante poco”. Los representantes de trabajadores tacharon la negociación de “pantomima” y acusaron al Gobierno de
“actitud dictatorial” por no admitir ninguna propuesta. Gustavo Fabra, del STAS, aseguró que el Gobierno regional prevé más amortizaciones de puestos. La supresión afectará a todos los departamentos y provincias de Castilla-La Mancha, según denuncian los sindicatos.

Estos denunciaron que algunos despidos entrarán en vigor desde mañana. El viernes, al menos 32 trabajadores de la Consejería de Agricultura tuvieron constancia de su futuro despido tras aparecer como “cesados” en la página interna de acceso exclusivo para los empleados públicos. Como figuraba allí, su despido se haría efectivo el día 21 de agosto, un día después de la reunión de la mesa sectorial y sin esperar, pues, a las conclusiones a las que en esta podrían llegarse. El director general de la Función Pública habría anunciado a los sindicatos la intención de publicar mañana en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la relación de puestos de trabajo donde se anuncia la supresión de las plazas.

Los sindicatos defienden que la Junta no tiene voluntad negociadora y aseguran que impugnarán judicialmente los despidos por considerarlos fraude de ley.

La razón de estos despidos estriba, según señala la Junta, en que "muchos puestos de trabajo de la Administración regional se han desdoblado, dividiéndose en varias plazas, una práctica irregular del Gobierno anterior, sin realizar análisis exhaustivos sobre la necesidad de puestos de trabajo con los medios disponibles”. Además, ha señalado que “la aplicación de estas medidas persigue el aumento significativo de la productividad de los funcionarios, garantizando así la prestación de los servicios sociales básicos”.

En agosto de 2011, tras haber ganado el Partido Popular las elecciones a la Junta de Castilla-La Mancha, la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, anunció un recorte de cerca del 20% de los Presupuestos Generales de la región para 2012 .El Ejecutivo manchego pretendía ahorrar entonces 1.815 milllones de euros entre 2011 y 2012

En diciembre de 2011, Cospedal concretó las medidas de este plan en lo era, hasta entonces, el mayor recorte a funcionarios que había llevado a cabo un Gobierno del PP. El viernes 2 de diciembre la propuesta de agosto aumentó en 350 millones a partir de 2012. El programa, que ascendía entonces a 2.165 millones, representaba el 25% del presupuesto de la comunidad. Entre las medidas más destacadas estuvo la elevación de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas y la reducción en un 3% bruto
el sueldo de todos los empleados públicos. Además, y pese a haber descartado tal posibilidad, en agosto la Junta preveía reducir el déficit mediante, entre otras medidas, la subida de impuestos. Se verían así afectados los precios de los hidrocarburos, el tramo autonómico del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el llamado canon eólico, entre otros.

A mediados de mayo de este año, y para cumplir con el objetivo de déficit del 1,5%, fijó un plan de ajuste que preveía recortes sociales muy duros. Según reveló el plan de ajuste que presentado al Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo de Dolores de Cospedal debía reducir sus gastos en 1.556 millones de euros, y de ellos casi 850 millones corresponderían al tijeretazo que efectúa en los servicios públicos.

El grueso del recorte que plantea el nuevo plan de ajuste irá a parar a la sanidad pública, que pierde casi 540 millones de euros. Además, "se plantea la colaboración público privada como una estrategia a largo plazo orientada a garantizar la viabilidad de nuestro sistema sanitario público", según el
documento. Los sindicatos aseguran que esta tarde el director general de la función pública, ha expresado que "los servicios sociales hay que pasarlos a manos privadas a medio plazo".

Este mismo agosto Castilla-La Mancha ha reducido también los equipos que trabajan en el sistema de la dependencia en un 57%. En total se destruyeron 104 puestos de trabajo vinculados al ámbito de los servicios sociales. "Ya nos advirtieron de que no se iban a mover de esta posición, pero teníamos esperanza de que el Gobierno entendiera que esto es un ataque frontal a los servicios sociales", dijo entonces a Efe Ramón González, representante de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO.