Improvisación y fracaso en el despido de los interinos castellano-manchegos (por Juan Andrés Buedo)

 

Mi recorrido por las Administraciones Públicas ha sido extenso, prolijo y muy dilatado, quedándome solo unos días para cumplir 39 años de funcionario, pues ingresé allá por el primero de septiembre de 1973 en la Administración como maestro de enseñanza primaria. Al divisar esa larga trayectoria confieso que nunca había estado anímicamente tan mal como ahora mismo, con Cospedal y sus muchachos, ni en los hondos tiempos del franquismo. Ni entonces, como la realidad nos demuestra, se mezclaban los elementos organizativos del sistema de forma tan inarmónica, sin una dimensionalización adecuada y mal estructurada como está ocurriendo ahora, donde la improvisación y las actuaciones dispersas están llevando al más estrepitoso fracaso. Me refiero en concreto al despido de interinos, un total de 710, además de los que ha habido a principios del verano en Educación y Sanidad, y que los sindicatos cifran en miles.

Es deprimente encontrarse en la actualidad en una Administración como la de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, porque, según demuestran los hechos, no cuenta con un modelo definido de función pública, sobre el que pueda articularse una política de Recursos Humanos adecuada. Muy al contrario, como acaban de denunciar los sindicatos, la medida contra los interinos ha sido poco reflexiva, indiscriminada e incoherente con las necesidades laborales de la administración regional. Peor todavía, la Dirección General de la Función Pública no ha respetado los principios esenciales de la negociación colectiva, saltándose normas de obligado cumplimiento –hasta la principal de ellas: el Estatuto Básico de Empleo Público- y con ello ha venido a ocasionar un menoscabo y unas lesiones considerables en los derechos constitucionales de los trabajadores y de sus representantes legales.

A la vista de todo esto, los funcionarios más veteranos nos preguntamos: ¿para esto ha valido todo lo que hemos dado a la Administración y al servicio público durante decenas de años? Seguro que no, para que vengan ahora cuatro indoctos y se carguen la ciencia y el esfuerzo en dos días, en pos de sustituir el sistema de carreras (que se asienta sobre normas del Derecho público, subordinando el rendimiento a las necesidades de interés general) por el denominado sistema de empleo (que se sustenta en normas del Derecho privado, procurando alcanzar las más altas cotas de rentabilidad y eficacia). Es innegable que los cambios sociales producidos últimamente en el mundo, obligan, sobre todo ahora en la Unión Europea y por su recesión económica, a una readaptación de las relaciones: poderes públicos-sociedad, haciéndose más acordes con las demandas y necesidades actuales. Para ello, consideramos que deberá definirse el tipo de administración que se quiere, tomando de los dos sistemas básicos citados los elementos necesarios para confeccionar el modelo más adecuado, sobre la base de las peculiaridades culturales de nuestro país.

Esto último nos dirige a marginar por completo medidas como la de «expulsión» de personal formado y demostradamente eficiente, caso del interino, dejando vacantes áreas de servicio público y anulando prestaciones de primer orden en el Estado de Bienestar vigente, con lo que se abre un largo túnel –estrecho, cubierto de sombras, con vehículos retardados y de calmosa velocidad de salida- que nos separa en la holgura y el acomodo de los países prominentes de Europa.

Los sindicatos temían que en Castilla-La Mancha el ajuste alcanzara a un mayor porcentaje de la plantilla, como preveía una instrucción publicada el 11 de julio por el director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, que hablaba de la amortización de 672 puestos de trabajo de funcionarios interinos, un 80% del total. Ese documento especificaba que «cada consejería y organismo autónomo deberá amortizar el 80% de los puestos de trabajo». Días después, el consejero de Administraciones Públicas y portavoz regional del Ejecutivo, Leandro Esteban, desautorizó esta instrucción en público. Pero, según los sindicatos, en una mesa de negociación que se reunió a finales de julio, De la Fuente comunicó que Esteban le había dado orden de seguir con el ajuste. Estas son las formas, sí pero no, sino todo lo contrario. O sea, puro cinismo, absoluta descortesía y marginación total del derecho. Así no vamos a ninguna parte.

La impremeditación y dispersión de esos dos altos cargos del PP de Cospedal en la Junta de Comunidades, que ha derivado en la petición de dimisión de ambos por sindicatos y partidos políticos ubicados en esta región, denota principalmente una falta de planificación de los Recursos Humanos en la Administración autonómica. Esto quiere siempre decir que se carece de un asentado proceso por el que dicha organización tiene el número suficiente de personas y con la calificación adecuada, en los puestos concretos y en el momento oportuno, para que sea lo más económicamente útil (E. W. Vetter, 1972).

Actualmente, el instrumento principal de planificación en materia de recursos humanos son las relaciones de puestos de trabajo (RPT), que tienen un marcado carácter legalista y, como advirtió Andrés Rodríguez Fernández, siguen sin especifican los contenidos concretos a desarrollar en el puesto. Además, dichas relaciones se elaboran desde una perspectiva a corto plazo y sin tener suficientemente en cuenta las futuras variaciones del personal activo (bajas por jubilación, maternidad/paternidad, formación preparatoria, etc.). Esta ausencia de planificación estratégica de los recursos humanos genera, por tanto, una baja relación entre los costes laborales y la efectividad que se produce en nuestra función pública. Además, al no diseñarse los puestos de trabajo específicamente y no definirse las tareas, funciones y responsabilidades concretas, se produce una merma en uno de los factores motivacionales más importantes: la retribución o el salario. Como sabemos, las retribuciones que percibe un funcionario están determinadas en función de la escala y cuerpo al que pertenece, junto con algún plus de dedicación o destino, pero sin establecer distinciones entre las distintas funciones, tareas y/o responsabilidades que funcionarios de la misma escala desempeñan en puestos distintos.

Rodríguez Fernández, entonces, nos ha orientado en la denuncia de la irresponsabilidad del Ejecutivo de Dolores de Cospedal en el terreno comentado, ya que los aspectos básicos que una Dirección responsable debe atender especialmente, han de ser el control y evaluación de la planificación y la gestión. Todo ello, dirigido hacia la consecución de políticas definidas y ampliamente difundidas. Sin embargo, los objetivos estratégicos a medio y largo plazo a los que nos referimos, no se han elaborado sistemáticamente y menos aún los objetivos hechos públicos en la instrucción citada. Se pierde ésta en ese hábito tan común entre los dirigentes políticos de no dar a conocer notoriamente y convertir en información pública las políticas institucionales encaminadas a resolver los problemas de la Comunidad.

Planificar en el sector público (como en el privado) supone una serie de pasos, tales como: identificación de problemas, formulación de políticas concretas, toma de decisiones particulares, implementación de lo acordado y evaluación de los resultados. Todo ello inserto en un proceso continuo de retroalimentación y contando con la participación activa de los ciudadanos y de los destinatarios, como legitimadores y enriquecedores del proceso. Solo la patibularia manera de proceder en el despido de los interinos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en cambio, evidencia una dirección apoyada en una escasa o nula planificación estratégica, orientada al «día a día» o a cortos períodos temporales.

Esto nos conduce siempre a aconsejar que el logro de buenos resultados en la política y en la gestión pública requiere contar con gobernantes y funcionarios que hayan interiorizado los valores y posean una conducta íntegra, pues son estos servidores públicos quienes marcan las directrices y dan operatividad a las instituciones. Y esto nos sumerge de lleno en la ética para los servidores públicos, que se refiere a situaciones de aplicación. El bien común aquí, lejos de ser una abstracción, se materializa en cada acto realizado en las múltiples instancias de la Administración Pública. En el caso ahora mostrado los sindicatos denunciaron la actitud «intransigente» de la Junta. Además, Gustavo Fabra, del STAS, acusó al director general de la función pública, Juan Manuel de la Fuente, de «actitud dictatorial». Desde el Gobierno, un portavoz de Dolores de Cospedal aseguró que la orden estaba «desautorizada» y «ni mucho menos» la cifra de despidos sería la apuntada por los sindicatos. Esta voz también justificó los despidos por lo «sobredimensionado» de la Administración territorial. Los sindicatos niegan sin embargo este punto y sostienen que el despido de los interinos supondrá «la quiebra técnica» de los servicios regionales. Una de las afirmaciones más tristes y preocupantes entre algunas de las manifestaciones que se hicieron en el transcurso de la mesa de negociación la pronunció el director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, al indicar que esto no era nada más que el comienzo, que una vez resuelto el tema de los interinos empezarían con los laborales y con el resto del personal de la Administración regional. De aquí que, antes de sumergirnos en depresiones o ansiedades que la Psicología aplicada de la función pública tiene perfectamente delimitadas, se nos abra la necesidad de una respuesta imprescindible al gran interrogante que esta ciencia pone ante nosotros: ¿Y si empezásemos por la propia dimisión del director general?, como he escuchado decir a los funcionarios más veteranos, convencidos de las muchas quiebras e impericias demostradas por él en el ejercicio de su cargo. Hasta el punto de ser desautorizado públicamente por el consejero de Presidencia. Una circunstancia que sólo trae la solución de tomar la puerta y marcharse; voluntaria u obligatoriamente.

 

Juan Andrés Buedo