Victoriano Martín (Publicado en elEconomista.es, aquí)
La inmensa mayoría de las medidas de ajuste tomadas por el Gobierno actual,
además de ser coyunturales, tienen una serie de características preocupantes:
afectan mayoritariamente a los empleados públicos y, dentro de éstos, a dos
profesiones -los médicos y los maestros- de capital importancia para la
acumulación de capital humano y su consecuencia, el avance tecnológico, tal vez
la variable determinante del crecimiento económico. No se toca ninguno de los
gastos superfluos pero estructurales en los que incurren el propio Estado
central, las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y los
ayuntamientos, lo que no tiene otra explicación que la de que afectan a los
privilegios de la casta política. Se han reducido en un 20% las subvenciones a
partidos políticos, sindicatos y patronal. ¿A qué espera el Gobierno para
suprimir todas las subvenciones?
A propósito de las subvenciones, las más perversas y que son el escarnio
para el mundo subdesarrollado y los países en vías de desarrollo son las que
reciben los agricultores de los países ricos, con independencia del nivel de
renta. Un editorial del Financial Times del 16 de agosto postulaba
"una reforma fundamental de las leyes agrarias". Cuatro días más tarde, el día
20, el mismo periódico en su sección de Cartas reproducía una escrita por dos
profesores americanos de Contabilidad y Finanzas, que ponía el dedo en la llaga
acerca de los efectos perversos de la protección agrícola, refiriéndose a ellos
como "simplemente una defensa corporativa de los privilegios de los
agricultores" de los países ricos.
La carta de los profesores insiste en la obligación moral de todos los países
ricos de reformar sus leyes agrarias, porque prácticamente todos ellos subsidian
su sector agropecuario, mientras que las restricciones agresivas a las
importaciones y las tarifas arancelarias sobre las importaciones agrícolas
procedentes de los países pobres y en vías de desarrollo tienen un impacto
trágico sobre la supervivencia de estos últimos países.
A este respecto existen varias preguntas que no tienen fácil respuesta. ¿Por
qué no se suprimen todos los subsidios agrarios desde el momento que no son otra
cosa que una forma de defensa corporativa de los privilegios de los
agricultores? ¿Por qué razón las clases bajas y medias tienen que subsidiar a
agricultores millonarios o a cualquier clase de agricultores? Los países de
la OCDE mantienen todavía un nivel de protección arancelaria media a las
importaciones de productos agrarios de en torno al 40%. Este porcentaje era el
que existía para los productos industriales a mediados del siglo pasado,
proporción que en la actualidad es de alrededor del 5%.
La mayor protección a los productos agrarios, tanto en aranceles como en
subvenciones millonarias, la aplica Europa -pero sigue muy de cerca Estados
Unidos-. Como resultado de este estado de cosas, el 96% de los agricultores del
mundo que viven en países pobres son expulsados de los mercados internacionales.
Pues bien, la protección y los subsidios a la agricultura de los países ricos
tienen una trágica consecuencia inmediata para los países pobres, que es la de
condenar a la miseria y a la muerte por inanición a millones de seres
humanos.
La tragedia y el escarnio son mucho mayores cuando existe prueba empírica
suficiente que demuestra que la libertad de comercio ha sido y sigue siendo
todavía el camino más rápido, más importante y prácticamente el único de la
mayoría de los países en vías de desarrollo para su crecimiento y para el
abandono de una pobreza insufrible. No cabe duda de que los efectos más
perversos de la protección y las subvenciones a la agricultura de los países
ricos los sufre la población de los países pobres. Pero no es menos cierto que,
en las circunstancias actuales que está padeciendo en nuestro país una parte
considerable de la población más desfavorecida, la política agraria común (PAC)
gasta millones de euros en subvenciones a agricultores y ganaderos, que no
tienen ningún tipo de justificación que no sea la superstición que ha respaldado
desde tiempos inmemorables la protección a los precios del trigo.
Pero de nuevo la tragedia y el escarnio son mayores cuando el grueso de las
subvenciones se las llevan los grandes terratenientes y poderosos ganaderos.
Pues, grosso modo, las subvenciones derivadas de la PAC dependen del número de
hectáreas de las explotaciones agrarias y del número de cabezas de ganado con el
famoso cupo, con independencia del nivel de renta de sus propietarios. Hace
ya tiempo que se lanzan globos sonda para reformar la PAC, pero el lobby agrario
defiende sus privilegios a la manera de la casta política, y en unos
momentos de recortes sociales que afectan a los más necesitados no se ha tocado
ni un solo céntimo de los pingües salarios que reciben hectáreas de tierra
cultivable, vacas, ovejas, cabras y otras razas en peligro de extinción, como
burros y algunas variedades autóctonas de vacas y caballos.
Victoriano Martín, catedrático de Historia del Pensamiento Económico, de
la Universidad Rey Juan Carlos.
Los cuidadones tienen que saver que el gobierno es fuerte y intenta luchar contra la crisis para construir une Espana mejor para ellos y para el futuro.