La noticia es apabullante: España registró un déficit público del 8´56% hasta junio. Una noticia sin duda mala para los españoles y para el gobierno del señor Rajoy, si es que tiene intención de cumplir con el déficit del 6'3% que tiene comprometido alcanzar ante la UE, a finales del corriente ejercicio. Es posible, como dice don Mariano, que el gobierno del PP haya dictado más de 50 normas legales desde que se hizo cargo de la gobernanza del país, sin embargo es evidente que, con todo lo que se ha hecho, con los recortes llevados a cabo y con los sacrificios que se le vienen exigiendo al pueblo español, no se ha conseguido el propósito de disminuir el gasto público en la medida precisa para ajustarse a lo que se nos viene pidiendo, reiteradamente, desde el ECOFIN y Bruselas. Si en el primer semestre se ha alcanzado tan preocupante cifra del déficit público es fácil prever que conseguir que, a finales del 2012, nos ajustemos al déficit previsto puede considerarse casi como un milagro.
Y es, señores, que tenemos la impresión de que, el gobierno del PP, sigue siendo timorato en cuanto a las verdaderas medidas que tendrían una verdadera repercusión en la reducción del gasto público y que todavía no se han tomado. En primer lugar, existe una especie de resquemor a meterse a fondo en los balances de las CC.AA y en las cuentas de las AA.PP, como si se temiera que investigando las de Andalucía se verían obligados a hacer lo mismo con las de Valencia, lo que probablemente sería destapar demasiada basura para que la pudiera digerir el nuevo gobierno. Sin embargo, por encima de lo que puedan ser los intereses electorales de socialistas y populares, están los del pueblo español, que ya empieza a desesperar de que España llegue a desprenderse de toda es costra de despilfarro, corrupción, endogamia, clientelismo, prevaricación y cohecho que, desde hace unos años, parece que se ha convertido en algo habitual en la clase política, más empeñada en enriquecerse y en la defensa del poder que en ponerse al servicio del pueblo para intentar devolverle, aunque sea en parte, el bienestar del que gozaba hace sólo unos pocos años.
Los que entienden de esta cuestiones, de los que nos solemos fiar los ciudadanos de a pie, hablan de que no se ha metido la tijera en la empresas públicas, de que hay miedo a echar a la calle a los miles de empleados públicos o funcionarios que fueron designados a dedo por administradores que intentaron recompensar, con ello, los votos que los auparon al poder, otorgando prebendas, regalías, enchufes y subvenciones. Toda esta masa de ciudadanos improductivos, sumados a los más de 5'5 millones de trabajadores que permanecen en el paro percibiendo el subsidio, junto a la enorme cifra de los intereses que se ve obligado a pagar el Tesoro público por la deuda que tiene que emitir y que, como es sabido, ha alcanzado la inquietante cifra del 75% del PIB de nuestro país; hace que cada día que pasa, en lugar de que se produzca una reducción sensible del gasto público, éste siga incrementándose a medida que la situación en lugar de mejorar se va agravando y no hay mejora alguna que permita esperar una pronta mejora..
Es preciso que, con urgencia, todos estas entidades financieras, bancos y cajas, que han sido salvadas por el FROB y que están a la espera de recibir los 100 mil millones de euros, que van a venir del Fondo de Rescate europeo; aparte de implantar medidas de austeridad que erradiquen, de una vez para siempre, estos sueldos desmesurados e indemnizaciones desproporcionadas que sus directivos, en un ejercicio irresponsabilidad, se han asignado, independientemente de que la entidad que dirigen funcione bien o vaya directa a la quiebra; empiecen, sin más dilación, a abrir los créditos a las empresas y ciudadanos para que puedan empezar a refinanciarse para salir del marasmo al que las ha conducido la falta de pedidos, la baja productividad y la imposibilidad de competir en iguales circunstancia con las de la competencia. Hasta que se consiga activar el aparato productivo va a ser imposible reducir el desempleo e impedir que se vaya incrementando, hasta cifras insostenibles. Probablemente si, cuando empezó la crisis, se hubiera permitido que las entidades bancarias o de ahorro que más especularon con el boom inmobiliario, hubieran quebrado; dedicando las cantidades, que se destinaron a reflotarlas, a reducir los impuestos de las empresas y favorecer la financiación y créditos a las pequeñas y medianas, en estos momentos otro gallo nos cantara.
Claro que, como suele ocurrir, cuando un país está pasando por una situación difícil es el momento en que aquellos que tiene intereses espurios, que desean la descomposición del Estado y que especulan con la debilidad del Gobierno, abren nuevos frentes para conseguir avanzar en sus propósitos, lo que siempre suele comportar situaciones de tensiones internas, chantajes, enfrentamientos y, en la mayoría de los casos, desórdenes públicos y paros laborales que, en nada, favorecen la superación de los verdaderos problemas de una nación. España está, en estos momentos bajo la atenta mirada de toda Europa que está pendiente de los efectos de nuestras medidas de choque, que espera del Gobierno de la nación que cumpla con sus compromisos de limitación del gasto público y del control del déficit autonómico que, en alguna de las comunidades más levantiscas y más escoradas al independentismo, esta siendo muy superior a los límites a los que la Ley de Estabilidad Presupuestaria les obliga (1'5% del PIB), para este año 2012.
Que, ante una situación tan precaria, el señor Mas se lance a tumba abierta a enfrentarse directamente y sin intenciones de ceder en su empeño al Gobierno, además de a pedir los más de 5.000 millones que piensa obtener del fondo de ayuda, previsto por el gobierno del señor Rajoy, para ayudarles a pagar sus compromisos más inminentes; y, por añadidura, amenazar con profundizar en la busca de la independencia de Catalunya, intentando forzar un acuerdo favorable; aparte de pedir algo que la Constitución no permite, incurre en un error de bulto porque, aunque el señor Presidente del gobierno hubiera deseado hacerlo, que no es el caso, al anunciarse públicamente el enfrentamiento y la escenificación de reunir a las Diputaciones catalanas para encargarles iniciar los procedimientos para crear una Agencia Tributaria independiente; ha quedado maniatado ante los españoles que, en modo alguno, consentirían que se cediera ante semejante insubordinación, sobre la que planearía el artículo 155 de la Constitución.
No sabemos cual puede ser el siguiente paso de Mas y de la Generalitat, aunque nos lo tememos. Es posible que piense convocar unas nuevas elecciones, para buscar que los votos refuercen su postura de desafío al Estado; puede también reflexionar y darle una larga cambiada al tema, apoyándose en la promesa de Rajoy de estudiar un nuevo sistema de financiación para todas las autonomías, del cual podrían derivarse ventajas para Catalunya ( suponiendo que el resto de autonomías lo permitiesen) o puede caer en la tentación de ceder a las peticiones de los partidos más extremistas de intentar adoptar medidas extremas, jugando con el sentimiento nacionalista de los catalanes, y provocar un enfrentamiento directo con el Estado español. Un suicidio que, sin embargo, acarrearía graves consecuencias para la nación española, en cuanto a su credibilidad y a la escasa confianza que inspiraría ante las instituciones comunitarias. O esta es, señores, mi opinión al respeto.
Miguel Massanet Bosch