Dicen que el cardenal Mazarino, refiriéndose al presidente Lecoigneux, pronunció las siguientes palabras: "Es tan buen juez que está rabioso por no poder condenar a las dos partes". Una vez más el colectivo de jueces y fiscales ha amenazado al Gobierno con hacer huelga, por los mismos motivos que hace años vienen denunciando y, aunque es posible que tengan razón en lo que hace referencia a sus demandas, no quiero negárselo, no obstante, lo que no les puedo aplaudir es en el momento que han elegido para formularlas. Este colectivo lleva tiempo perdiendo la confianza de los ciudadanos, no sólo por la lentitud con la que se aplica le ley en nuestro país, sino por algunas de las sentencias que se han dictado, incomprensibles para la mayoría de las personas, a causa del poco sentido común y la torticera interpretación de la ley por jueces y magistrados; la policitación evidente de muchos de ellos y la oleada de jueces y fiscales, especialmente en este último colectivo, en el que el sentimiento izquierdista, su evidente radicalización y su sectarismo los convierten en personajes poco fiables, como se ha demostrado a través de estos últimos años, donde se ha podido comprobar la diferencias de trato y de diligencia en abrir expedientes o encausarlos según que, los presuntos delincuentes, fueran personajes de derechas o de izquierdas.
Resulta algo poco menos que admisible que una institución que, según Montesquieu, constituye el tercer poder de un Estado moderno, la encarnada por el Poder Judicial, supuestamente independiente de los otros dos poderes, Legislativo y Ejecutivo; se convierta, sin que ello suponga una pérdida de su prestigio y una negación de su independencia, en algo parecido a un Sindicato de clase, para reclamar del Ejecutivo mediante la amenaza de acudir a los métodos más propios de las clases obreras, como podría ser la huelga, mejoras en sus métodos de trabajo o aumento de retribuciones. ¿Dónde está el empaque de jueces y magistrados; dónde las togas y las insignias de plata; dónde la autoridad, el poder de juzgar y la independencia de la Justicia? Pero si podemos criticar que, una clase tan poderosa como es la de jueces y fiscales, se preste a utilizar procedimientos de presión contra el Gobierno del Estado, semejantes a los utilizados por las clases trabajadoras, todavía deberemos reprocharles a estos señores la falta de oportunidad para dar suelta a sus reivindicaciones.
No se trata de ciudadanos indocumentados, que no alcancen a comprender la situación actual de España y el lamentable hecho de que, en la actualidad, tenemos más de 5'5 millones de personas en el paro, a las que hay que socorrer sea como sea, aunque ello suponga ahorrar en otros capítulos. Si llevan muchos años trabajando sin los medios precisos, si ha sido preciso la congelación de las plantillas y si no se han podido atender sus peticiones de una modernización de la Administración de Justicia, a pesar de que lo viene pidiendo incesantemente; lo cierto es que, en estos momentos en los que el Gobierno ha tenido que recortar los salarios de todos los funcionarios, reducir las disponibilidades de todos los ministerios, detener la obra pública y hacer milagros para atender los vencimientos de nuestra deuda;: el que los señores jueces, magistrados y fiscales se comporten como lo podría hacer cualquier peón de la construcción, no deja de ser algo poco comprensible para la ciudadanía, que lleva tiempo pensando que nuestra Justicia no funciona, que está politizada, que se mueve más por ideales políticos que por lo expresado en las leyes y que son muchos los casos que van apareciendo en los que se han dado malversación de bienes, abusos, y prevaricaciones en miembros que, como el juez Garzón, nos hicieron creer que la justicia se había convertido en una merienda de negros.
Sin que las retribuciones que perciben jueces y magistrados se pueda decir que sean importantes, la realidad es que están dentro de las de la media europea dependiendo, en ocasiones, de si está en los primeros años de su carrera o ya ha llegado al cenit, donde quizá fuera de España alcanzan cantidades más elevadas. Si un juez español percibe un 1'9 veces el salario medio español, al principio de su carrera, no está, ni mucho menos en situación que le permita reclamar cuando hay trabajadores que perciben 400 euros al mes y otros que ni esto.
Ya son varias las ocasiones en las que sentencias de los más altos tribunales han causado alarma pública, como en el caso del TC cuando declaró la legalidad de BILDU, algo que ha permitido a los etarras colocar a sus peones en las instituciones públicas, en una sentencia en la que se rectificó una del TS, incurriendo en una nueva valoración de las pruebas algo que está fuera de su competencia. También observamos como el Consejo General del Poder Judicial, con el señor Divar al frente, renunció a entrar a fondo en el espinoso caso del "Chivatazo" absteniéndose de informar seguramente por sospechar que podría estar implicado el señor Pérez Rubalcaba. Pero los que se han llevado la palma, los que han dado más muestras de su politización y de regirse más por sus ideas políticas que por las leyes, ha sido el gremio de los fiscales que, al mando del señor Conde Pompidu, cosecharon la mayor colecta de errores, abusos, exageraciones y abstenciones imperdonables que se puedan dar en sólo una legislatura.
Y, si como muestra basta un botón, aquí tenemos, señores, la diligencia con la que la fiscalía ha actuado contra un coronel del Ejército retirado, Excmo. Señor don Francisco Alamán Castro, a causa de haberse "atrevido" ¡Agárrense señores! a amenazar a los independentistas catalanes con la intervención de las fuerzas armadas, si se declaraban independientes. Veamos si nos aclaramos ¿es que si se actúa contra la unidad del Estado no podría restablecerla, llegado el caso, el Ejército? No entendemos como, por una simple declaración, que suponía una forma de restablecer la legalidad constitucional vigente infringida por unos rebeldes, se puede lanzar a la fiscalía contra este patriota. Hubiéramos deseado el mismo interés y diligencia, por parte de la fiscalía, en el caso de las sentencias del TS y el TC así como del mismo TSJC, sobre la enseñanza del castellano en Cataluña, sobre la 4ª hora de castellano, sobre el derecho de los padres a que sus hijos recibieran educación en castellano etc. ¿En qué casos la fiscalía de Catalunya ha abierto diligencias contra los miembros del Gobierno catalán o los directivos de los partidos separatistas por negase a acatarlas?, ¿ Cuándo han pedido que se ejecutaran tales sentencias? O ¿es que prefirieron no enterarse?
El señor presidente de la Generalitat de Catalunya ha amenazado, públicamente, con separarse de España, con la independencia, y se está pergeñando otra declaración del Parlament catalán en la que se declarará que Catalunya es una nación distinta de España ¿Cómo se entiende que el Fiscal General del Estado, ante esta clara incitación a la sedición, no haya ordenado a la fiscalía que lleve a cabo las diligencias pertinentes para que se apliquen las leyes penales correspondientes o ¿ Es que, señores, según la categoría de las personas se aplican las leyes o no? ¿Qué ocurrirá si los catalanes, como hicieron Masiá y Companys, declaran la independencia? ¿Seguirá el señor Rajoy ofreciendo diálogo? ¿Y, el Ejército, seguirá en su modorra? ¡Y para esto tenemos la Constitución! ¡Menudo país y menudo gobierno! O esta es, señores, mi pesimista opinión ante estos graves sucesos.
Miguel Massanet Bosch
Dos paises en un pais puede causar un problema. Mucho mas cuando en un lado la situacion economica es buena mas ou menos y en otro pais la situacion economica es grave.
El logico quel pais mas fuerte ayuda al pais menos fuerte.