Nada impide al Consejo Judicial hacer oír su voz sobre el drama social de los desahucios

El grave problema social de los desahucios, que padecen cada vez mayor número
de ciudadanos atrapados en la imposibilidad de hacer frente a sus hipotecas, es
sin duda el más traumático de los muchos que provoca la profunda y prolongada
crisis económica actual. Desde los Gobiernos, tanto el anterior de Zapatero como
el actual de Rajoy, se han arbitrado algunas medidas muy parciales y
bienintencionadas para intentar paliarlo, pero de escasa o nula efectividad al
hacerlas depender de la buena voluntad de las entidades financieras interesadas
en cobrar las hipotecas impagadas. También desde el ámbito judicial se han dado
algunos pasos, como considerar la dación de la vivienda como un medio de pago
suficiente para cancelar la hipoteca, pero se trata de una medida de incierto
porvenir jurídico que, además, no va más allá del caso concreto al que
afecta.

Un informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial, pero que de
forma incongruente la institución no ha hecho suyo por la oposición de algunos
de sus vocales, aporta un elenco de medidas que, por primera vez, abordan de
manera global una salida razonable y asumible por las partes implicadas en este
drama social, que amenaza con agravarse aún más y derivar en tragedias
personales. Los vocales opuestos a que el Consejo del Poder Judicial haga suyo
el informe alegan que su contenido sobrepasa sus competencias. Se trata de una
interpretación en exceso formalista y estrecha de su función, pues nada le
impide hacer oír su voz, tanto respecto de los otros poderes públicos como de la
sociedad, sobre un problema gravísimo que aqueja a un amplio sector de
ciudadanos y que en buena medida puede tener solución desde el ámbito del
derecho y de la ley.

En el informe se señalan sobre todo medidas de índole jurídica y legal, pero
también otras que, aunque de indudable carácter político, podrían no ser en
absoluto descabelladas, como destinar al deudor hipotecario de buena fe una
pequeña parte de la ayuda pública aportada al sector financiero. No se alcanza a
ver qué obstáculos serios impiden en una situación de emergencia social
establecer un procedimiento hipotecario más equilibrado y, por tanto, menos
severo con el hipotecado que el aún vigente de 1909, poner en marcha comisiones
mixtas que busquen salidas negociadas y facultar a los jueces para que, en
determinadas circunstancias familiares, puedan conceder moratorias en el pago de
cuotas, ampliaciones en el plazo de amortización y reducciones provisionales del
tipo de interés.

Que el Consejo del Poder Judicial se hiciera portavoz de tales propuestas,
ante el Gobierno y la sociedad, redundaría en su prestigio y ayudaría, sobre
todo, a buscar una salida a una calamidad social a la que ningún poder o
institución del Estado puede darle la espalda.