Miguel Ángel Noceda (Publicado en Información Privilegiada-Blogs El País, aquí)
Mientras Artur Mas vende Cataluña en Rusia como una potencia
exportadora y dice que “la soberanía hará más atractivo el país a los
inversores”, se suceden los cálculos sobre los efectos económicos de la
independencia, sobre los que se libra una particular batalla. Las elecciones del
25-N, alentadas por la multitudinaria manifestación independentista de la Diada
(11-S), serán un plebiscito para el desarrollo posterior de una Cataluña
independiente y se suma a los acontecimientos de índole política, económica y
social que han elevado la tensión entre Cataluña y el resto de España.
Ante este escenario, los agentes económicos se han puesto a valorar los
riesgos y oportunidades del hipotético suceso desde un punto de vista económico.
Así, mientras algunos expertos valoran la desaparición de las transferencias
fiscales y minusvaloran las consecuencias comerciales de la ruptura, otros
reducen la relevancia del saldo fiscal y amplifican el efecto frontera en los
flujos comerciales. En todo caso, más allá de esos dos efectos, hay que tener en
cuenta las consecuencias sobre la inversión, los costes de la transición y el
resultado de una hipotética situación de Cataluña fuera del espacio de la Unión
Europea, entre otros que irán surgiendo, como el reparto de activos y pasivos
con el resto de España.
En ese contexto se enmarca el estudio Efectos económicos de una secesión en
Cataluña, elaborado por la firma Llorente & Cuenca en colaboración con el
despacho Solchaga & Recio y Asociados (del exministro socialista
Carlos Solchaga y el exconsejero de Andalucía, también
socialista, José Recio). La nota, que se distribuirá esta
semana, pretende evaluar los costes y beneficios de los tres posibles escenarios
de secesión: la independencia podría desarrollarse tras un acuerdo, podría
declararse de manera unilateral y podría llevar a Cataluña fuera de la UE.
En el caso de la secesión pactada, “sólo habría que considerar para analizar
el resultado final el ahorro fiscal de Cataluña y los costes derivados del
efecto frontera, que serían menores bajo las condiciones que llevarían a esa
independencia acordada”. En este supuesto, añade, quizá el ahorro fiscal podría
compensar el coste comercial y el despliegue de un nuevo Estado (aunque con
notable riesgo de insostenibilidad fiscal a corto plazo), si bien para España
los costes serían sustanciales.
En cuanto al ahorro fiscal al dejar de hacer transferencias al Estado, el
Gobierno catalán calcula el coste en 16.409 millones transferidos en 2009 (8,5%
del PIB regional); pero los expertos resaltan que es importante clarificar que
de esa cifra hay que descontar 5.148 millones del coste de los servicios que el
Estado presta en Cataluña y la pérdida de eficiencia en la provisión de
servicios derivada de la reducción del tamaño de mercado, con lo que supondría
el 4,2% del PIB regional y no el 8,5%.
El supuesto de una declaración de independencia unilateral podría conducir a
Cataluña fuera de la UE o a un conflicto diplomático cuya alternativa podría
pasar por una mediación de alguna institución europea, de modo que ambos
territorios se mantuvieran en la Unión. En el primer escenario, el más probable
a la vista de la regulación internacional, “Cataluña se vería abocada a una
crisis extraordinaria que golpearía todo el tejido productivo del nuevo país con
un efecto económico incuantificable”.
En el segundo, a las estimaciones sobre el ahorro fiscal, habría que sumarle
los elevados costes de transición (guerras comerciales, reducción de la
inversión, etcétera) y especialmente el resultado de un reparto de activos
(patrimonio, Fondo de Reserva de la Seguridad Social, empresas públicas…)
pasivo (deuda pública, pensiones…). La deuda pública del nuevo Estado, por
encima del 120% del PIB, conllevaría una seria crisis fiscal a muy corto
plazo.
En este caso, la mejora económica de Cataluña tras la independencia reside en
la confianza de una mejor gestión con autogobierno pleno. Sin embargo, los
autores reconocen que la valoración “está lejos de cualquier contrastación
empírica y el comportamiento de las autoridades autonómicas tampoco predice un
cambio revolucionario en el talento y la optimalidad del entorno institucional
de una Cataluña independiente”. Para ellos la economía llega hasta donde puede y
el debate sólo tiene solución política. “Y esta no es una ciencia, es arte”,
concluyen. J