Desahucios (por Antonio Elorza)

Las muertes provocadas por los desahucios han servido para
apreciar la intensidad de la crisis. No se trata solo de un descenso a los
infiernos en la economía, sino que ese hundimiento se ve agudizado por una
gestión donde ni siquiera en casos extremos tiene cabida la justicia social. En
los medios de comunicación gubernativos, se suceden economistas y representantes
de intereses empresariales que repiten como papagayos aquello de que las
“reformas” son imprescindibles, hay que llevarlas más a fondo y eso creará
empleo. En la más sectaria televisión oficial, un economista merkeliano dijo
haber visto en las farmacias españolas a personas que con montones de recetas se
dedicaban a atesorar medicinas: ahora el copago lo remediará. Rajoy resulta
demasiado blando. Wert es el ejemplo, y lo será más si cuaja el proyecto de
total destrucción de autonomía para la universidad pública, sustituida bajo
máscara tecnocrática por el sentido vertical de la jerarquía que soñara José
Antonio.

Toda acción crítica frente a la política de recortes no solo es inútil, sino
perniciosa, al afectar a la producción y a la imagen exterior de España. Qué
decir entonces de la huelga general del día 14, táctica suicida de unos
sindicatos a los cuales nuestra derecha desearía ver borrados del mapa. Nadie
recuerda que el paro se inscribía en una jornada de protesta acordada por la
Confederación Europea de Sindicatos. No basta con la asimetría creada por las
últimas reformas, donde la negociación y el despido pierden todo escudo
protector. En su condición de símbolos de un tiempo donde el poder compensatorio
de la acción sindical permitió que los asalariados participasen de la onda
ascendente de la economía, deben ser eliminados de la escena social. De este
modo, a las medidas vinculadas a su forma de gestión de la crisis se une la
voluntad de consolidar en todos los aspectos su concepción estrictamente
patronal de las relaciones sociales. El término adecuado para describir esta
línea de actuación es desmantelamiento, como está sucediendo en la imparable
privatización de la sanidad con carácter general, y golpe a golpe, en los puntos
concretos (ejemplo: hospital de la Princesa).

En el vocabulario de los miembros del gobierno, con particular énfasis en
Ruiz Gallardón, el protagonista del 14-N fue “el derecho al trabajo”; ni las
palabras vinculadas a la reivindicación de clase pueden soportar. Más allá de un
conservadurismo puro y duro, que lo es, tal orientación refleja un grado
considerable de miopía, tal y como pudo apreciarse en el desarrollo de la
jornada. Los sindicatos encauzan una propensión hoy imparable a la protesta
social; sirven de transmisores y también de diques. El PP debiera aprender de un
hecho generalmente reconocido: las manifestaciones, ocasionalmente violentas,
tuvieron más relevancia que el paro, contenido para muchos por las necesidades
económicas del momento. Como me explicaba un amigo, el profundo malestar se
dirige hacia la desobediencia civil. O al estallido.

En el mejor de los casos, cuando como en los desahucios la situación se ha
hecho insoportable, el Gobierno elabora soluciones de mínimos, antes inspiradas
por la caridad que por la justicia. No va a enfrentarse a los intereses de los
bancos, a pesar de su protagonismo en la gestación del drama. Según explica el
juez Jiménez Segado en su auto de 10 de enero sobre un desahucio en Torrejón,
fueron los bancos quienes descubrieron el “patrón inmueble”, concediendo a
ciegas préstamos para operaciones de todo tipo “en las que hubiera de por medio
un bien inmueble que sirviera de garantía”. Lo peor es que al devaluarse los
inmuebles no se conformaron con recuperarlos, sino que efectuaron maniobras para
obtener “un enriquecimiento injusto” a costa del deudor, jugando con una
tasación irrisoria hecha por ellos mismos. De no tropezar con jueces capaces de
afrontar “el abuso de derecho”, los responsables de la burbuja inmobiliaria
acababan siendo los únicos beneficiarios de la protección oficial. Todo esto
escapa al espíritu y a la letra del decreto sobre los desahucios. La dación en
pago queda a merced de la buena voluntad bancaria.

Las enseñanzas del episodio son evidentes. De un lado, confirman la impresión
de que el Gobierno solo reacciona al borde del desastre, y aun entonces envuelve
la justicia social en una cortina de humo. De otro, que más allá de los
ejercicios de retórica, siguiendo el ejemplo de los jueces sensibles a la
realidad, la oposición socialista debe elaborar alternativas concretas,
puntuales y de conjunto, a la política de Rajoy. Tiene que ser guía, y no simple
voz atenuada del malestar.