Ya lo decía el poeta romano Virgilio en su Eneida: "No he de hacer distinción entre tirios y troyanos". Sin embargo, parece que los actuales responsables, al mando de estas 17 autonomías o reinos de taifas en los que parece que han querido convertir a esta vieja, querida y, en estos momentos, andrajosa España; sea por su escaso conocimiento de la Historia o porque les importa un comino todo aquello que no sea sacar provecho personal y partidista del poder que les han conferido los ciudadanos que los votaron, lo cierto es que actúan sin el mínimo respeto hacia los ciudadanos; deciden sin, tan siquiera, molestarse en comprobar si lo que hacen está dentro de sus funciones o incluso no les importa un ápice si aquellas imposiciones que les imponen a sus administrados son conformes a derecho o violan algún precepto legal o constitucional.
En Catalunya, de una manera unilateral, el gobierno de la Generalitat, impulsado por la necesidad de recaudar más tasas o impuestos, para poder atender las deudas y compromisos que, en su desidia, no supieron valorar a tiempo ni, lo que aún es más reprobable, han sido capaces de rectificar persistiendo, aún ahora, en aquellas políticas de despilfarro, impulsados por sus aspiraciones independentistas, como pudieran ser: la de subvencionar, con millones de euros, la promoción de la lengua catalana; apoyar económicamente cualquier propuesta cultural que tienda a darle preferencia respecto al castellano o colaborar a favor de cualquier actividad encaminada a profundizar en la tarea de establecer diferencias entre España y Catalunya, como pudiera ser el crear diversas "embajadas" en el extranjero, cuyo costo ha quedado demostrado que no puede ser asumido por un comunidad en plena recesión económica y con más de 800.000 parados; se decidió a liarse la manta a la cabeza y valiéndose de una simple interpretación del organismo filocatalanista, como es el Consejo de Garantías Estatutarias de Catalunya, impuso un euro por receta y se quedó, ¡tan pancho!
En su día ya nos adelantamos a denunciar que esta doble tasa, la impuesta por el Estado, relacionada con el IRPF de cada beneficiario, y el euro por receta impuesto por la Generalitat; no era más que una doble imposición que diferenciaba y discriminaba a los afiliados al Servicio de Salud catalán, respecto a todos los otros españoles, residentes en otras comunidades, que no estaban sujetos al pago del euro impuesto a los catalanes. Lo cierto es que si, en un principio, se corrió el bulo de que la Generalitat sólo se anticipaba a la puesta en marcha por el Estado y que, una vez establecida definitivamente, esta tasa comunitaria desaparecería; la realidad ha sido que sigue vigente aún después de la tasa estatal para todos los españoles se haya puesto en marcha, lo que obliga a que ,, deban asumir el pago de las dos tasas.
Lo peor es que, parece ser que, tanto el Gobierno de la nación como el de la Generalitat, ya conocían desde el mes de junio la decisión del Consejo de Estado, que ha emitido un dictamen en el que se considera que esta medida "vulnera el orden constitucional" y que las autonomías "no pueden incidir ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precio de los medicamentos que son objeto de financiación pública". Como era de esperar en Catalunya, acostumbrados a considerar que las leyes "españolas" no les conciernen y, por tanto, pueden hacer caso omiso de ellas, ya han anunciado que ellos van a seguir aplicando el famoso euro, basándose en que el dictamen del Consejo de Estado español no es "vinculante", algo que es cierto pero, sin duda, tiene mucho más valor que la opinión del Consejo de Garantías catalán, que ya se ha equivocado en varias ocasiones, debido a su tendencia a apoyar todo lo que sale del Parlament catalán..
Pero, señores, lo que ya no se puede comprender es que, después de negarlo repetidamente, ahora resulte que la comunidad de Madrid (¡cómo se añora a doña Esperanza Aguirre!), que parece que no ha sabido asimilar la marcha de su anterior presidenta, ha incurrido en el mismo error que Catalunya al implantar, también, la tasa del euro por receta. ¿De verdad somos todos los españoles, como dice el Artº 14 de la Constitución, iguales ante la Ley? Pues, señores, por mucho que nos cueste admitirlo, esta cosa tan sencilla que la entendería un chaval de 7 años, parece ser que, para nuestros políticos, afectados por la enfermedad filo–recaudatoria, es muy difícil de aceptar, ya que insisten en estar en posesión de la verdad y no piensan apearse del burro ( aunque no sabemos quien es más burro, si el que está sobre la grupa o el pobre animal que soporta su peso), mientras el TC no decida sobre la constitucionalidad de la tasa.
Y aquí ya estamos en la picaresca de la política. Porque si este tribunal, el TC, encargado de hacer cumplir la Constitución, resulta que es el primero en ayudar a que, con sus particulares interpretaciones de la normativa constitucional y con sus peregrinas ideas sobre la flexibilidad de la Carta Magna, se atribuyen, a ellos mismos, la facultad de ir adaptando la Constitución al paso del tiempo; entrando, descaradamente, a competir con el Parlamento de la nación, que es a quien compete dictar, suprimir o variar las leyes. Claro que ya no hay nadie que, con sentido común, siga confiando en una institución que legalizó a BILDU y que, apenas hace unos días, ha tenido la osadía de dictaminar que: el que dos individuos del mismo sexo, evidentemente algo que es contra natura, puedan llamar matrimonio a su unión, con la agravante de poder adoptar niños; dada su actual composición, evidentemente, de magistrados politizados y vista su demostrada pausa en tomar decisiones ( 7 años para dictar su opinión en el caso del matrimonio gay y tres en hacerlo sobre el Estatut catalán), cuando salga su resolución sobre la constitucionalidad de la tasa sobre las medicinas es muy probable que a nuestros bisnietos ya les haya salido barba.
Es una verdadera tomadura de pelo que, a cualquier político, cualquier sujeto que no tenga en otra cosa que pensar, se le consienta que, para hacer méritos, pueda tomar una decisión que infrinja la ley a sabiendas de que lo hace; valiéndose de la lentitud de la Justicia y de la posibilidad de seguir cumpliéndola, aunque los tribunales lleguen a decidir que es ilegal. En Catalunya, con el "beneplácito" del gobierno del señor Rajoy y de los tribunales y fiscales, cada día se incumplen las leyes del Estado. ¿Estamos en un Estado de Derecho o en una república bananera en la que, la fuerza de los hechos consumados, se imponen a cualquier norma estatal? Pues bien, según el Consejo de Estado, no se puede admitir que, en el ejercicio de su potestad tributaria, las comunidades impongan gravámenes "cuya exacción comporte, en última instancia, un incremento de coste que los ciudadanos deban abonar para obtener un determinado medicamento o producto sanitario".
Pero, señores, en este país nada cambia, todo se consiente, todo se repite y nadie levanta un dedo para denunciarlo. ¡Hasta amenazan con la independencia y el Gobierno pone sordina a sus reproches, para que los insurrectos no se disgusten demasiado! Porque los españoles se han acostumbrado a estar subordinados a los partidos políticos y sólo se mueven, como corderos, cuando el que más grita, el que mejor pega o aquellos más subversivos le encienden la sangre para que salga a la calle a hacer salvajadas. ¿Democracia? ¿Ustedes creen que esto que tenemos lo es? Pues si creen que si, los felicito. O esta es mi versión pesimista de ciudadano de a pie.
Miguel Massanet Bosch