Tercera Página de El Mundo (Ver en Caffe Reggio, aquí)
OPINIÓN: TERCERA PÁGINA
En la política catalana debería de existir un antes y un después de la publicación de este documento que EL MUNDO pone hoy a disposición de todos los ciudadanos. Nadie que lo lea con buena voluntad dejará de reconocer que existen pruebas abrumadoras de que Convergència Democràtica de Catalunya -el principal partido de CiU- montó una estructura de extorsión y latrocinio masivo a costa del bolsillo de todos los catalanes y que sobre sus principales dirigentes pesan sólidas sospechas de corrupción personal que deben ser investigadas mediante comisiones rogatorias internacionales. En tanto esto no suceda, su honorabilidad continuará en grave entredicho y será temerario otorgarles responsabilidad alguna como gestores de fondos públicos.
El ya famoso «borrador» de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) es, como su mismo nombre indica, un documento de trabajo policial que recopila el estado del caso Palau, incluidas las líneas de investigación pendientes. En su último párrafo precisa que «una vez continuasen las gestiones de verificación de los hechos… procedería la solicitud a la autoridad judicial para que libre los oportunos mandamientos». Nada hay pues de irregular y está de más la nota del juez instructor recordando que sólo se puede investigar bajo su «mandato». Una cosa es que la Ley de Enjuiciamiento Criminal le conceda la dirección de la investigación y otra que la Policía no pueda seguir pistas, cribar información y verificar datos antes de darle cuenta de ello. Nadie imagina a un agente pidiendo autorización al juez para reunirse con un confidente o rehusando abrir una carta y comprobar su contenido sin su permiso específico.
Los dirigentes de CiU han convertido también la filtración a EL MUNDO de este documento en piedra de escándalo. Seguro que hoy arreciarán en esa línea. La lectura de su contenido explica perfectamente la motivación de quienes han confiado en nuestra independencia para ponerlo a disposición del público. Se trata de funcionarios ejemplares que tratan de evitar un cierre en falso del sumario del caso Palau sin que se investiguen las altas implicaciones políticas que surgen por doquier. El hecho de que, según denuncia de sus propios subordinados, mandos de los Mossos d’Esquadra ocultaran información tras los registros y trataran de eliminar documentos que afectan a las familias Pujol y Mas, explica de sobra su iniciativa. Temen que al final pueda haber un pacto político, al que se pliegue la Justicia en un entorno tan condescendiente con el poder como el catalán, para que sólo paguen los Millet, Montull y demás intermediarios de la trama. Y como botón de muestra de que sus temores tienen fundamento, he ahí el hecho de que pese a existir una anotación manuscrita de la directora financiera del Palau dando instrucciones para «sacar en efectivo» y pagar a «J. P. hijo», tras haber «informado a su padre como siempre», ni Jordi Pujol Ferrusola, ni Jordi Pujol Soley han sido tan siquiera citados a declarar como imputados.
Cualquier lector avisado distinguirá en este «borrador» lo que queda probado más allá de toda duda razonable de lo que está pendiente de comprobar. Pues bien, sólo lo primero estigmatizaría para siempre a Convergència y expulsaría a sus actuales dirigentes de la vida pública en cualquier democracia digna de tal nombre. Era un secreto a voces -y Maragall le dio virtualidad hace siete años en el Parlamento autonómico- que la principal formación nacionalista cobraba comisiones a cambio de las adjudicaciones de obra pública de la Generalitat. Ahora ya es una evidencia: aquí están todos los detalles de los acuerdos con las constructoras, las vías empleadas -enlodando instituciones respetables como el Palau de la Música e incluso la memoria de un hombre íntegro como Trías Fargas-, las empresas interpuestas, el papel de los tesoreros del partido, los mecanismos de reparto… todo.
Desde elpunto de vista del reproche ético, penal y electoral no debería existir ninguna diferencia entre robar para el partido y robar para el bolsillo propio, entre otras razones porque el dinero del partido siempre termina revirtiendo en sus dirigentes. El interés público sufre por igual cuando el recargo correspondiente -porque nadie puede llevarse a engaño: estas comisiones nunca van a costa del beneficio de las empresas, sino del precio de las obras- sirve para engrandecer la sede del partido o un saldo bancario en Suiza. Puesto que es inimaginable que ignoraran un tinglado de estas proporciones, ya podemos decir pues, sin parpadear, que Pujol, Mas y compañía han tenido durante todos estos años a una banda de ladrones bajo sus órdenes. El manipulador eslogan de «España nos roba» ya tiene su reverso de verdad: es Convergència la que ha estado robando sistemática y concienzudamente a los catalanes.
La responsabilidad de las empresas constructoras y adjudicatarias de servicios que han pasado por ese aro, con Ferrovial a la cabeza, es insoslayable. No pueden aducir estado de necesidad alguno, ni desconocimiento de la gravedad de su delito. Quienes como Rafael del Pino y otros grandes nombres del gotha empresarial han estado corrompiendo a funcionarios y altos cargos de la Generalitat merecen el mismo reproche que ellos y sólo una activa colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de todo lo sucedido podría paliar el daño que han causado al interés general.
La gran asignatura pendiente de este caso es la comprobación de todos los datos sobre el enriquecimiento personal de los dirigentes. A lo ya publicado añadimos hoy la anotación que señala que tocaba pagar 250.000 euros en efectivo a «F. P.» en una dirección que es, casualmente, en la que vivía el entonces consejero de Obras Públicas y hoy de Interior Felip Puig. ¿Tampoco se le citará como imputado?
En el caso de la familia Pujol, cualquier observador admitirá una gran desproporción entre los detalles que aporta el borrador sobre cuentas en bancos concretos, cajas de seguridad, inversiones en distintos países, transferencias de dinero etcétera, etcétera, y el desmentido genérico del ex presidente de la Generalitat rehuyendo «entrar en detalles» e invocando el precedente del caso Banca Catalana. En el de la familia Mas, la Policía aporta una explicación plausible sobre el origen de los dos millones de euros que el actual líder nacionalista tuvo a su disposición en Suiza y en Leichtenstein. La cuestión no es si Artur Mas ha cancelado ya o no esas cuentas sino si es capaz de aportar o no pruebas o, al menos, explicaciones convincentes sobre el origen de aquel dinero que desvirtúen la acusación policial de que procedía de las mismas comisiones que recibía la familia Pujol. Ni Pere Navarro, ni Alicia Sánchez-Camacho, ni Joan Herrera, ni Oriol Junqueras, ni Albert Rivera, ni Alfons López Tena tienen ese problema. Pero Artur Mas, sí. No olvidemos -qué casualidad- que también él fue durante dos años consejero de Obras Públicas. Como explicó Cospedal, es obvio que en esas circunstancias un presidente autonómico del PP duraría 10 minutos antes de dar explicaciones o tener que dimitir.
Seguro que habrá quienes prefieran seguir mirando para otro lado, pero este extenso documento que hoy reproducimos debería hacer reflexionar a la sociedad catalana y especialmente a sus dirigentes en entidades como el F. C. Barcelona o La Caixa sobre el tipo de monstruo que han alimentado. También de manera específica a los medios de comunicación, tanto públicos como privados, a los periodistas que no estén simplemente vendidos al maná de las subvenciones de la Generalitat. ¿Por qué un documento así no ha llegado hasta sus manos y sí a las de un medio nacional? ¿Tal vez por la presunción de que terminaría enterrado en un cajón para no alterar la redacción de algún nuevo editorial conjunto en pro de la construcción nacional? ¿Reproducirán hoy TV3 y nuestros demás colegas el contenido de este informe tan relevante para los catalanes?
Por nuestra parte sólo queda añadir que aguardamos con tranquilidad la presentación de las querellas tan reiteradamente anunciadas por Mas, Pujol y la propia Convergència. En el proceso penal propio de un Estado de Derecho no sólo rige la exceptio veritatis, cuando se trata de delitos de opinión, sino que existe la fase de prueba en la que se puede solicitar la práctica de las más diversas diligencias. Así ocurrió recientemente en el caso de Sánchez Manzano, en el que la demanda del policía sirvió para que quedara acreditada en sentencia firme la veracidad de nuestras informaciones sobre el 11-M. Que no le quepa duda a nadie de que si EL MUNDO es parte en un procedimiento de esa naturaleza, en el que se nos acuse de injurias o calumnias relacionadas con la financiación ilegal de Convergència y sus dirigentes, apuraremos al máximo los márgenes de la legalidad para que exista una segunda investigación judicial de los hechos. Porque en definitiva aquí lo único que importa no es si Artur Mas y Jordi Pujol son buenos patriotas catalanes o si los periodistas de EL MUNDO somos «mala gente» -como dijo el oficialmente Honorable-, sino cuánto se han llevado, cómo se lo han llevado y para quién se lo han llevado.