Una justicia lenta, politizada y, ahora, cara

La nueva Ley de tasas judiciales del Gobierno es un ejemplo muy claro de cómo la imprescindible igualdad ante la ley puede quedar en papel mojado si no se acompaña de igualdad de oportunidades. Al poner un precio para acceder a la justicia se está poniendo un obstáculo que no es igual de alto para todos. ¿Es lo mismo pagar 800 € por recurrir una decisión sobre una deuda para un autónomo que (caso muy frecuente hoy en día) apenas tiene ingresos que para una multinacional? ¿O para una Comunidad Autónoma de las que están dejando tantas facturas pendientes de pagar? 

La tutela judicial efectiva está recogida en la Constitución como uno de los derechos fundamentales de todos los españoles. El Gobierno justifica las tasas por el supuesto abuso existente del recurso judicial. Como, según los datos que ofrece, la gran mayoría de los recursos los pierde el demandante, lo mejor es poner una tasa que desanime a presentarlo. Así, dicen, se logrará desatascar la Justicia. En lugar de modernizar su estructura o los medios de que dispone, en lugar de dotarla de mayores recursos, la solución es que pague el ciudadano que la utilice.

Lo cierto es que el demandante ya paga. Paga a un abogado, lo que no suele ser barato. Obviamente cuanto más pague más se desanimará. Puede que incluso llegue un momento en el que, sencillamente, no pueda hacerlo. Y puede que tuviera razón, y que su caso estuviera entre aquellos a los que el recurso hubiera amparado. Para solucionar un supuesto problema de abuso, el Gobierno abusa de aquellos que menos tienen, ignorando que ya existen mecanismos para gravar al que litiga sin base, como ya han señalado muchos expertos. Además, al existir ya tasas judiciales en algunas CCAA – que se sumarían a las tasas estatales -, se menoscaba también la igualdad en función del territorio donde viva (o donde demande) el ciudadano.

Al establecer un límite de ingresos para el acceso a la justicia gratuita, se está incurriendo, también en un vicio muy español: fomentar la picardía. Siempre que se pide la declaración de la renta para acceder a un servicio público, se está premiando a los que defraudan y castigando a los que no lo hacen. Este Gobierno se está especializando en crear los incentivos más perversos para la sociedad: la amnistía fiscal, el rescate a las cajas de ahorros quebradas, la nula exigencia de responsabilidades, la negativa a recuperar la pena de cárcel por convocar referendos ilegales… todo anima a incumplir la ley, porque el que la cumple se ve seriamente perjudicado.

La modernización de la justicia es una tarea pendiente que el Gobierno no parece interesado en afrontar. Las CCAA, que tienen transferidas numerosas competencias en esta materia, tampoco han demostrado intención alguna de acometerlas. Incluso se ha dado el caso peculiar de la Comunidad de Madrid, donde, tras dejar de pagar al turno de oficio se pidió devolver la competencia al Estado. Lástima que no formara parte de un proyecto más serio para España que incluyera también las competencias en sanidad y educación, por ejemplo. Y lástima que el motivo fuera la incapacidad financiera en lugar de la solución al principal problema de la justicia española: su politización.

La justicia en España, hasta ahora, era lenta y estaba politizada. Ahora, además, será cara. Y esto perjudicará más, siempre, a los más débiles. Por eso, Unión Progreso y Democracia presentó una enmienda a la totalidad de la ley y ha pedido a la Defensora del Pueblo que la recurra al Tribunal Constitucional.