No, señor Montoro, una Inquisición del ministerio de Hacienda sobre los ciudadanos no es lo que los españoles estábamos esperando de ustedes. Las leyes fiscales están para ser cumplidas y todos los ciudadanos tenemos la obligación de cumplir con este deber cívico pero para exigirlo, para que los que incumplen con el deber de pagar sus impuestos y pretenden escaquearse ocultando sus beneficios o hurtando sus bienes para esquivar al fisco, existen los procedimientos establecidos en las leyes y para ello Hacienda dispone o debería disponer de funcionarios suficientes para llevar a cabo las inspecciones que pusieran al descubierto a los infractores y aplicarles las multas, los recargos y las demás sanciones estipuladas en la ley y los reglamentos administrativos y penales que correspondan. No es de recibo y puede constituir un peligroso antecedente, una suerte de agravamiento de la sanción prevista en la ley, el que se inventen nuevas sanciones o se apliquen, como es el caso que nos ocupa, penas accesorias que no tienen una base legal, al menos de momento.
En primer lugar es evidente que sería imposible exponer a la picota a los presuntos infractores antes que todo el procedimiento administrativo en sus sucesivas instancias haya concluido mediante una resolución firme condenatoria para el encausado. Lo contrario sería anticipar una sanción que, en el caso de que el sancionado acabase por resultar inocente y fuera absuelto, ya no tendría medio de resarcirse de ella. Somos los primeros que deseamos que todos contribuyan a los gastos del Estado de conformidad con sus posibilidades pero, sin duda, para nosotros el fin no justifica, en ningún caso, que se apliquen medios ilegales, atentatorios contra la presunción de inocencia, precipitados e irrevocables porque, como todos sabemos y por desgracia para este país, la administración de Justicia, en todos sus ámbitos, es lenta y, antes de que se dicte sentencia definitiva, pueden pasar una serie de años que, de resultar absolutoria, de modo alguno podrían compensar al inocente al que se le ha sometido al escarnio público.
Es cierto que, el Gobierno, se encuentra entre la espada y la pared, que los ingresos por impuestos, debido a la atonía de nuestra economía, son menores de los que se esperaban para atender los efectos de la crisis. No nos cabe la menor duda de que las medidas que el Gobierno está tomando se deben a los problemas del Tesoro público y a las exigencias de una deuda por la que ha sido preciso pagar unos intereses y cargas desorbitados, que han superado, con creces, las perspectivas que se tenían cuando el PP se hizo cargo de la gobernanza del país. Sin negar la mayor, quizá donde hayan fallado ha sido en las prioridades, en escoger los sectores en los que utilizar las tijeras recaudadoras se debían utilizar o, si se prefiere, las partidas presupuestarias a las que someter, en primer lugar, a los recortes, por ser las más susceptibles de ser reducidas de una manera más inmediata y efectiva, sin perjudicar a los sectores más vulnerables.
El señor Rajoy parece que ha decidido postergar, para el año 2014, el emprender una reforma, en profundidad, de las administraciones públicas, tanto dependientes del Estado central como de las CC.AA. Los traspasos, no sólo han dado por resultado duplicidades vergonzosas, sino que, en lugar de haber sido un ahorro para las arcas del Estado, se han convertido en nuevas fuentes de despilfarro, empeorando la situación anterior a la reforma constitucional las anteriormente existentes. La multitud de empresas públicas, la mayoría de ellas prescindibles pero que han permitido a ayuntamientos y gobiernos comunitarios, absorber y llevar a cabo funciones que no les competían, para justificar los despilfarros que, la clásica picaresca española parece que ha convertido en endémicos. Con ellas se les ha permitido conseguir nuevos ingresos, manejar otras actividades y, como no, emplear a una serie de sujetos que, sin tener los conocimientos requeridos ni haber realizado las oposiciones para ser funcionarios, han encontrado un modus viviendi cómodo y bien retribuido, sólo por pertenecer a un partido político o tener buenos "padrinos" que los han "enchufado".
Los ciudadanos empezamos a sentir que nos hemos convertido en el chivo expiatorio del Gobierno que, al no atreverse a enfrentarse con determinados colectivos, parece que busca, con impuestos, encarecimiento de tarifas, nuevas tasas o contribuciones de los beneficiarios al coste de las prestaciones de la Seguridad Social, en especial del Servicio de la Salud; obtener lo que no se atreve o no sabe como hacer para obligar a los grandes capitales y bancos ( que tanto beneficios vienen recibiendo del Estado y la CE y que tan poco contribuyen al relanzamiento de la economía del país). Sólo contribuir a mantener a sus directivos en sus puestos, aunque hayan sido los causantes de la gran especulación inmobiliaria que nos ha llevado a esta gravísima situación.
No pongo objeción a que las pensiones no aumenten o lo hagan en cuantías mínimas. Todos estamos obligados a sacrificarnos; pero choca que toda esta casta de millonarios, famosos, personajes mediáticos, productores de TV, grandes especuladores y otros muchos que ganan los euros a espuertas sólo por tener influencias, olvidarse de los escrúpulos morales o valerse de la imbecilidad de las masas. Estos que parece que se pueden permitir lujos, extravagancias, despilfarros y ostentaciones que, en tiempos de crisis, cuanto tanta gente no puede llegar a final de mes y tantos parados tienen que arreglárselas para sobrevivir malamente; como privilegiados de la fortuna, no se privan de derrochar sus inagotables riquezas, impunemente y sin que parezcan llamar la atención de Hacienda o constituirse en objetivos recaudatorios del Estado, máxime cuando los que están padeciendo en sus carnes el mayor peso impositivo y la reducción de sus haberes, son los que generalmente se conocen como "la sufrida clase media", sin la cual no hay Estado que pueda salir adelante.
¿Por qué no suprimir subvenciones a los Sindicatos para que se acostumbren a sostenerse con las cuotas de sus afiliados? O ¿por qué no suprimir las de la CEOE, esta patronal cada vez más burocratizada y sujeta a las grandes multinacionales? O ¿ por qué darles subvenciones millonarias a los partidos políticos? O ¿por qué no haber comenzado por suprimir los miles de empresas públicas que tenemos en todo el país? o ¿por qué no disminuir, radicalmente, el número de congresistas y eliminar o potenciar el Senado para que se útil? O ¿por qué no disminuir sustancialmente los sueldos de los más de 400.000 políticos que viven de vegetar por ayuntamientos y comunidades autónomas, para no mencionar los que desempeñan su cargo en Madrid?
Y por si faltara algo que gravar, el señor Montoso habla de poner un impuesto sobre los depósitos bancarios, los pocos dineros que los ciudadanos – que ya pagan el IRPF cada año, por los intereses – guardan, para el caso de que se queden sin trabajo, les aumente las tarifas eléctricas (algo que es inminente que ocurra) o deban sufrir otros expolios parecidos. ¿Acaso deberemos volver a aquellos tiempos en que se guardaban los dineros enterrados bajo un árbol, escondidos en un hueco de la pared o enterrados en la lana de los colchones de las camas familiares? No se si el señor Montoso ha tenido en cuenta que, dado el poco rendimiento que, hoy en día, se saca de los depósitos el imponer un gravamen, por pequeño que sea que aumente los costes financieros que los bancos ya nos cargan sobre el dinero que depositamos en ellos es posible que la reacción de la ciudadanía sea la de retirar el dinero de los bancos y guardarlo. ¿Qué efectos tendría ello sobre una banca que ya se está sosteniendo cogida por alfileres? Me temo que desastroso. O esta es, señores, mi forma de ver este desagradable tema.
Miguel Massanet Bosch