- Los patronos se reunieron con el presidente para reclamar un acuerdo con PP o PSC
Lluís Pellicer Barcelona (Publicado en El País, aquí)

Artur Mas y Joaquim Gay de Montellà, durante un acto de la patronal Fomento del Trabajo, en noviembre. / EUROPA PRESS
El lunes por la mañana los líderes de las patronales catalanas contemplaban
desde el palco de invitados la formación del nuevo Parlamento catalán. Allí
pudieron tomar nota de la nueva correlación de fuerzas en la Cámara, que no solo
se traducía en una Convergència i Unió trasquilada tras las elecciones y en el
ascenso de un nuevo líder en la oposición, el republicano Oriol
Junqueras. A esas horas también sabían que su ansiada sociovergencia, un
pacto de gobierno entre los nacionalistas y los socialistas, ya no tenía ninguna
opción de cuajar y en su lugar se fraguaba un acuerdo entre CiU y ERC. Eso suponía un cambio de rumbo en la política fiscal de los dos últimos
años y una hoja de ruta hacia una consulta soberanista que conllevará
una escalada en las tensiones con el Gobierno de Mariano
Rajoy. Unos días antes, en diversas reuniones, los empresarios le habían
pedido a Artur Mas que no pactara con ERC y que lo hiciera en su lugar
con el PP o con el PSC. Pero el presidente no les hizo caso.
Tras las elecciones del 25 de noviembre, la agenda de Artur Mas ha
estado cargada de reuniones con los agentes sociales, en quienes busca
complicidad para la próxima legislatura y, en especial, para la consulta que ha
pactado con ERC para 2014. Según fuentes conocedoras de esos encuentros, el
presidente se ha visto, entre otros, con el jefe de Fomento del Trabajo, Joaquim
Gay de Montellà; el empresario Marc Puig; el presidente de Banc Sabadell, Josep
Oliu, o el de Abertis, Salvador Alemany, en calidad de presidente de su consejo
asesor de economía. Mas también se citó con los secretarios generales de CC OO,
Joan Carles Gallego, y UGT, Josep Maria Álvarez.
En esos encuentros, el presidente constató que afrontará los próximos
recortes sin la complicidad de los agentes sociales. De hecho, el último 11 de septiembre marca un antes y un después en las
relaciones de Mas con los empresarios. El apoyo casi incondicional de estos a un
Gobierno autoproclamado business friendly se empezó a agrietar con el
desafío soberanista de Mas y la convocatoria de elecciones anticipadas. El
resultado de los comicios y la posibilidad de que los republicanos volvieran al
Ejecutivo encendió todas las alarmas en las patronales, máxime cuando ERC exigía
una batería de impuestos para suavizar los recortes a las puertas de un
ejercicio, el de 2013, en el que la Generalitat debe rebajar su presupuesto en 4.000
millones.
Según varias fuentes conocedoras de esas reuniones, los grandes empresarios y
financieros trasladaron a Mas que la debilidad en la que quedaba CiU tras haber
perdido 12 escaños hacía necesario un Gobierno de coalición. Y, según estas
fuentes, le sugirieron dos alianzas. La primera pasaba por rehacer las
maltrechas relaciones con el PP, una opción debilitada tras conocerse el contenido del borrador de la ley Wert
de Educación. La segunda, un pacto con un PSC en horas bajas.
Los empresarios a quienes consultó Mas desaconsejaron, en cambio, un pacto
con ERC, al considerar que aportaría inestabilidad y que demandaba medidas
fiscales inasumibles para el empresariado, como recuperar el impuesto de
sucesiones, ampliar el tributo sobre el patrimonio, gravar los depósitos
bancarios y desplegar varias tasas, desde la de bebidas con azúcar hasta la de
las nucleares. Según esas fuentes, Mas no quiso dar falsas esperanzas a los
empresarios y les comentó que era muy difícil no alcanzar un acuerdo con ERC,
aunque se comprometió a tratar de ampliar ese pacto al PSC. No lo logró.
Nuevos impuestos
Impuesto sobre los depósitos bancarios (500 millones de euros).
Recuperación del Impuesto de Sucesiones (200 millones).
Rebaja del mínimo exento del Impuesto de Patrimonio de 700.000 a
500.000 euros (55 millones).
Impuesto sobre las bebidas con azúcar de 0,075 euros por litro y 0,025
euros por lata (22 millones).
Subida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 8% al 10% (100
millones).
Creación de un tributo sobre las centrales nucleares (100
millones).
Gravamen sobre las grandes superficies comerciales (25 millones).
Impuesto sobre los pisos vacíos propiedad de la banca.
Tasa a los camiones en vías de gran capacidad y a los gases
contaminantes de los aviones.
Tras la composición del Parlamento catalán, el primer acto de Gay de Montellà
era un encuentro navideño con periodistas. Y allí advirtió a Mas: “Este no es el
camino”. El presidente de la patronal alertó del efecto Depardieu que podían tener esos acuerdos sobre los
grandes patrimonios y reclamó que la consulta se hiciera dentro del marco
constitucional. Se le unieron Fepime, Pimec y Cecot, denunciando la subida de
impuestos en la comunidad con mayor presión fiscal.
Pero ni esos encuentros ni los guiños que ha ido lanzando Mas al sector
privado han calmado a los patronos. “Ahora estamos pagando la borrachera
colectiva del 11-S, cuando jurídicamente el acuerdo para la consulta que ha
firmado Mas no hay por donde cogerlo”, asegura un directivo de Fomento que pide
no ser identificado. La patronal recuerda los efectos que tuvo sobre las
empresas el proceso del Estatuto, cuando se produjo incluso un boicot al cava
catalán.
Con el acuerdo ya rubricado entre CiU y ERC, a los empresarios les queda el
consuelo de que al frente de la cartera de Economía con casi toda probabilidad
seguirá el consejero Andreu
Mas-Colell, que consideran el principal activo del Ejecutivo de Mas. El
consejero, un reputado académico de Harvard y autor de un manual de
microeconomía de referencia en todas las universidades del mundo, tiene
facilidades para hablar con los principales centros económicos: muchos de
quienes están al frente de ellos han sido alumnos suyos. Es frecuente que muchos
analistas, cuando acuden a Europa, realicen una parada en Barcelona para
entrevistarse con Mas-Colell. Recientemente ha almorzado con Nouriel Roubini o
Joseph Stiglitz.
Sin embargo, el malestar de la patronal catalana no solo responde a la
alianza de CiU y ERC. También la actitud de Mariano Rajoy ha suscitado decepción
entre los grandes empresarios catalanes, a quienes trató de seducir con un
discurso moderado antes de las elecciones generales. Un directivo recuerda el
talante que mostró en una cena en el domicilio del conde de Godó, a la que
acudieron los principales ejecutivos de Cataluña. El presidente de una
multinacional catalana, que tampoco quiere dar el nombre, lamenta que el
Gobierno central avive ahora las llamas del soberanismo cuando este parecía
haberse calmado tras las elecciones.
Esa opinión la verbalizó, sin pelos en la lengua, el editor José Manuel Lara,
quien sugirió a “todos los políticos” que se encerraran en un “frenopático” a debatir. Lara acusó al
Gobierno central de aplazar un debate, el del encaje de Cataluña en España, y de
encender a los nacionalistas con “leyes inoportunas a más no poder”.
Las quejas también han llegado a las pymes, que tradicionalmente han sido un
caladero de votos para CiU. Ante el debate soberanista, las patronales Pimec y
Cecot realizaron sendos estudios en los que los empresarios parecían inclinarse
por la independencia. Sin embargo, la baja participación en esas encuestas hizo
pensar que respondieron los más entusiastas. Ambas entidades, junto a Fepime,
han denunciado las medidas fiscales acordadas con ERC. Y el presidente de Pimec,
Josep González, ha ido más allá al reclamar que la consulta esté “autorizada por
Madrid” y hacer un llamamiento a los Ejecutivos de Barcelona y Madrid. “Hay que
mejorar las relaciones”, reclamó.