Transiciones (por Enrique Gil Calvo)

¡Vaya navidad! Esto no es vida, es no-vidad: tres millones de funcionarios,
muchos emparejados entre sí, nos hemos quedado sin paga extra. El
potlach del gasto consuntivo tendrá que esperar tiempos mejores,
mientras la cuenta de resultados del comercio y la hostelería se queda sin
cuadrar. Todo mientras la sanidad madrileña está bloqueada (con 5.000
operaciones quirúrgicas suspendidas) porque el PP neoliberal se niega a
reconocer su decisión de privatizarla. Y ante la pregunta de Calderón, “¿habrá
otro más pobre y triste que yo?”, solo nos queda el mísero consuelo de hallar la
respuesta viendo que otros, los seis millones de parados, van recogiendo los
despojos que los demás arrojamos a la cuneta. De modo que el clima ciudadano de
esta quinta navidad en crisis está resultando más deprimente y desmoralizador
que nunca.

Es verdad que la primera de la serie (2008-2009) resultó mucho peor en
términos absolutos, dada la brutal caída de la actividad, el empleo y el consumo
que súbitamente se produjo, en fuerte contraste con el impresionante boom de la
navidad anterior. Pero por entonces aún parecía que la inesperada crisis era un
choque coyuntural, destinado a ser corregido a corto plazo. Mientras que este
año hemos abandonado toda esperanza de pronta recuperación, pese a los brotes
verdes que este Gobierno porfía en anunciar igual que hizo el anterior. Pero
nadie les cree, pues la mejoría de los indicadores financieros solo se debe al
rescate europeo de nuestra banca insolvente, mientras que la economía real
prosigue su caída en el deterioro crónico que la llevará al 27% de desempleo sin
que se vislumbre ninguna recuperación el año próximo.

Y entretanto nuestra clase política (por mucho que rechace esta etiqueta
acuñada por Gaetano Mosca hace más de un siglo) prosigue a espaldas de la
ciudadanía encerrada con su único juguete de la lucha por el poder, confirmando
así ese mismo elitismo que el propio Mosca contribuyó a definir. Un elitismo
contrario a su teórica función representativa que además está siendo reforzado
por la actual coyuntura política, obsesivamente centrada como está en el
contencioso de la cuestión catalana. En su discurso ante el debate de
investidura, el presidente Mas volvió a insistir, como hizo dos años antes con
idéntico motivo, en que Cataluña tiene que hacer su transición nacional. Una
transición hacia un Estado propio (independiente, se entiende) cuyo descomunal y
ensordecedor ruido político está destinado a silenciar tanto la evidente
corrupción de la élite dirigente catalana como sobre todo los injustos
sacrificios impuestos a la ciudadanía a la que se afirma representar.

Pero si nos fijamos en ese concepto de transición recordaremos que nuestra
transición a la democracia, la de 1975 a 1978, también estuvo presidida por un
feroz elitismo que excluyó del juego político a toda la ciudadanía, que hubo de
limitarse a refrendar el incierto resultado de los juegos de poder cruzados con
cara de póker entre Suárez, Carrillo, Guerra y Fraga. Pues bien, hoy ocurre algo
parecido. La transición catalana también se juega a la ruleta rusa en otro póker
de la muerte (puesto que está en juego la desaparición de España tal como la
conocemos), donde se enfrentan en primer plano del escenario Mas, Junquera,
Duran y Navarro, mientras Rubalcaba y Rajoy conspiran desde el
backstage. Todo ello dejando por supuesto completamente al margen los
intereses reales de la ciudadanía catalana, suplantados como están por los
intereses imaginarios de la fantasmagoría nacionalista.

Y además de este elitismo excluyente, aún hay otro paralelo todavía más
preocupante entre aquella transición democrática del 75-78 y esta otra
transición nacional a la catalana. Me refiero a la disyuntiva entre reforma y
ruptura que presidió los debates sobre la institucionalización del nuevo régimen
a instaurar. La reforma implicaba hacer la transición a partir de la legalidad
del régimen anterior, pero respetándola estrictamente sin solución de
continuidad. Como así se hizo, efectiva y afortunadamente. En cambio, la ruptura
hubiera implicado vulnerar la legalidad entonces vigente para hacer tabla rasa
con ella, creando ex nihilo otra legalidad nueva pretendidamente virginal. Lo
cual hubiera supuesto un golpe de Estado jurídico para implantar ese estado de
excepción que preconizaba el filósofo del derecho Carl Schmitt como fundamento
instituyente de la soberanía estatal. Pues bien, hoy la élite política catalana
también se debate ante un dilema análogo entre la transición por reforma que
exige Duran Lleida, escrupulosamente respetuosa de la legalidad vigente, y la
transición por ruptura que promueve Junquera, quien no encuentra inconveniente
en violar la legalidad española si es para fundar la soberanía nacional de
Cataluña. Entretanto, Mas se muestra ambivalente. Pero algún día tendrá que
optar.