Más de 300 políticos españoles están imputados en casos de corrupción

Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de
corrupción que se extienden por todo el territorio y que afectan sobre todo
a las comunidades del arco mediterráneo, con Baleares y la Comunidad Valenciana
a la cabeza, seguidas de cerca por otras autonomías  como Cataluña o Galicia.
Además, están en marcha investigaciones sobre la gestión de distintas entidades
financieras como Bankia o la Caja de
Ahorros del Mediterráneo (CAM), de cuyos consejos de administración formaban
parte diversos políticos.

Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la Administración y
las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del
Gobierno, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables
municipales.

También en el ámbito autonómico son numerosos los casos abiertos en la
Comunidad Valenciana. De hecho, en las Cortes
autonómicas hay nueve diputados del PP con imputación formal por casos
relacionados con delitos de corrupción, mientras que Pedro
Hernández renunció a su escaño el pasado día 4 tras ser condenado a tres
años de prisión por su gestión al frente del ayuntamiento de Torrevieja.

Hace pocas semanas dimitió también en la Comunidad Valenciana José Manuel
Vela como consejero de Hacienda por la presunta filtración de un documento que
había pedido el juzgado. Diversos ex altos cargos de la Administración de
Francisco Camps están implicados también en los numerosos casos abiertos en la
comunidad, entre los que destacan investigaciones tan importantes como la
operación Gürtel o
el caso
Noós.

Alguno de los casos más llamativos de corrupción descubiertos en el seno de
una comunidad autónoma son los abiertos en Baleares y que suman casi un centenar
de imputados entre cargos y ex altos cargos públicos. La mayoría tuvieron lugar
durante la última legislatura del expresidente Jaume
Matas, imputado por alrededor de una docena de casos relacionados con la
corrupción y la financiación irregular del PP balear durante su mandato.

Entre las operaciones en marcha en las Islas Baleares destacan casos como el
que investiga las actividades presuntamente irregulares cometidas a través del
Instituto Nóos, que presidía Iñaki Urdangarin, o el caso Over
Marketing, en el que está implicado el popular Pere Rotger, que
recientemente dimitió de su cargo como presidente del Parlamento autonómico
aunque mantiene el escaño.

Otro de los procesos con más repercusión pública durante los últimos meses es
el de los ERE fraudulentos de Andalucía, en el que hay imputadas cerca de 70
personas entre ellas el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, el
exviceconsejero Agustín Barberá, los exdirectores generales de Trabajo y
Seguridad Social, un exparlamentario socialista o el exdelegado provincial de
Empleo.

Sin embargo, la mayoría de los casos de corrupción abiertos en España se
despliegan por sus más de 8.000 municipios, en los que hay casi medio centenar
de exalcaldes y una treintena de alcaldes en el poder que están siendo
investigados judicialmente. Algunos de estos mandatarios envueltos en casos
judiciales son alcaldes de ciudades tan importantes como Murcia, Alicante, Lugo,
Valladolid o Sabadell. A estos se suman varias decenas de concejales también
implicados en estos escándalos locales.

La mayoría de los regidores municipales están imputados por delitos de
prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude o tráfico de
influencias, casi todos por causas relacionadas con el urbanismo y la
adjudicación de obras públicas. Es el caso de los casos Pretoria o
Mercurio, abiertos en Cataluña, que investigan presuntas tramas de
corrupción en Santa Coloma de Gramanet, Sant Andreu de Llavaneres y
Sabadell.

También en Galicia son numerosos los casos judiciales que afectan a diversos
municipios y que han llevado a la imputación a alrededor de una docena de sus
alcaldes; además de provocar la dimisión de otros alcaldes como los de Santiago
de Compostela, Gerardo Roa, que dejó el cargo después de no haber declarado
291.000 euros en concepto de IVA de la venta de unas viviendas de su
promotora.

También concentran varios casos de corrupción los municipios de Canarias,
donde hasta una decena de regidores están imputados en diferentes casos
judiciales, además de varios que ya han dejado el bastón de mando.

Mientras, en la Comunidad de Madrid el caso de mayor corrupción abierto es
Gürtel, que ha salpicado
a cuatro alcaldes de la comunidad y tres exdiputados autonómicos. También
está imputado el exalcalde de Getafe y ex alcalde de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro.

Los escándalos de corrupción afectan además a numerosas localidades como
Camas (Sevilla), donde el exalcalde y dos concejales han sido condenados a 14
meses de cárcel; Piélagos (Cantabria), Plasencia (Cáceres), La Muela (Zaragoza),
Cabrales (Asturias) o Águilas (Murcia).

La mayoría de estas operaciones están relacionadas con delitos urbanísticos,
aunque hay casos curiosos como el del municipio gallego de Melón, con sólo 1.400
habitantes y en el que la alcaldesa -que relevó en el cargo a su marido
inhabilitado- ha sido imputada por supuestamente participar en la manipulación
de una hoja de control de trabajos comunitarios a un vecino que no los
cumplía.

También en Galicia, el exalcalde de la localidad coruñesa de Santa Comba fue
inhabilitado para cargo público por conceder hasta 43 licencias de tablaos
flamencos en el municipio para prolongar la hora de cierre de los locales de
hostelería.

También está el caso del municipio cántabro de Las Rozas de Valdearroyo, en
el que el alcalde nombró al inicio de la legislatura actual como concejal del
Medio Ambiente a Juan Carlos Lantarón Pérez, condenado en febrero de 2006 a seis
meses de cárcel y el pago de una multa tras declararse culpable de un delito de
incendio forestal.

También hay casos más llamativos, como el
del concejal de Burgos que dimitió tras gastar 207.000 euros en dos meses
con el teléfono móvil del Ayuntamiento, o el del Ayuntamiento de Torrevieja, en
el que algunos ediles utilizaron sus terminales para hacer llamadas a
prostitutas o suscribirse a un canal porno.

En algunos casos, la corrupción afecta al seno de los partidos políticos,
como es el caso de la ya extinguida formación Unió Mallorquina, desaparecida
después de que sus dirigentes, con Maria Antonia Munar a la cabeza, estén
relacionados con hasta nueve casos de corrupción.

En Cataluña está
abierto el caso Millet, que estudia la presunta financiación
irregular de CDC a través del Palau de la Música y del enriquecimiento de la
cúpula de esta centenaria institución cultural barcelonesa. Además del
expresidente de la entidad, Fèlix Millet, y el exdirector financiero, Jordi
Montull, están imputado el extesorero de CDC, Daniel Osàcar, y el exsecretario
de Comunicación y actual director de Comunicación del Ayuntamiento de Barcelona,
Mar Puig.

Dentro de los casos que están siendo investigados en España hay que destacar
los del Bankia y la CAM, en los que están imputados exmiembros de sus consejo de
administración que han ostentado cargos públicos, entre ellos los exministros Rodrigo
Rato y Ángel Acebes, ex secretarios de Estado, exdiputados o exalcaldes.
También está en manos de la Audiencia Nacional investigaciones sobre el Banco de
Valencia, Novacaixa Galicia y Caja Castilla-La Mancha.