EDITORIAL
El cierre de urgencias en Castilla-La Mancha es una medida aventurada que apenas ahorrará
María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, advirtió tras su
llegada a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha que acometería
recortes “dolorosos”. Su política de contención del gasto está siendo, en
efecto, ambiciosa, pero también indiscriminada. La presidenta ha reducido las
partidas correspondientes al gasto social y ahora, en busca de nuevos ahorros,
acaba de cerrar el servicio nocturno de urgencias de 21 pequeños municipios del
extenso territorio de la comunidad. Las protestas no se han hecho esperar. No
solo han clamado en contra ciudadanos afectados y políticos de la oposición;
alcaldes y concejales del PP también se han manifestado y cuatro ediles de
Honrubia (Cuenca) han abandonado sus cargos.
Cospedal ha tomado decisiones polémicas y ciertamente discutibles en su lucha
contra el déficit, como retirar la subvención a las casas de acogida de mujeres
maltratadas o eliminar los sueldos de los diputados autonómicos. Su postura en
este caso es difícil de defender desde el punto de vista social, pero también
presupuestario. El ínfimo ahorro —de entre uno y 1,7 millones de euros, según
cálculos de la oposición y del Colegio de Médicos— no justifica la desprotección
en la que se deja a los 100.000 ciudadanos afectados, muchos de ellos de edades
avanzadas, y por tanto con problemas de salud, y alejados hasta en 50 kilómetros
de un servicio de urgencias que pueda atenderles en caso de extrema
necesidad.
Alega la Junta que estos servicios de urgencia registraban una “baja
afluencia” de pacientes, minusvalorando así el valor de este tipo de servicios
sociales respecto al mantenimiento del tejido rural. Frente a las políticas
agrarias que tanto defiende España en Bruselas y que intentan fomentar el
desarrollo del campo, la Junta de Castilla-La Mancha, con amplias zonas rurales
y baja densidad demográfica, cierra escuelas y servicios sanitarios, facilitando
de esta forma el proceso de despoblación.
El cierre de estas urgencias en 21 de los 182 centros de la región generará,
como mínimo, ansiedad entre la población y es una medida arriesgada. Las
consecuencias pueden ser dramáticas en caso de que la atención requerida fuera
de gravedad. Tras recorrer las carreteras de la zona, además, estos ciudadanos
puede que se encuentren con un servicio de urgencias colapsado. A la
concentración de tales unidades se unen los recortes ya sufridos en los
hospitales. Y todo por un ahorro relativamente escaso en una comunidad cuyo
presupuesto asciende a los 7.440 millones.
Castilla-La Mancha no es la única comunidad en la que se discute sobre la
sanidad. El presidente Ignacio González está acometiendo la privatización de la
gestión de cuatro hospitales en Madrid.La precarización previa y, a renglón
seguido, la privatización no parecen las recetas más adecuadas para defender la
sostenibilidad del sistema.