EDITORIAL
El PP tiene que dar cumplidas explicaciones sobre las cuentas en Suiza de su extesorero
Escandalizados por los supuestos dineros que la familia Pujol pueda tener en
Suiza —sugeridos en anónimos informes policiales sin contraste judicial alguno—
y por investigaciones que afectan al PSOE, los dirigentes del PP no pueden
enmudecer ahora ante el escándalo de su extesorero Luis Bárcenas, identificado
por la Audiencia Nacional como el beneficiario de una cuenta en Suiza entre 2005
y 2009, con saldos de hasta 22 millones de euros. El dinero desapareció de esas
cuentas tras surgir las primeras sospechas sobre la implicación de Bárcenas en
la trama Gürtel, y todo apunta a que hay más. Los movimientos de dinero de
Bárcenas se produjeron cuando Rajoy y otros jefes del partido defendían su
inocencia, antes de dejarlo caer como militante y senador.
Hay que felicitarse de la investigación judicial, impulsada por la Fiscalía
Anticorrupción, pese a lo incierto de su horizonte temporal —tres años y medio
ha tardado la comisión rogatoria pedida a Suiza en mayo de 2009, en averiguación
de las cuentas de Bárcenas— y las previsibles dificultades para obtener más
datos. Mucho menos positiva es la reacción del PP, que de momento opta por la
táctica de don Tancredo, refugiándose en que no existe responsabilidad política
porque Bárcenas ya no está en el partido. Esperanza Aguirre, presidenta del PP
madrileño, ha recurrido a su tradicional cintura política —populista, pero
cintura al fin— con la propuesta de instalar a un fiscal en cada formación
política, para meter mano en el desorden financiero.
Más allá de avatares judiciales y a la espera de aclarar de dónde sale el
dinero de la cuenta de Bárcenas, el problema es el hartazgo de los ciudadanos
respecto a la corrupción y la evasión fiscal. No hay transparencia sobre las
fuentes de financiación de los partidos, ni de los préstamos recibidos, ni de
las empresas vinculadas, ni siquiera respecto a si Bárcenas ha regularizado
parte del dinero que tenía fuera gracias a la amnistía fiscal del Gobierno. Nada
obliga a los partidos a rendir sus cuentas directamente ante los ciudadanos,
que, por cierto, son los que sufragan los dineros públicos que van a sus arcas.
El PP no puede jugarse el crédito que le queda a suponer que la reducción del
déficit y los aumentos de impuestos son compatibles con un ominoso silencio
respecto a un exdirigente que amontonó una fortuna durante los años de
responsabilidad en el PP. Dolores de Cospedal asegura que no es un tema de
partido, sino particular: ¿lo ha investigado?
La crisis económica y financiera que estamos viviendo ha acabado con la
paciencia ciudadana hacia el saqueo de fondos públicos y la evasión de
impuestos. El PP no puede limitarse a esperar lo que resulte de una
investigación judicial presumiblemente lenta. Los partidos deben ocuparse
activamente de ajustar los gastos a los ingresos y de garantizar la
transparencia y legalidad de los fondos que manejan. De lo contrario, el terreno
está abonado para el populismo y los antisistema.