Los escándalos acorralan a Rajoy (por Fernando Garea)

• Dirigentes del PP ven al presidente debilitado y sometido a un chantaje por el tesorero
• Los populares lamentan la falta de iniciativa política del Ejecutivo

El mantra del PP que asimila los gobiernos del PSOE al “despilfarro, el paro y la corrupción” se viene abajo.
El despilfarro se transforma en medidas impopulares de recorte, hay casi seis millones de parados y la avalancha de escándalos
desborda a las instituciones. La riada llega al ya debilitado presidente del
Gobierno, que estaba pendiente de la crisis, la prima de riesgo y Cataluña.

A la larga lista de escándalos se ha sumado la nueva explosión del caso
Gürtel. La espoleta retardada del caso, que ya acabó con concejales,
consejeros de Madrid, el presidente de Valencia y hasta con el juez instructor del caso (Baltasar Garzón), ha
explotado en forma de cuentas en Suiza y de amenaza a Rajoy por presuntos sobresueldos en la sede de Génova. El panorama se
tiñe de negro porque el Gobierno y el PP habían hecho bandera política de las
acusaciones a CiU (también por la acumulación de casos), por la ausencia de
responsables en la quiebra de las cajas y por la escasa ejemplaridad del final
de otros escándalos, como el que afecta a Unió. También porque la crisis económica
ha derivado en el cuestionamiento de la política y de parte de las instituciones
y porque los ciudadanos sufren los recortes. Los 22 millones de euros en cuentas
suizas son siempre mucho dinero, pero mucho más en momentos de sacrificios.

“No tenemos un plan B”, admite un ministro para el que los escándalos están
arruinando su agenda política y su discurso, sin que haya reacción. El viernes
todos los ministros comentaron entre ellos, antes y después del Consejo, las
revelaciones sobre Bárcenas; algunos trasladaron a otros su decisión de desmentir
que hubieran cobrado, pero la reunión transcurrió como si nada hubiera pasado.
Rajoy no les dijo nada.

Luego, cuando por segundo viernes consecutivo se preguntó a la vicepresidenta
Soraya Saénz de Santamaría qué medidas prepara contra la
corrupción, su respuesta volvió ser remitirse a la ley de
transparencia que se tramita en el Congreso, contestada por todos los
partidos. La Moncloa pidió al director del Centro de Estudios Constitucionales,
Benigno Pendás, propuestas de regeneración, pero no se incluye ninguna sobre
corrupción. También él se remite a la ley de transparencia. De ahí no sale
tampoco la reacción.

Con este escenario no hay agenda política posible. El PP había montado para
este fin de semana una convención para hablar de la reducción de gastos en
ayuntamientos y, finalmente, el reflejo en los medios es la corrupción y un
supuesto reparto de sobres revelado por El Mundo.

La agenda del Gobierno también se colapsa: Rajoy diseñó en Navidad un
arranque del periodo de sesiones con el debate sobre el estado de la Nación el 20 de febrero en el
que mostrar iniciativa política y subirse a la ola de un asomo de recuperación
económica, disipando la sombra del rescate.

Tampoco hay discurso que resista. Cristóbal Montoro impulsó la amnistía fiscal y el primero que se cuela por esa rendija
es el tesorero del PP. “¿Cómo justificar así la petición de
sacrificios?”, se pregunta un dirigente popular.

Otro ejemplo de cómo un escándalo arruina un discurso: las denuncias sobre el exconsejero Güemes proporcionan
munición a quienes cuestionan la privatización de la gestión de la Sanidad en
Madrid y pueden presentarla como un negocio para ex altos cargos. Y mientras se
tramitaba esa contestada privatización, el presidente de Madrid firmaba la compra del ático de los 700.000
euros.

En el Gobierno y en el partido se da por hecho que Bárcenas está presionando
a La Moncloa, una vez desvelada su cuenta en Suiza y constatado que nadie le
apoya ya. Si fuera así, ese chantaje en los aledaños del presidente sería
similar al del exsocio de Urdangarín que afecta al jefe del Estado. Se embarra
el terreno cerca de las dos instituciones.

El extesorero, que esperaba un horizonte penal más favorable, ha dejado ver
que lleva puesto un cinturón bomba. Pone a Rajoy en el brete de responder si
cobró sobresueldos o si los conoció y no los denunció. Todo eso con la imagen de
Rajoy muy erosionada, con un insólito 29% de estimación de voto, con la etiqueta de
previsible arruinada y cuando él mismo admite que ha incumplido su palabra. Le
quedaba la de eficaz frente al soberanismo y la de honrado, aunque con Francisco
Camps ya arriesgó y perdió y con Bárcenas nunca puso distancia.

¿Qué se puede hacer? En el Gobierno se acepta que Rajoy es un político de
motor diésel al que le cuesta arrancar y, en este caso, fuentes del Ejecutivo
explican que hay pocas iniciativas y medidas legales que se puedan impulsar. No
hay respuesta a la pérdida de crédito de la política. Está en marcha la ley de
transparencia, objetada por expertos porque deja zonas de sombra y porque
mantiene el silencio administrativo negativo y su efecto político ya se ha
diluido. En el Congreso no avanza la luz sobre actividades, viajes e ingresos de
los parlamentarios y, por supuesto, nadie se plantea en el PP mejoras en el
funcionamiento de la Cámara. Tampoco que la Comisión del Estatuto del Diputado
pueda investigar si son veraces los datos aportados cuando, por ejemplo, niegan
que sus empresas contraten con la administración. Al presidente del Congreso, Jesús
Posada, se le reconoce talante, pero se lamenta que no sea proactivo frente
al descrédito.

Tampoco hay disposición a endurecer los requisitos para lo que se conoce como
puerta giratoria, es decir, el paso de políticos a la actividad privada. Hay
casos como el de Felipe González, José María Aznar o Juan José Güemes, entre otros, que tienen
que ver con la ética, ya que han superado los dos años de incompatibilidad. Pero
hay otros, como el de Elena Salgado, sobre los que la Administración
nunca ejerce su capacidad investigadora, aunque sea evidente que fichan por
empresas sobre las que han tomado decisiones antes de que transcurra ese periodo
de dos años.

A largo plazo, Justicia pondrá en marcha una reforma del Código Penal que endurece el tratamiento a
delitos como la administración desleal, la apropiación indebida, la malversación
y la insolvencia punible, entre otros puntos relacionados con la corrupción.
Pero no se aplicarían a los casos ya conocidos. Está pendiente para la futura
ley de Enjuiciamiento Criminal adaptar la promesa de Alberto Ruiz-Gallardón de eliminar la excepción de la
responsabilidad de las personas jurídicas que afecta a partidos y sindicatos.
Significaría que en caso de delito cometido en un partido, por ejemplo, con el
reparto de comisiones en forma de sobresueldos no declarados, habría
responsabilidad penal de la formación, es decir, de sus máximos dirigentes,
incluso sin probar que tomaron la decisión.

Sobre financiación de partidos, el PP alega que el caso de Bárcenas tiene que
ver con su propio enriquecimiento y que, por tanto, no es precisa una reforma
legal. Las cuentas del PP están necesariamente claras porque sus manejos no se
declaran ni dejan rastro. Si hubo sobresueldos no estarán reflejados en las
cuentas oficiales por mucho que se busque. José Antonio Bermúdez de Castro,
dirigente del PP, explica que la ley ya se ha modificado esta legislatura, con
acuerdo de todos, para limitar las donaciones anónimas, prohibir aportaciones de
empresas con relación con las administraciones, que se publiquen las
condonaciones de deudas, que los créditos renegociados se limiten a 100.000
euros, que se obligue a auditorías internas y que se dé potestad sancionadora al
Tribunal de Cuentas.

El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, formuló la semana pasada una
propuesta de pacto contra la corrupción que más bien es un compromiso de
atajarla dentro de cada partido. Sus propuestas concretas, para mejorar el
control, quedarán para su conferencia de octubre. Al PSOE le preocupa combatir
la etiqueta del “todos son iguales”, que se traslada en las encuestas como un
duro castigo al bipartidismo.

Hay también una responsabilidad ciudadana porque el hastío por la corrupción
no lleva aparejado un rechazo a opciones afectadas. Así, Camps aumentó los
escaños del PP en julio de 2011 cuando ya había estallado Gürtel. En todo caso,
la impresión de lodazal político no es nuevo: En los 90 se vivió cuando
coincidieron el caso Roldán, Filesa y Naseiro, entre otros muchos. Entonces
surgieron medidas como la creación de la Fiscalía Anticorrupción y el
endurecimiento de la ley de financiación de partidos. De esta crisis
institucional aún no ha salido ninguna propuesta. Queda la Justicia, pero su
actuación es siempre lenta, a ritmo distinto al de la política, y cada vez con
menos medios.