El país de los 6 millones de parados y la amnistía fiscal

Editorial UPyD (Ver aquí)

Seis millones de parados. Cerca de dos millones de hogares con todos sus miembros en paro. 850.000 puestos de trabajo menos. Una población activa (los que buscan trabajo) menguante. Un 55% (cincuenta y cinco por ciento) de paro juvenil. Este es el balance laboral del primer año de gobierno de Mariano Rajoy. Estas cifras dan cuenta de un país arrasado. Un país en el que muchos, muchísimos de sus ciudadanos han visto cercenadas sus esperanzas. Un país en el que muchas personas ya no tienen más expectativa que sobrevivir, que salvar su casa si todavía no la han perdido, que poder hacer la compra hoy, y mañana ya veremos. Un país que vive de sus mayores, de sus pensionistas (que también ven menguar su poder adquisitivo), y que está consumiendo los ahorros que tanto les costó acumular.

El Gobierno de Rajoy ha fracasado con el paro. Dirán que para que se cree empleo se necesita recuperación económica, pero España está batiendo algunas marcas poco usuales. Se supone que cuando el paro en un país es ya muy alto, resulta difícil que siga subiendo. Sencillamente, se va agotando el empleo que se puede destruir. En España, en cambio, no deja de crecer. Además, los datos de temporalidad son incluso peores que hace un año. El poco empleo que se crea es de mala calidad. Unión Progreso y Democracia ya advirtió que la reforma laboral que aprobó el Gobierno no iba a servir para nada, y pidió la implantación del contrato único indefinido, que serviría para suavizar el brusco salto que se produce cuando una empresa convierte a un trabajador temporal en indefinido. Sería un paso hacia un mercado laboral más racional.

Los recortes sociales y las subidas de impuestos agravan la situación que viven las familias españolas. Está ampliando, hasta lo inaceptable, las diferencias entre los ciudadanos. La inmensa mayoría de los españoles tienen ahora menos de lo que tenían antes: sus sueldos o prestaciones son más bajos, los servicios que reciben por sus impuestos son peores, su patrimonio (si lo tienen) vale menos, etc. Pero la gran diferencia se está produciendo con los que ya no tienen nada. No tienen patrimonio, ni sueldo, ni prestación. Éstos, cada vez más, están siendo excluidos de nuestra sociedad. La brecha, es, además, territorial. Entre el 12,6% de paro que tiene el País Vasco y el 31,2% de Andalucía, hay un abismo que nos recuerda la vergüenza que suponen los conciertos fiscales, los privilegios que conservan Euskadi y Navarra. Si algunas CCAA están en mejor situación que otras, deberían contribuir más, no menos.

El fracaso del Gobierno no se limita a las cifras del paro. Su verdadera dimensión se comprueba al observar también otras de sus iniciativas, por ejemplo la amnistía fiscal. Ayer, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con ese tono tan particular suyo, se lamentó de que los partidos y los medios le criticaran cuando él había conseguido ingresar dinero para Hacienda. Parecía convencido de que los 1.200 millones fruto de la amnistía fiscal justificaban la operación tal como se había concebido y desarrollado.

Para empezar, la amnistía fiscal es un premio para defraudadores. Los que ocultaron rentas o patrimonio a Hacienda, han podido sacarlo a la luz pagando sólo un 10% sobre las cantidades ocultadas. Pero es que, además, tal como señaló el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo, Hacienda fue suavizando las condiciones para acogerse a la amnistía – con el objeto de evitar un ridículo total -, hasta el punto de que el tipo de interés efectivo que han pagado los que a ella se han acogido, ha sido sólo del 3%. Montoro ha permitido que las cantidades afloradas, pero cuya deuda hubiera prescrito, no pagaran nada. Y ha permitido blanquear el dinero de personas que pudieran estar siendo objeto de un procedimiento penal. Es decir, Luis Bárcenas, en contra de lo que dijo el propio ministro, podría haberse acogido a la amnistía fiscal (tal y como, por otra parte, aseguró su abogado que había hecho). UPyD ya ha pedido explicaciones al Ejecutivo.

Sí, Montoro ha ingresado 1.200 millones. Y a cambio de este, 0,1% del PIB y de la deuda españolas, ha lanzado el mensaje de que en España el que cumple con las leyes recibe un castigo más duro que el que se las salta. Como ha dicho Anchuelo en varias ocasiones, el Gobierno ha vendido la conciencia fiscal del país. Los bancos no perdonan las deudas hipotecarias a quienes no tienen ingresos, pero el Gobierno perdona las deudas con Hacienda a quienes han incumplido sus obligaciones. Montoro, además, está siendo totalmente opaco con los datos obtenidos en la amnistía. Al menos, podrían servir para investigar su origen, porque, aparte de los posibles delitos fiscales que ya quedarán impunes, la procedencia del dinero podría ser el crimen. Podría ser dinero procedente de la corrupción política, por ejemplo. O del tráfico de drogas. O incluso del chantaje terrorista. ¿Va a hacer algo el Gobierno?

Con la amnistía fiscal, el Gobierno insulta a los españoles, en especial a los que ya no tienen ingresos de ningún tipo y a los que nadie les perdona nunca nada.