Editorial de UPyD (aquí)
En un país tan personalista como España, donde las adhesiones y los rechazos a nombres propios articulan la actualidad, es fundamental explicar que, aunque existan responsabilidades personales, el problema de la corrupción es institucional. Ayer, en una frase muy significativa, la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que la corrupción tenía que ver con actitudes "muy personales" como "la honestidad y la honradez". Lo hizo en respuesta a una pregunta que le había formulado la portavoz de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, en relación con las medidas que pensaba tomar el Ejecutivo en la lucha contra la corrupción.
Díez recordó a la Vicepresidenta que la corrupción no es un problema personal, sino legal. Y esto es algo que hoy conviene recordar especialmente. Si los altos cargos del PP cobraron sobresueldos en dinero negro, tal como indica la contabilidad de Luis Bárcenas, y no lo declararon, tendrán una responsabilidad personal. De hecho, Rajoy ya es responsable político de este caso tan grave de corrupción. Las cuentas delatan una presunta financiación ilegal. Pero, cuando uno es Presidente, además de la responsabilidad jurídica que puede tener como ciudadano, tiene además una grave responsabilidad política si no ha actuado para solucionar el problema de fondo.
Curiosamente, en lo que va de legislatura, el PP ha apoyado iniciativas de UPyD que son importantes pasos en la lucha contra la corrupción. Gracias a una de estas iniciativas, los partidos políticos y los sindicatos tienen ahora responsabilidad penal como cualquier otro tipo de organización. También gracias a las enmiendas de UPyD, que fueron apoyadas por el PP, se han limitado las cantidades que pueden donarse y condonarse a los partidos. Es llamativo que el partido que gobierna España, apenas haya aireado estas medidas que, si bien no ha promovido, no habrían podido aprobarse sin su apoyo. El Ministro de Justicia, además, se ha comprometido a que las personas con juicio oral abierto no puedan ir en una lista electoral, y deban abandonar sus cargos públicos en caso de que los ostentaran. Esta medida está pendiente de incorporarse a la ley.
Ante la falta de respuestas concretas por parte de la Vicepresidenta, Díez le sugirió algunas: establecer el delito de financiación ilegal, que no existe como tal en nuestras leyes; regular el indulto para evitar que sea tan arbitrario como es ahora; y legislar el delito de enriquecimiento ilícito o injusto de los cargos públicos, que tampoco existe. Estas medidas no harán que haya más personas honradas y honestas, ni en la política ni en España, pero desanimarán a muchos desaprensivos y servirán para castigar a los que, aún así, decidan saltarse las leyes.
En una entrevista en RNE, la portavoz de UPyD también ha recordado que la Ley de Transparencia que prepara el Gobierno excluye a los partidos políticos y a la Casa Real. Parece que el Gobierno no cree que algunas de las instituciones más importantes de España deban rendir cuentas de forma nítida ante los ciudadanos. A esto hay que añadir el reciente pacto entre PP y PSOE para mantener (e incluso incrementar) la politización de la Justicia. Igual que mantienen el sistema de cuotas o la infradotación de los organismos reguladores, aquellos que deben vigilar a los partidos, a las entidades de crédito, a las empresas…
Lo que desvelan los "papeles de Bárcenas", como lo que desvela el tecleo de oro de "Amy Martin", o las tramas de los Pujol y los Mas, o el caso Urdangarin, o el Pallerols, o los EREs de Andalucía, etcétera, etcétera… Lo que desvelan son casos de deshonestidad personal, pero sobre todo un gran agujero institucional, un entramado que no funciona, que no desanima al delincuente, que no lo castiga ni apenas lo persigue. Las personas deben responder de sus acciones, pero tan importante como ello es cambiar las leyes.
Mariano Rajoy será responsable de todo lo que haga o haya hecho: de los sobres que haya podido cobrar, de que no se denunciaran y de no haber cambiado las leyes para impedir que esto se repita. Las tres son graves, pero la última es la que peores consecuencias tiene para los españoles.