Quienes sostienen que el sistema público quebrará por la presión de la demografía olvidan que el crecimiento de la productividad pueda mantener en 2050 al doble de pensionistas
Vicenç Navarro (Publicado en El País, aquí)
EDUARDO ESTRADA
Una postura generalizada en los círculos políticos, mediáticos y financieros
del país es que el sistema público de pensiones se encuentra ante un gran reto
determinado por la transición demográfica. Se argumenta que la transición
demográfica, con un crecimiento muy acentuado de la población anciana, hace
difícil sostener el sistema de pensiones públicas. Así, este rotativo apuntaba
en un reciente editorial, Pensiones consensuadas (EL PAÍS, 30 de
diciembre de 2012), que “el sistema actual de pensiones es insostenible por (…)
la presión de la demografía, que empuja la población hacia edades más
altas”.
Y también en este diario se han publicado varios artículos, que todos ellos
subrayaban que, de no cambiar el sistema de financiación de las pensiones
públicas y/o la extensión de sus beneficios, el gasto público en pensiones,
debido a la transición demográfica, alcanzará unos niveles en 2050 que serán
insostenibles.
Tal preocupación se basa en el supuesto de que, al haber más ancianos y menos
jóvenes, estos últimos no podrán sostener las pensiones de los primeros. En
otras ocasiones, este mismo argumento se presenta de otra forma que pone el
acento en que el número de beneficiarios de las pensiones será cada vez más
grande que el número de cotizantes al sistema de pensiones, con lo cual se
llegará a una situación en que no habrá suficientes cotizantes para tantos
beneficiarios. Tales argumentos parecen lógicos y razonables y su frecuente
repetición en los medios explica que haya adquirido una gran credibilidad. Por
regla general, se añaden a estos argumentos otros igualmente preocupantes. No
solo el número de beneficiarios ha aumentado y continúa aumentando
considerablemente, sino que el número de años de vida por pensionista también ha
estado aumentando, con lo cual el gasto público en pensiones se está disparando,
prediciéndose unos niveles de gasto público que las hará insostenibles.
En estos argumentos, sin embargo, no se tienen en cuenta varios hechos. Uno
de ellos, de especial importancia, es el del aumento de la productividad, es
decir, que un trabajador dentro de 40 años producirá mucho más que un trabajador
ahora. Para comprender la importancia de este hecho, el lector tiene que conocer
que hace 40 años el 18% de los españoles adultos trabajaba en la agricultura.
Hoy solo el 2% lo hace, y este 2% produce mucho más de lo que producía hace 40
años el 18% de la población que trabajaba en agricultura. Un trabajador agrícola
ahora produce más alimentos de los que antes producían nueve trabajadores, y
ello como consecuencia del enorme crecimiento de la productividad. Se habría
percibido como una observación innecesariamente alarmista si hace 40 años
economistas famosos hubieran escrito en rotativos de gran difusión que, como
consecuencia de que los trabajadores estaban abandonando el campo, habría menos
producción de alimentos, con lo cual, al cabo de 40 años, la gente de España
moriría de hambre.
Pues bien, sustituyan alimentos por pensiones y vean el posible error que
significa alarmar a la ciudadanía argumentando que dentro de 40 años no habrá
suficientes trabajadores para sostener las pensiones. Los datos supuestamente
alarmantes aparecen cuando se indica que el número de cotizantes por
beneficiario está disminuyendo, reduciéndose (según varias estimaciones) por
ejemplo a la mitad en el año 2050. Ahora bien, es fácilmente demostrable que
esta disminución que se considera tan preocupante, en realidad no lo es, ya que
es más que probable que un trabajador producirá casi el doble en 2050 que ahora,
con lo cual podría mantener casi al doble de pensionistas. Es más, el porcentaje
de la población activa habrá aumentado, pues hoy es de los más bajos de la Unión
Europea de los 15, ¿dónde está, pues, el problema?
El mismo error aparece cuando se alarma a la población indicando que en 2007
nos gastamos el 8% del PIB en pensiones y dentro de 40 años nos gastaremos el
15%, lo cual se asume como que es insostenible en una sociedad que tiene
recursos limitados (por cierto, Italia ya se gasta el 14% del PIB en pensiones
públicas y el sistema no se ha colapsado). El error de todas estas tesis
alarmistas es que se asume, de nuevo, que la productividad apenas variará.
Si la productividad creciera un 1,5% por año, que es el promedio de
crecimiento en los últimos 50 años, el PIB de España en 2060 sería 2,20 veces
mayor que en 2007 (en monedas constantes, es decir, que la capacidad adquisitiva
real habrá más que doblado la actual). En otras palabras, si en 2007 el PIB era,
por ejemplo, 100, en 2060 sería 220. Pues bien, si en pensiones nos gastamos en
2007 un 8% del PIB, es decir, 8 puntos del PIB —dejando para los no pensionistas
92 puntos—, en 2060 nos gastaremos el 15% de 220, es decir, 33 puntos en
pensiones, quedando para los no pensionistas 187 puntos, muchos más que los 92
de 2007. En realidad, hace 50 años nos gastábamos el 3% del PIB en pensiones, y
en 2007 nos gastamos el 8%. Hemos casi triplicado el gasto en pensiones y, sin
embargo, los recursos para los no pensionistas también han aumentado, pues el
tamaño de la tarta es mucho mayor ahora que hace cinco décadas.
Que no haya problemas graves en las pensiones públicas no quiere decir que no
deban hacerse reformas, pero estas no deberían ir en el sentido de reducirlas.
Una medida aconsejable para aumentar los fondos a la Seguridad Social y mejorar
las pensiones es facilitar la participación de las mujeres en el mercado de
trabajo. En España, el porcentaje de la población que trabaja es bajo. Y en
parte esto se debe a dos factores. Uno es el bajo porcentaje de la población
adulta que trabaja en el sector público (en 2007 el 10%, uno de los más bajos de
la UE-15, cuyo promedio es del 15%). En contra de lo que se dice, el sector
público (y, muy en particular, en los servicios públicos del Estado del
bienestar, tales como sanidad, escuelas de infancia, educación y servicios
sociales, entre otros) está poco desarrollado y tiene escaso personal, y ello se
traduce en el bajo porcentaje de la población que trabaja en él. Y el trabajo
crea la necesidad de producir más trabajo.
El otro factor (relacionado con el anterior) es la baja participación de la
mujer en el mercado de trabajo (52%). Si España tuviera el porcentaje de Suecia,
habría 2,8 millones más de trabajadoras pagando impuestos y cotizaciones
sociales. Para ello se debería expandir el cuarto pilar del Estado del
bienestar, de modo que se incluyera el derecho de acceso a las escuelas de
infancia, además de los servicios domiciliarios a personas dependientes. Y,
naturalmente, se debería hacer al hombre corresponsable de las obligaciones
familiares. Y sobre todo, invertir en infantes y jóvenes, pues ellos son los
futuros cotizantes que financiarán las pensiones del futuro.
Deberían también corregirse las inequidades existentes en la financiación de
las pensiones. Es injusto que uno de los banqueros más importantes de España
pague a la Seguridad Social un porcentaje mucho menor que un empleado de su
banco. Como también es injusto que una persona trabajadora no cualificada (que
vive 10 años menos que una persona de la decila superior de renta) tenga ahora
que trabajar dos años más para pagarle las pensiones a la persona que le
sobrevivirá 10 años. En realidad, el incremento de la esperanza de vida se ha
concentrado en los últimos 40 años en las rentas superiores, habiendo sido menor
en las rentas inferiores. Estos deberían ser los temas que centraran el debate
actual sobre las pensiones: la creación de empleo y sobre todo, buen empleo, y
la corrección de las desigualdades en la financiación de las pensiones.
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas
Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns
Hopkins University