Con mayor sarcasmo e insulto hacia el ciudadano castellano-manchego no podía haberlo dicho el portavoz del PP en la cámara regional, Francisco Cañizares, al subrayar la importancia de que, tal y como el martes anunció la presidenta autonómica, María Dolores de Cospedal, Castilla-La Mancha haya terminado 2012 con una desviación del 1,48 por 100, lo que supone un descenso de seis puntos en el déficit y también cumplir el límite marcado por el Gobierno central para las autonomías del 1,5 por 100. Bien está, aunque las fórmulas adoptadas hayan sido reaccionarias, injustas y faltas de clarividencia administrativa.
A pesar de esto, Cañizares se ha atrevido a destacar que los analistas económicos "no recuerdan que ningún país ni ninguna comunidad autónoma haya posibilitado una reducción del déficit de seis puntos en un año" y ha insistido en que ello ha sido posible en Castilla-La Mancha gracias a la adopción de "medidas ejemplares en lo público" y aplicando "un tipo de gestión desconocida" en la comunidad autónoma. ¿Pero dónde vive este buen señor? ¡Tendrá valor!
Un solo dato desvirtúa por completo las medidas adoptadas por Cospedal y su gobierno: el año 2012 cerró en Castilla-La Mancha con 296.500 personas en el paro, el 30,02 por ciento de la población activa (el 35,20 en el caso de las mujeres) según los datos de la EPA. Esto quiere decir que por cada punto de déficit que dicen haber reducido los populares hay 10.000 parados más. O como nos ha trasladado CC OO "el pasado año se destruyeron más de 2.500 empresas y 76.600 empleos".
Evidentemente no han hecho la política más beneficiosa, útil, ni eficaz. Esa que, como reconoce el mismo portavoz, ha decretado que los funcionarios hayan sido "los grandes sacrificados", ya que además de experimentar un aumento en su jornada laboral y una reducción salarial, han tenido que hacer "el esfuerzo a la hora de cuadrar las cuentas públicas de la región".
En esta última línea, el diputado regional Cañizares aún advierte que, si bien el cumplimiento del déficit es un "objetivo importante", no es "el objetivo con mayúsculas", pues este consiste en la generación de riqueza y empleo en la comunidad autónoma. Con ninguno de los dos ha cumplido el gobierno del PP presidido por Cospedal. Desde que ésta rige los destinos de Castilla-La Mancha, nuestra región es más pobre y tiene más parados. Y lo peor de esto, aún, del contingente de casi 300 mil parados, 129.780 de estos carecen de cualquier prestación. Antes que prestar oídos a ese portavoz, pues, son las palabras de CCOO de C-LM las que deben pilotar una acción de gobierno correcta y más precisa: "el triunfalismo de Cospedal, su Gobierno y su partido contrasta con la situación de miseria en que está sumida nuestra región y con el sufrimiento de cientos de miles de castellano-manchegos; que debieran ser los destinatarios de la gestión política de su Gobierno".
La Estrategia Europa 2020 dio un marco general y directrices para las políticas de la UE y de sus estados miembros para la década en la que nos hallamos; pretende coordinar un modelo de crecimiento económico y social para los 27 países miembro, teniendo en cuenta sus respectivas particularidades y situaciones iniciales. El objetivo es converger en un modelo común que haga de Europa 'una economía inteligente, sostenible e integradora'. El núcleo de Europa 2020 está constituido por tres prioridades:
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Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación.
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Crecimiento sostenible: promoción de una economía que utilice más eficazmente los recursos, que sea verde y más competitiva.
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Crecimiento integrador: fomento de una economía con un alto nivel de empleo que redunde en la cohesión económica, social y territorial.
Nada de esto ha seguido el mal gobierno de Cospedal. Por el contrario, ha dominado los pasos de su argumentación mucho de lo que Milagros Pérez Oliva explicaba en su artículo Culpables de ser pobres, publicado en El País el 5 de octubre de 2012. Se centra ahí en la criminalización del parado como sospechoso de holgazanería, que el PP ha intentado hacer calar en su discurso político. Y, con este último relato, sus poderes han buscado justificar el abandono a su suerte del más desfavorecido y neutralizar cualquier resistencia a las medidas de ajuste. "Como una lluvia fina, el pensamiento que culpabiliza al pobre por ser pobre y al parado por no encontrar trabajo
va calando en el discurso político. Es en realidad el reverso del ideario del liberalismo económico, que entroniza la figura del emprendedor como modelo social y sitúa la competitividad como motor de cualquier progreso". Sin embargo, como asimismo puntualiza dicha autora, en fase de bonanza económica, especialmente si está basada en dinámicas especulativas, este ideario tiene una gran aceptación social porque siempre hay historias de éxito fulgurante que mostrar. Pero en tiempos de crisis, puede volverse fácilmente contra los pobres y los parados, a los que se presenta como sospechosos de holgazanería y culpables de haber malbaratado sus oportunidades. Entonces las fuerzas políticas de la oposición, en las que sobresale siempre por su perspicacia y conocimiento de la realidad social UPyD, han de contestar y negar tajantemente al PP, ya que "el relato que se hace de lo que ocurre es determinante porque contribuye a construir el marco conceptual que servirá de referencia a la hora de valorar lo que ocurre", explica Montserrat Ribas, profesora de la Universidad Pompeu Fabra
y coordinadora del grupo de investigación sobre Estudios del Discurso. Si en ese relato se introduce la idea de que los parados y los pobres son parásitos, es presumible que cuando se decidan recortes en las prestaciones, estos no encuentren resistencia entre quienes no sufren esa situación.
Ya es curioso, ya, como se ve en el dorso de la declaración de Cañizares, que cuando la pobreza ha escalado tres puntos en un año en esta Comunidad autónoma, se insista tanto en la idea de que los desempleados no hacen suficiente esfuerzo para poder trabajar. En la orilla de enfrente al margen neoliberal del PP, pudimos ver a mediados de octubre de 2012 a la Alianza Castellano-Manchega contra la Pobreza, compuesta de 12 redes que agrupan a todo el sector asociativo de lo social y sindical, cuando convocó a la ciudadanía de Castilla-La
Mancha a rebelarse contra la pobreza en un momento de recortes, o "ajustes", que está afectando a la acción social con las personas más empobrecidas, que no han sido quienes han generado esta crisis sistémica.
El 17 de octubre del año pasado, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, estuvieron en la calle las personas que abogan por un mundo en el que los gobiernos cumplan sus obligaciones relativas a la lucha contra la pobreza. Denunciaron las graves consecuencias que la crisis está suponiendo, especialmente para las personas más vulnerables. Ante la crisis, los más poderosos, y países ricos, anuncian medidas que, en lugar de atacar sus causas, provocan recortes sociales haciendo que paguen quienes no son responsables de la actual situación; se mantiene, por tanto, el actual modelo económico desigual, asociado al despilfarro y al consumo sin límites. Un modelo que es manejado por "los mercados", a los que para nada importa las personas. De ahí que exigiesen al gobierno regional y a los gobiernos locales, entre otras medidas, que "la crisis no sea la excusa para no asumir los compromisos con los más empobrecidos y vulnerables de aquí y de allí, que busquen alcanzar el mayor consenso en la lucha contra la pobreza y la mantenga fuera del debate partidista, que apoye a las organizaciones sociales como un actor clave en el ejercicio democrático, que garantice el empleo decente y estable para todos los ciudadanos".
Cañizares evidentemente ni estuvo ahí ese día, ni en ningún momento ha hecho atisbo de quienes Casimiro Pastor Millán explicaba el 27 del pasado mes de enero en el Diario de Castilla-La Mancha: los pobres energéticos. Según explica, son "personas o familias que por no disponer, o aún disponiendo, de instalaciones de calefacción en sus casas, no las ponen por falta de recursos económicos para hacer frente a las cada vez más abultadas facturas de la luz, sobre todo, o de otras fuentes de energía".
Literalmente afirma Casimiro Pastor que vivir en hogares que en invierno no alcanzan los 18 grados centígrados está afectando a la salud de esa franja de la población. Gripes, resfriados y neumonías son frecuentes en esta época del año y es natural que sean esas personas las más afectadas. Otras familias optan por pasar un poco de frío a determinadas horas, o abrigarse más de lo corriente en casa, y luego poner un poco la calefacción. Hay algún caso más sangrante de persona mayor que vive sola, aquejada de enfermedad que agrava el frío, darle el alta hospitalaria de una neumonía y, al llegar a su casa, encontrarse con que le han cortado la luz por falta de pago. No es un desahucio ni una condena a muerte, pero casi. Y aquí Pastor Millán nos recuerda un reciente informe del Observatorio Español de la Sostenibilidad, financiado por el gobierno y formado por científicos de varias universidades españolas, en el que se indica que en nuestro país la pobreza energética provoca ya entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras en invierno (una cifra superior a los muertos por accidentes de tráfico) y afecta sobre todo a las personas de mayor edad, que viven en pueblos de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, La Rioja y Aragón.
La cifra récord de parados, la crudeza de las temperaturas y los incrementos incesantes en el recibo de la luz se citan entre los agravantes del problema de esta pobreza energética. Ante ella, ¿podemos afirmar como Cañizares que sean medidas ejemplares en lo público las de Cospedal? Tajantemente, NO. Han sido una barbaridad y una injusticia, producto de la incompetencia total de su gobierno. Éste ha conducido su vehículo gestor, según se desprende del II Informe 'Impactos de la crisis'
elaborado en España por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN, por sus siglas en inglés), a una Castilla-La Mancha que tiene una tasa superior al 31 por ciento de la población en riesgo de pobreza y exclusión social, y está entre las regiones con tasas más altas, con un aumento constante y elevado.
A la vista de estos datos, EAPN ha hecho un llamamiento "a la urgente necesidad de reformular" las medidas de protección a la ciudadanía, al tiempo que ha pedido que la inclusión social se sitúe en el centro de la agenda política y que las estrategias de lucha contra la pobreza sean transversales e incorporen medidas diseñadas para garantizar la cohesión social y territorial. Este es el pulso que debe echar a su gestión pública el gobierno oligárquico del PP y retirar de la información pública a personajes cicateros y desdichados como Cañizares, más propensos a desvirtuar la realidad que a ayudar a una participación ciudadana apta para generar nuevas políticas activas dirigidas a cambiar las variables del indicador AROPE, caminando plenamente por la Estrategia Europa 2020.
Contra lo hecho por Cospedal y lo dicho por Cañizares, los ciudadanos castellano-manchegos estamos necesitados de que se implante en nuestra Comunidad autónoma lo que se conoce por Nueva Gestión Pública (NGP). Y frente al catalejo abusivo neoliberal, como dijo el Banco Mundial, pasen a considerar que "el Estado es fundamental para el proceso de desarrollo económico y social, pero no en cuanto agente directo del crecimiento sino como socio, elemento catalizador e impulsor de ese proceso". Algunos de los aspectos en los que el Sector Público es esencial son la mejora de las infraestructuras de comunicación, la preparación básica del capital humano, la agilidad en la toma de decisiones y la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios y en su gestión. Las deficiencias de Cospedal y su gente en ese campo han sido tremendas, y, como consecuencia, sus resultados muy perniciosos.
Como consecuencia y en resumen, en el tiempo que le quede de estancia en el poder de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Cospedal debe auspiciar un cambio rotundo de la propia Administración Pública, planteándose la necesidad de trazar una reforma profunda de sí misma, con el objeto de pasar de ser una Administración clasista o asistencialista, basada en la realización de una serie de prestaciones y de servicios gestionados directamente por aquélla (supuestamente gratuitos, aunque en declive por sus ajustes y su determinismo privatizador), a una Administración mucho más acorde con el contexto mundial actual. Como presagiaba Hufty y se ha aplicado en Islandia, por ejemplo, deben construir una Administración orientada al ciudadano, el cual, a cambio de sus tributos, exige más información, un número más elevado de productos y servicios, mayor calidad de los mismos y un incremento de la eficiencia en la gestión de los recursos que utiliza, en definitiva, una mejora de su actuación.
Juan Andrés Buedo