Editorial de UPyD (Ver aquí)Unos meses después, el 28 de noviembre del mismo año, hubo elecciones al Parlamento de Cataluña, a consecuencia de las cuales, CiU, el partido de los Pujol, pasó a gobernar la Comunidad Autónoma. Como estaba en minoría, necesitó durante los dos años que duró la legislatura el apoyo del PP de Sánchez-Camacho para sacar adelante las leyes más relevantes, en especial los presupuestos que consagraban, por un lado, drásticos recortes, y por otro, el mantenimiento del gasto identitario. Es decir, el PP apoyaba a CiU conociendo los graves indicios de delito que pesan sobre los nacionalistas. Tras las elecciones generales de 2011, ese apoyo tuvo su compensación en el Congreso de los Diputados, donde el PP sacó adelante muchas de sus iniciativas con el apoyo del partido de Artur Mas.
La acusación que pesa sobre el PSC, por su parte, es muy grave. Habrá que probarla, pero El Mundo ha publicado el registro de clientes de la agencia de detectives en el que aparece el nombre de José Zaragoza, número dos de José Montilla y actual diputado en el Congreso. Aunque el PSC ha negado haber encargado el espionaje, sí ha reconocido que sabía sobre Pujol hijo "lo que se comentaba en los corrillos". Da toda la impresión de que en Cataluña (y probablemente fuera de allí) todos los partidos tradicionales saben todo sobre los demás, aunque eso no les lleve a hacer nada. Simplemente retienen la información para usarla cuando les convenga, que puede ser cuando trasciendan casos de corrupción que les salpiquen a ellos. Así se neutralizan.
Unos años antes, el Ayuntamiento de Madrid autorizaba, a través de la plataforma olímpica Madrid 2016, pagos a una fundación de Iñaki Urdangarin por servicios ficticios. La consejera delegada de la candidatura, Mercedes Coghen, ya ha declarado como imputada, y hoy hemos sabido que el ayuntamiento madrileño intentó disimular los pagos injustificados con una memoria posterior, lo que refuerza las sospechas de fraude. El diario on line El Confidencial apunta hoy al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y a su mano derecha cuando era alcalde de Madrid, Manuel Cobo, como responsables directos.
En diciembre de 2011, durante el debate de investidura de Mariano Rajoy, el presidente electo minimizó los efectos de la corrupción y atacó duramente a Rosa Díez, quien había intervenido como portavoz de Unión Progreso y Democracia. Es posible que el presidente del Gobierno, que también lo era y lo es del PP, viviera en la inopia y no conociera ni los casos mencionados ni todos los que a diario pueblan portadas y páginas interiores de los periódicos. Es posible, pero no es probable. Por mucho que sea su despiste, de lo que estamos hablando no es de sucesos aislados sino de un clima general. Sólo desde el cinismo pudo quitar hierro al asunto con el consabido tópico de que la mayoría de los políticos son honrados. Este miércoles tendrá la oportunidad de retractarse o de reafirmarse, ya que Díez volverá a preguntarle por la cuestión en sede parlamentaria.
Los hechos no hacen sino confirmar que los partidos tradicionales se protegen mutuamente en los asuntos de corrupción, aunque luego hagan propuestas que contradicen lo que hicieron mientras gobernaban. Hace pocos días, Sánchez-Camacho se permitía exigir a todos los partidos que imitaran al suyo y publicaran sus cuentas, obviando que UPyD siempre lo ha hecho. En lugar de conminar a otros a hacer cosas que ya hacen, Sánchez-Camacho (y Gallardón, y Montilla, y Rubalcaba, y Rajoy) deberían contar lo que saben. A los ciudadanos, desde luego, pero incluso antes a la fiscalía. A continuación, pueden sumarse al Manifiesto por la Regeneración de la Democracia de UPyD.