La plataforma de sindicatos de los empleados públicos de la Junta de Castilla-La Mancha ha hecho un llamamiento a todas las organizaciones sociales, a las plataformas en defensa de servicios públicos y al conjunto de la ciudadanía a manifestarse el 16 de febrero en Toledo en contra de los recortes del Gobierno regional.
"Nos tienen que oír; tienen que rectificar" es el mensaje que encabeza el Manifiesto con el que los ocho sindicatos integrantes de la Plataforma convocan a todos los castellano-manchegos a volver a salir a la calle para exigir al Gobierno de Cospedal que ponga fin a sus políticas de destrucción del empleo y de los servicios públicos.
En el manifiesto, que firman y apoyan CCOO, UGT, SIC-GIS, FSES, FEP-USO, Intersindical de Castilla-La Mancha, USAE y GESTHA, se exigen unos servicios públicos universales, gratuitos y de calidad, derechos a los ciudadanos, laborales y económicos, prestaciones para todas las personas en paro y el mantenimiento de trabajo existentes y recuperación de los perdidos.
También, entre sus peticiones "irrenunciables", se apuesta por el cobro de unos salarios dignos y una fiscalidad justa "que haga pagar más a los que más tienen" y la lucha decidida contra el fraude, así como el rechazo a los recortes y privatizaciones.
En apenas año y medio, paulatinamente Cospedal y sus muchachos han ido mostrando su verdadera fisionomía y lejos de las demandas del pueblo castellano-manchego, al que representaban hasta su mal quehacer en 2012, están acabando con todos los servicios públicos, que tanto han costado construir a lo largo de 30 años en esta región. Su mal gobierno ha derivado en una mayor pobreza, descargada de unos imprescindibles recursos públicos.
Con una situación económica que empeora día a día, Cospedal y el PP de Castilla-La Mancha se hacen los sordos y siguen moviendo sus hoces a diestro y siniestro, sin querer tampoco ver que todos los recortes de derechos que han promovido sólo han supuesto una faja de tropelías, que, su simple enunciado, dejan marcada y descalificada a esa clase política segregada ya de la mayoría de su sociedad, que no acepta de ningún modo la sangrante deriva traída por los populares:
- Aumenta escandalosamente el número de personas paradas, muchísimas de ellas sin ningún ingreso.
- La pobreza y la exclusión aumentan de forma sangrante.
- Los servicios públicos siguen reduciéndose y cada vez nos exigen pagar más por ellos.
- Los asalariados siguen cobrando tarde, mal y cada vez menos.
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Los derechos ciudadanos, laborales y económicos siguen siendo vulnerados.
Y mientras tanto, los que esperan forrarse con las privatizaciones se frotan las manos. Ante ellos se muestra con más fuerza ese panorama desolador que ayuda a explicar la angustia que siente la abrumadora mayoría de los ciudadanos, tanto por la situación económica del país (94%) como por la suya particular (84%). Una angustia que se torna en desamparo cuando ni las principales instituciones nacionales ni la clase política en su conjunto están sabiendo transmitirles seguridad y sosiego.
El sociólogo José Pablo Ferrándiz, vicepresidente de Metroscopia, al vislumbrar las consecuencias sociales de esta doble crisis económica y política, en la que incluía el mes pasado asimismo los recortes en el gasto público -los mayores en nuestra reciente historia democrática-, consideraba que podrían "llegar a desestabilizar nuestra sociedad e incluso hacerla descarrilar".
Eso es al menos lo que opina un porcentaje altísimo de españoles: el 73%, para los que nuestro país se encuentra al borde de un estallido social a causa del nivel de paro y pobreza ya alcanzados. Probablemente lo que esta respuesta expresa, según el propio Ferrándiz, "no es tanto la percepción de la inminencia real de dicho estallido si no el extendido temor de que si las cosas no mejoran eso sea lo que inevitable —e indeseadamente— termine pasando". Y el 16-F debería hacer reflexionar a Cospedal y los suyos, cada día más estigmatizados por el conjunto de la sociedad castellano-manchega.
Hasta ahora nuestros ciudadanos han reaccionado con serenidad y civismo ante cuanto lleva ya cinco años ocurriendo, y ello pese a la generalizada sensación de agravio comparativo: un abrumador 96% -que cuantifica el citado sociólogo- piensa que los efectos de la crisis no están siendo soportados por igual por todos los sectores sociales sino que solo están recayendo sobre una clase media en situación cada vez más precaria y sobre los sectores más desfavorecidos, cada vez más empujados hacia la marginalidad. La idea ampliamente dominante (detectada ya en un sondeo hecho recientemente por Metroscopia) es que "estaríamos regresando a una España minoritaria de ricos frente a otra, crecientemente mayoritaria, de personas pobres o en trance de serlo".
En esta coyuntura, el 16-F es un consistente reflector de que el primer sector (o sea, el ámbito político-institucional), del que la ciudadanía espera en primera instancia solución a sus problemas, solo inspira, según la práctica totalidad de la ciudadanía (97%), desconfianza y desafección crecientes. Aquí emplazados, la gravedad que la situación parece haber alcanzado ya queda expresada en el hecho de que el 86% de los españoles piense que de no ser por la intervención de entidades asistenciales como Cáritas o Cruz Roja la crisis social se habría hecho ahora mismo insostenible. Lo que se conoce como tercer sector (organizaciones sin ánimo de lucro), por tanto, está así actuando como eficaz dique de contención, impidiendo, por el momento, el derrumbe social.
Somos miles y miles los castellano-manchegos que no creemos merecernos a la presidenta que nos ha tocado la desgracia de padecer. Como decía Manuel Cruz, catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona, al referirse a Artur Mas, si los ciudadanos nos aplicamos los mismos estándares de conducta que reclamamos a nuestros políticos, tendremos la autoridad moral suficiente para no rebajar nuestro nivel de exigencia y de control sobre ellos. Y así, con una manifestación responsable como la del 16-F, podremos dejar a Cospedal y los suyos aislados; con lo cual, quizá entiendan de una vez que es posible que se merezcan a esa gente quienes los han votado y, sobre todo, quienes tanto han jaleado sus errabundas e inestables propuestas, pero en modo alguno, desde luego, quienes desde bien temprano nos manifestamos en contra de las mismas.
En una fecha como la de hoy, el 16-F demanda acudir a Manuel Cruz y, de su mano, pasar cuentas a esos teóricos del individualismo posmoderno, que ha dejado un paisaje devastado, ante el cual es imprescindible reivindicar los valores destrozados por Cospedal y su tropa. De este modo impediremos que se desgarre por completo el tejido de vínculos sociales que nos constituye como seres humanos y fuera del cual no hay otra cosa que la amenaza de la selva. "No se trata ahora de entretenerse a llorar sobre la leche derramada, añorando unos presuntos buenos tiempos perdidos, más cohesionados y solidarios", como certificaba el profesor Manuel Cruz. Lo que procede es gritar en Toledo contra las inermes y reaccionarias fórmulas impuestas por un indeseable gobierno, extrayendo desde ahí las lecciones pertinentes de lo ocurrido y obrar en consecuencia. Porque no todo es decepción ni sentimiento de profunda derrota. Buena parte de las iniciativas que de un tiempo a esta parte han ido surgiendo para expresar no solo los rechazos concretos a las diversas operaciones que desde el poder se emprenden con el inequívoco objetivo de desmantelar los servicios públicos y de protección social existentes, sino también la decidida exigencia de auténtica democracia (de democracia real), en cierto modo están señalando la dirección que conviene seguir:
Olvidémonos de predestinaciones (del tipo "cada país tiene…") y apoyemos a los políticos que realmente se lo merezcan y solo a ellos. Parece haber quedado atrás de forma irreversible el tiempo de la laxitud, el posibilismo y el mal menor como criterios a la hora de seleccionar a nuestros representantes. Llevamos acumuladas demasiadas experiencias de frustración desde aquel ya lejano desencanto de la primera hora de nuestra democracia como para conceder más cheques en blanco a quienes parecen haberse convertido en auténticos profesionales de solicitar en periodo electoral una última oportunidad. Pero, sobre todo, hagámonos nosotros merecedores, si se quiere seguir utilizando tales términos, de otros políticos y especialmente de otras formas de hacer política. (Manuel Cruz)
Juan Andrés Buedo