(Publicado en La Vanguardia-Caffe Reggio, aquí)
OPINIÓN
Aumenta la sensación generalizada de que en España nos encontramos ante un final de etapa. La crisis económica nos ha puesto frente al espejo. Al contemplarse, la sociedad española no se gusta a sí misma. Del orgullo reciente hemos pasado al desánimo general.
A partir de este diagnóstico, el profesor Manuel Jiménez de Parga, veterano catedrático de Derecho Político, pronunció el pasado 19 de febrero una brillante conferencia en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Los que le conocemos desde hace muchos años sabemos que siempre ha sido persona optimista y positiva. Ni en momentos muy difíciles dejó de serlo. Pues bien, a pesar de este sombrío diagnóstico, una vez más Jiménez de Parga ha lanzado una alerta positiva. En tiempos pasados solía utilizar la desalentadora frase de Ortega: “Lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa”. La semana pasada, en la Academia, se aprovechó de Ortega para darle la vuelta: “Afortunadamente, sabemos lo que nos pasa”.
¿Qué es lo que nos pasa? Según Jiménez de Parga, el sistema político democrático –es decir, las instituciones políticas que lo conforman– adolece de ciertos vicios que pervierten la función para la cual fue creado. Las consecuencias son visibles, en primer lugar, una crisis económica más acentuada que en otros países de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque nuestra situación no sólo es debida a causas económicas de naturaleza privada sino también al mal funcionamiento de las instituciones políticas y administrativas. Ciertamente, esta denuncia no es hoy nueva ni original, aunque quizás lo hubiera sido hace algunos años, antes de la crisis. Pero Jiménez de Parga no se detiene en eso y va más allá, trata de ver la razón por la cual hemos llegado a una situación tan crítica.
¿Por qué no se controlaron a tiempo los males económicos protagonizados por los particulares, cuya responsabilidad en la crisis a veces se trata de ocultar? ¿Por qué se propició el despilfarro en el gasto público mediante la inflación de organismos, entidades, empresas y medios de comunicación públicos, inversiones desmesuradas en obras públicas superfluas, duplicación de funciones entre la Administración central y las autonómicas, excesivo número de municipios o el mantenimiento de las diputaciones? Estas preguntas se resumen en una: ¿por qué fallaron las instituciones de dirección, gestión y control? La crisis económica no se incubó en el vacío, sino que fue alentada y tolerada por el sistema político. ¿Por qué?
Las instituciones políticas no son un fin en sí mismas, sino un simple medio: pagamos impuestos para sufragarlas con la única finalidad de que disfrutemos de libertad e igualdad en las condiciones del mayor bienestar económico posible. Si alguno de estos valores que se han de proteger entra en crisis, la culpa puede atribuirse a las personas –bien privadas, bien titulares de un cargo público–, pero también a la configuración de las instituciones políticas, sean de gobierno o de control. Recientemente han publicado un polémico estudio sobre esta materia, que conviene leer, los economistas Acemoglu y Robinson ( ¿Por qué fracasan los países? Deusto, Barcelona, 2012). Pues bien, en mayor o menor medida, en España las instituciones han fallado y hay que buscar las causas. Jiménez de Parga encuentra la principal razón que ha propiciado este fallo: el mal funcionamiento de los partidos políticos derivado de una perversa ley electoral.
En efecto, la actual ley electoral, en aquello que aquí interesa, y que no ha variado desde 1977, establece que los partidos deben presentar unas listas de candidatos en las que el elector no puede variar su composición, ni alterar el orden de dichos candidatos. Ello da un enorme poder a quienes confeccionan dichas listas, es decir, a la dirección de los partidos. Para figurar en ellas hay que contar con la confianza de la dirección y ello comporta que se valore más la fidelidad que la competencia, la callada obediencia que la valía profesional. Con ello se configuran, según Jiménez de Parga, partidos de empleados y no de ciudadanos.
Así, se fomenta una clase política devaluada, en la que los mejor preparados difícilmente son incluidos en dichas listas de candidatos porque los sumisos son preferibles. A partir de ahí, todos los demás nombramientos para cargos públicos, aun los de menor importancia, siguen esta misma lógica. No se trata, pues, de que en España no existan potencialmente buenos políticos, sino de que el sistema institucional impide seleccionarlos. Toda reforma política, pues, debe comenzar por cambiar este aspecto de la ley electoral, es el punto clave, a este deben seguir otros muchos, pero este debe ser el primero.
¿Por qué es tan difícil iniciar este cambio? Porque quienes deben dar el primer paso, las direcciones de los actuales partidos, salen personalmente perjudicados. Difícilmente querrán suicidarse. Por tanto, sin una presión fuerte de la opinión pública o un gesto de responsabilidad y grandeza moral de los actuales dirigentes, el motor de arranque no se pondrá en marcha.
En todo caso, sabemos lo que nos pasa y si nos ponemos manos a la obra podemos superar el desánimo.
Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.