Para muchos compañeros de partido las declaraciones vertidas en la red social Twitter por el diputado de UPyD Toni Cantó sobre las denuncias falsas por violencia machista han sido aflictivas, casi igual de dolorosas que han acabado en él mismo. Resulta casi natural el revuelo provocado por sus afirmaciones sobre abundancia de falsas denuncias por violencia de género, junto al ocultamiento de la elevada cifra de hombres víctimas de esa violencia y el negocio estatal a cuenta de subvenciones por cada denuncia, que han llevado a este diputado de UPyD a reiterar que se equivocó por utilizar datos falsos.
El desatino, no obstante, está acompañado de una verdad respecto a la propia ley contra la violencia de género, y es que resulta consecuente que esté pensada contra los hombres. Y más directamente contra unos hombres concretos: contra aquellos que en pleno siglo XXI maltratan a sus parejas porque las consideran de su propiedad. Una retahíla de hombres, por cierto, moldeados por un segmento social que hasta hace muy poco asimilaba a la mujer con una cabalgadura o jaca de su marido, a la que éste podía acariciar o patear a su antojo.
También es verdad que hay mujeres que abusan de la ley y presentan denuncias falsas. Pruebas hay de la existencia de ellas, y la justicia debe actuar contra las mismas (ya que es algo tan obvio como condenable, al igual que es innegable decir que defender a la mujer no implica atacar al hombre). Pero convertir la anécdota en categoría (sólo un 9% de las denuncias presentadas son falsas) tiene visos de quebrantamiento cuando las cifras de muertes de mujeres a manos de sus ex parejas siguen siendo escalofriantes. La aludida ley, por tanto, es preventiva a todos los efectos, buscando dar cobertura a quienes deciden vencer el miedo y denunciar a sus parejas. Sin olvidar en ningún momento que muchas de ellas están bajo tierra por hacerlo y otras siguen calladas y despavoridas.
El periodista Fernando García Romanillos ha puesto el dedo en la llaga, sin embargo, en un aspecto esencial de este debate tan actual. En concreto, en la dificultad de Cantó en el instante de manejar información contrastada y debidamente interpretada sobre la violencia machista y, en general, en la pareja:
Las estadísticas que publica la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y las del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, recogen exclusivamente información sobre mujeres víctimas mortales de su pareja o ex pareja.
El primero de esos organismos, dependiente de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, aclara que sus cifras "se refieren a mujeres muertas a manos de su pareja o ex pareja, en los términos del artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género".
Esa ley, primera del gobierno Zapatero, introdujo la novedad de tipificar la violencia de origen machista ejercida contra la mujer, sin contemplar la denominada violencia doméstica, la que ocurre entre cónyuges, convivientes o cualquier miembro del núcleo de convivencia familiar.
Eso ha dado lugar a una cierta confusión terminológica en este terreno, pero no exactamente a que se oculte un gran aumento hombres víctimas de violencia en el seno de su pareja.
A ese respecto los datos oficiales que existen proceden del Consejo General del Poder Judicial, que en su Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y de la violencia doméstica en el ámbito de la pareja o ex pareja en 2011 recoge en el cap. 4 que en ese año hubo 7 hombres muertos, cinco a manos de mujeres y dos a manos de varones. Los crímenes fueron cometidos con arma blanca y en menor medida por envenenamiento.
Toni Cantó fue reprobado el jueves pasado, no sólo en la Comisión de Igualdad del Congreso, sino también en la de Interior. Ha reconocido su culpa varias veces y ha pedido disculpas, pero es inútil. Parece que sus compañeros quieren tenerle ahí, atornillado a unos tuits, como dijo Santiago González, tras ajustar las denominaciones más ponderadas y huir de las cajas destempladas que acompañaron al diputado valenciano en días precedentes.
Este último periodista asienta otra vela suelta, que, en defensa de Cantó, se mueve desde el indicado Informe del CGPJ, donde ha visto la única desagregación de las denuncias a los efectos que aquí nos interesan: el de las denunciantes que renuncian a lo largo del proceso, que el informe cifra en el 11,54% del total de las denuncias para el año 2011 y el 12,56% para el primer semestre de 2012. "Puede que el feminismo oficial piense que ese porcentaje es de víctimas obligadas a renunciar por amenazas de su agresor, pero no parece que en un asunto ya en trámite judicial el machismo agresor pueda atreverse a tanto. Ha de haber denuncias falsas", afirma Santiago González, indicando simultáneamente la necesidad de completar los datos del comentado informe.
Luego la propia realidad política, en la que se hallan los ejemplos de González –que atacan a personajes del mismo PSOE, afectados por incidentes de transgresión violenta, como la del presidente socialista vasco, Jesús Eguiguren, condenado en dos instancias judiciales por pegar a su mujer-, demanda que antes de ensañarse con Cantó vengan nuestros representantes políticos a fijar los parámetros convenientes para "evaluarse los resultados de la Ley contra la Violencia de Género y abrir un debate sobre la misma y sobre los informes del CGPJ", según concluye el señalado periodista.
Después de que su partido haya estimado la confianza en Toni Cantó para continuar como portavoz en esta materia, el diputado se ha manifestado "orgulloso" una vez que la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso mostraran su "absoluto rechazo" a las declaraciones e incluso algunos de ellos, como PSOE, Izquierda Plural y el BNG, hayan pedido que abandone su cargo como portavoz en la Comisión de Igualdad.
Más frenética e intemperante es la decisión de las representantes de más de cuarenta asociaciones de mujeres que entregaron ayer, viernes, al mediodía en el Congreso de los Diputados una petición exigiendo la dimisión inmediata del diputado de UPyD Toni Cantó. Los firmantes del escrito exigen a la presidenta de UPyD, Rosa Díez, "la retirada inmediata del acta de diputado a Antonio Cantó debido a sus opiniones infundadas y falsas" sobre las víctimas de violencia de género, porque aseguró que la mayoría de las denuncias por este tema no eran ciertas, una afirmación por la que ya tuvo que pedir disculpas, como hemos visto.
Esas asociaciones están en el derecho de expresar así su opinión, otra cuestión es que la objetividad y el buen discernimiento les avale. El sentido democrático común viene expresando su negativa a apoyar en esta ocasión a esas agrupaciones. Así lo revela por ejemplo la encuesta de LA RAZÓN.es, que a las 21:30 horas del 28 de febrero de 2013 contesta de la manera siguiente:
-
-
Sí
32.7%
-
No
67.3%
-
Es evidente que la mayoría cree que Cantó no debe dimitir. Y ésta es una declaración de periodismo ciudadano, que encierra una opinión tan respetable como la de las
asociaciones indicadas.
El diputado de UPyD por Valencia Toni Cantó LUIS DIAZ
«Los medios digitales, en manos de miles de millones de personas, están cambiando las instituciones y la práctica profesional del periodismo y, por tanto, también la propia naturaleza de la democracia» [Howard Rheingold]. Desde esta afirmación, hay que admitir que la credibilidad se construye día a día, y los internautas, en general, han demostrado ser un público formado, educado y con un gran sentido crítico y una mayor exigencia. Esto significa que el periodismo ciudadano contribuye a crear una mayor diversidad de criterios y opiniones. Ayuda a generar mayor transparencia en los medios y los gobiernos. Se convierte en un quinto poder, en un nuevo vigilante de los poderes políticos. Por esto con esa fórmula de sondeo la democratización y el abaratamiento de las tecnologías han convertido el periodismo ciudadano en una herramienta importante para luchar por la defensa de los derechos humanos. Y el "Caso Cantó" podría incluirse en esta última vicisitud, siendo claro que en ningún instante nuestro diputado ha tenido intención de violar ninguno de esos derechos, antes al contrario, como aciertan a señalar los participantes en la encuesta citada.
Actualmente se entiende por representación el acto mediante el cual un representante – gobernante o legislador- actúa en nombre de un representado para la satisfacción, al menos en teoría, de los intereses de éste. Los actos del representante obligan al representado, pero éste tiene la posibilidad de controlar y exigir responsabilidades al gobernante a través de mecanismos electorales institucionalizados. La representación política está emparentada con la idea de control y de responsabilidad del representante. El representante lo es porque se somete a la fiscalización de sus representados. El elegido debe actuar con responsabilidad respecto de las exigencias de la ciudadanía que lo sostiene, debiendo lograr que se cumplan las exigencias normativas de esa sociedad, de manera que si no son satisfechas le será retirada la confianza. En nuestros sistemas políticos esa retirada de confianza sólo es posible, de no mediar delito, en las siguientes elecciones, lo que no deja de afectar a la idea de que el pueblo, merced a su carácter soberano, es el que siempre decide en democracia.
Después de lo dicho, si volvemos a la argumentación del profesor Juan Carlos Monedero, el fondo y la forma nos fuerza a negar la dimisión del diputado Toni Cantó. Principalmente porque la representación política es una de las formas de solución del problema del orden social desarrolladas desde el subsistema político. Detrás de la organización de la sociedad suele haber individuos o grupos que se benefician más que otros de vivir en comunidad. Hay una relación directa entre el poder económico, el poder político y el poder real en la sociedad. "El ejercicio desnudo del poder, como se ha apuntado, no crea sino sociedades lábiles siempre amenazadas por la potencial inestabilidad (la generada por el conflicto social generado por grupos que exigen para sí la participación actualizada en los beneficios sociales)", siendo esta afirmación de Monedero la que rechaza la petición de las asociaciones feministas. Claro que todo poder puede intentar construir las posibilidades de algún consentimiento que vaya más allá de la amenaza de la coacción física. Y la minoría más beneficiada precisa de una estrategia "consistente" cuyo fin sea conseguir que sus intereses aparezcan a ojos de la mayoría como propios y, de ahí, defendibles por el grueso de la población (Lechner, 1981). La encuesta de LA RAZÓN.es, en cambio, niega consistencia a la petición de esos grupos.
Juan Andrés Buedo