"Deudas y mentiras andan, de ordinario, barajadas juntas" (F. Rabelais-Pantagruel)
Es obvio que, en este país, aparte de que se ha demostrado que es preciso "desasnar" a muchos de nuestros maestros, hijos de la LOGSE, según se desprende de unas oposiciones celebradas en Madrid, un tema del que hablaremos en otra ocasión; lo que sí es cierto es que, muchos de nuestros conciudadanos tienen una clara propensión a dejarse llevar por impulsos sentimentales, por arrebatos altruistas y por lo que los medios de comunicación, de la clase que fueren, intentan imbuir en las mentes, cuando es la hora de formar opiniones o analizar situaciones, sin tomarse la molestia de pensar por su cuenta y exprimir sus meninges para forjarse una idea propia respecto al tema de que se trate, sin dejarse influir por prisas, presiones ambientales o por arrebatos del momento. En ocasiones, los excesivamente inocentes y poco críticos con la información que reciben desde fuentes externas, se dejan influir por quienes sólo intentan conseguir adictos favorables a los intereses de aquellos sectores ideológicos de los que dependen y a los que rinden pleitesía. Y aquí vendría bien aplicar aquel aforismo de que "no es oro todo lo que reluce" o aquel otro que habla de que "las apariencias a veces engañan", ambos adecuados para el caso que nos ocupa. La miopía intelectual, en muchas ocasiones, es la gran causante de algunas catástrofes para aquellas naciones que no saben vacunarse contra este tipo de males.
Nadie, en su cabal juicio, puede poner en duda que los bancos han cometido muchos abusos; que se han valido de la ignorancia de muchos de sus clientes para aplicar sus reglas, que han cometido arbitrariedades en la práctica indiscriminada de recargos arbitrarios y que han sido, en muchas ocasiones, opacos a la hora de ilustrar a quienes han suscrito con ellos hipotecas o préstamos, debidos a la codicia de aquellos que saben que su porvenir depende del número de operaciones que consigan cerrar satisfactoriamente, aunque ello sea a costa de esconder las cláusulas leoninas disimuladas entre el farragoso texto de un contrato de hipoteca o préstamo bancario. Pero, aún siendo cierto que tales prácticas han existido; con toda seguridad que, si no se hubiera producido la crisis inmobiliaria, si el número hipotecas afectadas por ella, en España, no rozara las 400.000 y si no se hubieran producido, en cadena, una serie numerosa de desahucios, algunos de los cuales con un componente dramático añadido que, hábilmente manipulado por las izquierdas –siempre dispuestas a apuntarse un tanto contra la derecha – y los agitadores de masas, que los han magnificado, los han elevado de anécdota a costumbre generalizada, seguramente no se hubiera producido ninguna alarma social y las cosas seguirían como siempre.
No ha hecho falta nada más que, el Tribunal Europeo, haya terciado en el tema, declarando que el sistema hipotecario español adolece de graves deficiencias, que permiten a las entidades bancarias incluir cláusulas draconianas en los contratos de hipoteca; para que se haya levantado una gran polvareda que, como suele ocurrir, ha magnificado los efectos de la norma europea, ha disparado la imaginación de las masas y les ha dado alas a aquellos agitadores, que siempre se sienten a gusto pescando en las aguas revueltas de la política, para dar por extinguidos los deberes de los hipotecantes como si, en España, hubiera entrado el anarquismo más "bakuniano". Cuando el propio Gobierno dice que "la resolución del TE está siendo analizada para tomar nota de aquellas irregularidades que se deben subsanar", ya los hay que piensan que los derechos que les asisten a los hipotecarios han desaparecido y, en consecuencia, todos aquellos que hayan firmado una hipoteca están autorizados a ponerse por montera los compromisos que adquirieron al firmar el contrato. Nada de esto pretende la norma europea, que se limita a facultar a los jueces para que puedan detener los desahucios cuando se sospeche que existen cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios, que signifiquen un abuso en perjuicio de quienes de buena fe suscribieron el contrato.
Aparte de estos aspectos de tipo legal, existen otros elementos de orden práctico que deberán tenerse en cuenta para el futuro de esta modalidad de derecho real. Si tenemos varios centenares de miles de hipotecas en vigor y se pone de moda, como es muy posible que suceda, el recurrir ante los jueces para que determinen si las hipotecas suscritas adolecen de alguna de estas cláusulas abusivas, ¿Qué va a ocurrir con la Administración de Justicia?, ¿están preparados los jueces españoles, saturados de trabajo, con expedientes que duermen el sueño de los justos, esperando ser sustanciados, en las estanterías de sus juzgados; para asumir la previsible avalancha de trabajo que se les vendrá encima?. Sin duda, el atasco en los juzgados puede llegar a ser monumental. Por otra parte, la absoluta discrecionalidad que se les da a los jueces, en cuanto a la interpretación de lo que son cláusulas abusivas respecto a aquellas otras que no lo son, a pesar de que tengan sólo la apariencia de serlo, puede retrasar meses, sino, años la ejecución de un desahucio; con los consecuentes perjuicios económicos previsibles para quienes han pedido la ejecución.
Si el señor Rajoy, muy prudentemente, se ha opuesto a la "dación en pago", como medio de librarse del crédito hipotecario, no porque no sea justo ( estoy convencido de que lo es), sino porque nuestra Ley Hipotecaria no lo contempla y son muchos cientos de miles de hipotecas las que se han concertado de acuerdo con esta vetusta ley, que quedarían en una situación de inseguridad jurídica y vacío legal, en tanto se dilucidaran las consecuencias económicas para las partes interesadas por dicho cambio. Es muy fácil, desde la despreocupación o la alegación de que, los firmantes, desconocían lo que firmaban; hacer leña de todos aquellos que han asegurado una deuda por medio de la hipoteca de un inmueble. No creo que sean tantos los que, cuando firman una hipoteca, no hayan sido debidamente informados, por el propio notario, de los compromisos que asumen. Tampoco olvidemos a todos aquellos compradores de viviendas que lo hacen sin tener los medios económicos para hacer frente a los pagos que comporta su hipoteca (han sido multitud los que, para no ser menos que sus conocidos, se han embarcado en compra de pisos fuera del alcance de sus posibilidades económicas).
En España, a diferencia a lo que ocurre en la mayoría de países de la UE, los contratos de alquiler no guardan la debida proporción con las adquisiciones de viviendas en propiedad. Es evidente que, desde que entró la crisis, las ventas de viviendas han caído verticalmente y que los bienes inmuebles han sufrido desvalorizaciones de hasta el 50%; pero los años anteriores hubo una verdadera fiebre de invertir en ladrillo y ello, sin duda, ha tenido una gran repercusión en todos aquellos que, confiados en que la tendencia continuaría siendo positiva, se lanzaron a aventuras que, ahora, a la vista de lo ocurrido, han resultado ser ruinosas.
Y una última observación. No se puede legislar sólo pensando en el momento actual en el que España está hecha unos zorros. El acogotar a las entidades bancarias, cuando acaban de salir escaldadas de una grave crisis, gracias a las ayudas del BCE, limitándoles sus posibilidades de rehacerse de los impagados generados por los morosos, puede resultar muy social, muy bien venido para quienes se encuentran en el aprieto pero, no nos engañemos, a partir de ahora el conseguir una hipoteca se puede convertir en algo tan difícil como que a uno le toque el Gordo de la lotería. O así es, señores, como desde mi punto de vista de ciudadano de a pie, contemplo esta cuestión.
Miguel Massanet Bosch