El pasado 5 de febrero, la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, daba una rueda de prensa en la que anunciaba que nuestra comunidad autónoma había cumplido el objetivo de déficit fijado para 2012 al cerrar el ejercicio con una desviación del 1,48% del PIB. (Pinche aquí para ver el vídeo)
Sin embargo, las cifras aportadas el último día de ese mes por el titular de Hacienda del Gobierno central no dicen lo mismo. Castilla-La Mancha cerraba 2012 con un déficit del 1,53% del Producto Interior Bruto (PIB), según los datos hechos públicos por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. El objetivo fijado para ese ejercicio en las comunidades autónomas era del 1,5%.
Según indicó el ministro, la mayoría de las CCAA -once en total- cumplieron el año pasado el déficit del 1,5 por ciento previsto con Extremadura a la cabeza (0,69) y la Comunidad Valenciana a la cola (3,45). La media de todas ellas sin embargo se encuentra por encima del objetivo, en el 1,73 por ciento; siendo las autonomías que se han quedado por encima del déficit máximo autorizado las siguientes: Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía, Islas Baleares y Murcia.
Son unas cifras que delatan como, a pesar de los recortes, el Gobierno regional castellano-manchego no ha cumplido con el déficit que le había marcado el Gobierno de España en el pasado ejercicio. Algo que Cospedal pretendió vender como un hito histórico se comprueba que no es así, a pesar del desengaño y el abatimiento con los que ha doblegado a los ciudadanos de Castilla-La Mancha en el ejercicio 2012 y los ha avasallado desmantelando los servicios públicos de la Comunidad autónoma.
El domingo 3 de marzo de 2013, la Iglesia, a través de su propia organización y estructura, porque Cáritas está integrada en la estructura de la Iglesia, denunciaba que sólo en Ciudad Real la Junta de Cospedal le debe un millón de euros. El redactor jefe de El Crisol de Ciudad Real tituló: "Cáritas pide ayuda urgente a la iglesia para mantener sus centros de acogida". Ese mismo diario disentía el 8 de marzo: "Cáritas pedía dinero a los feligreses porque la Junta no le paga; ni le ha pagado 2012, ni le pagará 2013, porque ha suprimido las ayudas para el mantenimiento de los centros de acogida. Así las cosas, la Iglesia, en papel oficial de Cáritas y en todas las misas del domingo pasado, se alzó contra la destrucción de la atención a los más necesitados y pidió a sus feligreses que arrimasen el hombro, ya que al Gobierno regional no le da la gana". Y así es como remarcó El Crisol,al describir "El Método Cospedal para reducir el déficit público", que ese es el Plan de garantía de los servicios sociales básicos: parece ser que sólo son básicos los servicios sociales que generen dinero para las empresas privadas, como por ejemplo las residencias de mayores (1.450 euros al mes de media, IVA incluido por cada residente).
Con casi dos años gobernando no puede el equipo de Cospedal encerrarse en el atasco y la herencia recibida, porque les delata su incapacidad de gestión. Así lo puso en evidencia el Consejero de Economía de la Junta, Sr. Romaní, al afirmar que los Ayuntamientos de la Región, a los que están consiguiendo asfixiar, cobrarán lo que la Administración Regional les debe cuando solucionen "el atasco de tesorería heredado". Muy finamente el Cosejero les dijo a los periodistas el pasado 8 de marzo que pagar "es una cuestión difícil", cosa que ya sabemos todos, sobro todo cuando a pesar de nuestra conciencia no tenemos para pagar.
La traducción de todo esto, según subraya El Crisol, es que la gestión del Gobierno de Cospedal consiste en dejar de pagar lo que se debe y endeudar más a Castilla-La Mancha para ir tirando, mientras achaca su incapacidad a la herencia recibida. Parafraseando a Gabilondo (Entrada en su videoblog del 27 de febrero titulada "Ya está bien" http://blogs.elpais.com/la-voz-de-inaki/page/2/), "No somos tontos. […] …que alguien [del PP] haga el favor de hacer públicas explicaciones verosímiles que no nos ofendan. Por favor, que digan a María Dolores de Cospedal que se retire al Cigarral de Toledo y que no moleste y que salga una persona mayor a contar lo que tenga que contar".
El escenario relatado deriva en la indagación del déficit de las Administraciones públicas conforme al esclarecimiento de Carmen Alcaide, analista y expresidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE). En su opinión, las políticas de información utilizadas se equivocan porque la poca claridad en la comunicación tiene sus efectos perversos y provoca errores de interpretación y, como poco, la incredulidad de los ciudadanos. Lo primero que hay que aclarar es cómo se mide el déficit de las Administraciones públicas una vez que se dispone de la información completa del año, y después, cómo se convalidan y se juzgan las cifras aportadas a la Unión Europea.
En laverdad.es encontramos el 16 de marzo la puntualización más implacable contra el método Cospedal y sus argumentos. En efecto, la deuda pública de Castilla-La Mancha aumentó hasta los 10.190 millones de euros en 2012, de acuerdo con los datos publicados el día anterior por el Banco de España. Se trata de la segunda comunidad autónoma con mayor endeudamiento en relación a su PIB (un 27,8%), sólo superada por la Comunidad Valenciana (29,3 %). El dato publicado incluye las cantidades prestadas por el fondo de pago a proveedores y por el fondo de liquidez autonómica (FLA).
Esa deuda es tremenda y han servido de muy poco los esfuerzos exigidos a los ciudadanos. Estos, por tanto, ante la ineficacia política del método de Cospedal,se hallan conferidos del derecho de exigir un mejor cumplimiento de la función de las administraciones públicas, que, en las sociedades capitalistas avanzadas desarrollan un doble cometido: de socialización, a través del establecimientos de unos procedimientos democráticos que permiten el desarrollo y la consolidación de unos órganos participativos en la toma y ejecución de las decisiones que afectan a la ciudadanía; y, por otra parte, de desprivatización del poder en la manera en que la autoridad y el estado se ponen al servicio del ciudadano elector.
El paso de un sistema político centralizado y autoritario a un modelo sociopolítico descentralizado y participativo ha supuesto la transformación de las estructuras organizativas del poder. La Administración Pública se ha tenido que ir adaptando al contexto y exigencias de los estados democráticos y de las sociedades del bienestar. En los primeros estadios del capitalismo, su estructura y funcionamiento respondía, —salvando las distancias— al modelo weberiano. Su actividad consistía en el cumplimiento de una reglamentación jurídica que contemplaba los hechos y situaciones que habitualmente se producían en la sociedad, —las cuales afectaban a las relaciones económicas y sociales de los ciudadanos—, y requerían la intervención del estado. Este procedimiento, válido en un modelo productivo basado en una producción en masa y con un bajo nivel de mecanización y tecnología, resulta insuficiente hoy, ya que la intervención del estado en la sociedad civil afecta a múltiples ámbitos de la vida de los ciudadanos y la complejidad de la vida moderna exige respuestas eficaces y rápidas, por parte del poder, para la solución o prevención de una diversidad de problemas políticos, económicos y sociales. El estado ha pasado de garantizar y proteger unos derechos y exigir unas obligaciones individuales, a gestionar unos servicios y bienes públicos, que requieren enormes previsiones presupuestarias y grandes recursos humanos. La gestión exige necesariamente eficacia y eficiencia tanto en el procedimiento como en las resoluciones, y ninguno de estos dos despliegues ha sabido encararlos adecuadamente en Castilla-La Mancha el gobierno de Cospedal, desviado en recortes mal asentados y mutaciones inservibles.
Juan Andrés Buedo